'Modelo Alzira', ¿dónde está el debate?

VALENCIA. Poco después de ponerse en marcha el Hospital de La Ribera, acudí allí a entrevistar a Alberto de Rosa. El entonces gerente y hoy consejero delegado de Ribera Salud tenía ya entonces (1999) muy elaborado su discurso y me cantó con tal convicción las excelencias del recién inaugurado modelo Alzira, que le tuve que advertir de que en su hospital también se iba a morir gente. Aprovechando que no me acompañó hasta la salida, me aposté en la puerta del centro e hice una pequeña encuesta a pacientes que entraban y salían. Diez o doce, sin ningún valor estadístico. No encontré a nadie que me hablase mal de las flamantes instalaciones hospitalarias ni del servicio recibido, y a la pregunta sobre la gestión, muy pocos respondieron que preferirían que fuera pública. Al resto le daba lo mismo. La mitad de ellos ni sabía que era de gestión privada, a pesar del revuelo mediático y las manifestaciones de protesta en la comarca contra "la privatización de la sanidad pública" que no salieron en Canal 9.

Desde entonces me ha interesado la gestión privada de la Sanidad pública, que he seguido de cerca sin posicionarme a favor ni en contra del experimento valenciano –sospechoso por venir de Zaplana–, reclamando siempre transparencia y un análisis por parte un organismo serio e independiente como puede ser la Sindicatura de Comptes.

Este seguimiento me permitió, y lo digo con orgullo, dar la exclusiva del arreglito que el Consell de Camps le hizo a la concesionaria entonces controlada por Adeslas porque no le salían los números. O, recientemente, la primicia de la investigación sobre Ribera Salud por el presunto cobro de comisiones en la selección de prótesis. Escándalos que no tienen que ver con el modelo, sino con las personas. La sanidad pública no es blanca e inmaculada, no está libre de médicos chocolateros, farmacéuticos comisionistas o jefes de servicio nepotistas, y los cinco exconsellers de Sanidad imputados en distintas causas –uno de ellos en la cárcel– dirigían la sanidad pública, no la privada.

El informe de la Sindicatura

Pues bien, ya tenemos resultados casi oficiales del modelo Alzira. La auditoría operativa del Hospital de Manises encargada por Carmen Montón para reforzar su decisión de acabar con la concesiones ha resultado decepcionante para aquellos que tienen las cosas tan claras que solo buscan argumentos para reforzarlas.

El mismo día que Valencia Plaza desvelaba el borrador del informe del Síndic sobre el Hospital de Manises, el diputado socialista experto en Sanidad Ignacio Subías tenía la mala suerte de afirmar en El Mundo que el modelo Alzira no es más eficaz ni más eficiente ni de mejor calidad, y que nunca se ha evaluado. Y resulta que sí se ha evaluado –en el hospital que la consellera dijo–, con el resultado de que es más eficaz, más eficiente y, según la encuesta de satisfacción de la propia Conselleria de Sanidad, de mejor calidad.

Ante ello, Mónica Oltra demostró que lo tiene más claro que nadie: Lo de acabar con las concesiones sanitarias es "una decisión política", independientemente de lo que digan las auditorías.

No admiro ni envidio a quienes tienen las cosas claras. Cambiar de opinión es muy sano y dudar puede ser tan placentero como buscar la verdad. Oltra, como Montón, en cierto modo han cambiado de opinión. Antes tenían argumentos para acabar con las concesiones, ahora es una decisión política. Conocido el borrador del informe, Montón ya dijo la víspera de hacerse público que "el debate no está ahí". ¿Dónde está, pues, el debate?

El debate no es si queremos una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad. La queremos y la tenemos. En Manises y en el resto de hospitales del modelo Alzira la sanidad es pública, gratuita, universal y de calidad.

En Dénia, al parecer, no es de tanta calidad, aunque en la encuesta de la Conselleria no salga tan mal parada. Pero visto el informe de la Sindicatura, lo raro es que las áreas de salud de gestión privada funcionen tan bien, pues la falta de control por parte de la Conselleria ha sido escandalosa, al menos hasta diciembre de 2015. Casi tan escandalosa como la de las resonancias magnéticas, donde Vicente Saus sí aprovechó la ocasión para esquilmar a la Generalitat.

El control es la clave. Ceder a una empresa la prestación de un servicio público es más habitual de lo que muchos piensan. La propia Mónica Oltra delega en empresas privadas la atención a ancianos que están solos o la atención a menores y discapacitados que están bajo tutela de la Generalitat. Esto es más delicado que la atención sanitaria, porque estas personas a veces no tienen a nadie que proteste si no les dan la atención que merecen en la residencia. ¿Por qué eso sí y la gestión de un hospital no? Pues, como dice Oltra, es una decisión política. Lo que es exigible, sea cual sea la decisión, es que haya un control, y hasta ahora no lo ha habido.

Por lo demás, el secreto del éxito de las concesionarias es muy fácil de explicar: Tienen menos empleados, que trabajan más y ganan de media un 12% menos. Son médicos, enfermeros, auxiliares… igual de profesionales pero que trabajan en el sector privado, lo que a más de uno le parecerá un sacrilegio. Así que el debate, si Montón no quiere que se centre en los resultados, lo podemos centrar ahí, en si quienes nos atienden cuando vamos al médico deben ser personal estatutario o pueden ser empleados de una empresa privada.

Pero todo es sanidad pública. La privada es otra. Es, por ejemplo, la que disfrutan millones de funcionarios que prefieren el seguro médico privado que les ofrece la Administración antes que los servicios públicos que utilizamos la mayoría de los españoles. Los motivos podrían explicarlos algunos sindicatos que defienden este privilegio y a la vez critican el modelo Alzira.

Prefiero la sanidad pública, aunque sea de gestión privada, y no me parece mal que se revierta el servicio cuando acaben las concesiones. Al fin y al cabo, es lo que pone en el contrato, la prórroga no es obligatoria. Nos saldrá un poco más caro el servicio y la calidad será más o menos la misma. O eso espero, porque ese es el verdadero reto para Montón, que en el año largo que pasará desde la reversión del Hospital de Alzira hasta las elecciones autonómicas de 2019 la población de La Ribera no perciba que la asistencia sanitaria ha empeorado.

Otro reto para la consellera es explicar la reversión. Debe elaborar un discurso –con ayuda de su director de Gestión Sanitaria– más allá del ruido y la propaganda. "Es una decisión política" no es una mala explicación, a falta de otros argumentos.