VALÈNCIA. (EP). La defensa de José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), ha aludido a una "sinrazón incriminatoria" contra él, a "incoherencias, faltas a la verdad, falacias y mentiras" de las acusaciones del caso Emarsa y ha solicitado su absolución por considerarle inocente. "Está fuera del fraude", ha apostillado. Así mismo, ha acusado a Ignacio Bernácer, exjefe de Explotaciones de Epsar, de ponerle de "cabeza de turco" para "tapar sus miserias".
El letrado de Morenilla se ha pronunciado así durante la exposición de su informe de conclusiones en el juicio por la pieza principal del caso Emarsa, que ha investigado un fraude de 23,6 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (València) y que sienta en el banquillo de los acusados a 24 personas. Previamente a Morenilla han intervenido los abogados de Ignacio Bernácer y Adolfo Polo -exjefe del área medioambiental de Emarsa--.
"Ausencia de prueba alguna", ha repetido el abogado de Morenilla -que se enfrenta a 10 años de prisión-- durante la exposición de su informe, y ha agregado: "No alcanzamos la sinrazón incriminatoria hacia él porque las pruebas se han venido construyendo de forma artificiosa", ha subrayado.
A juicio de este letrado, las acusaciones contra Morenilla "se basan en conjeturas" y ha lamentado las "presiones" que ha tenido que soportar Bernácer --quien le incriminó directamente a Morenilla en el fraude en el juicio-- para poder firmar un acuerdo de conformidad con las acusaciones. "La única conclusión de su conformidad es que, dada la ausencia incriminatoria que se tenía contra Morenilla, se ha construido una versión para incriminarle".
A este respecto, ha mantenido que Bernácer incorporó a Morenilla en el fraude para lograr una reducción de su pena --se le reclamaban 14 años de cárcel inicialmente-- y por la situación judicial de su mujer, quien estaba acusada en otra pieza de Emarsa en la que se le pedían cuatro años de prisión y 770.000 euros de multa.
Al final, tras conformarse el exjefe de Explotaciones, ha conseguido reducir su pena y que su mujer "solo" fuera condenada al pago de 66.000 euros de multa y a trabajos en beneficio de la comunidad, ha dicho. "Ha puesto de cabeza de turco a Morenilla para tapar sus miserias", ha deducido.
El abogado, así mismo, se ha detenido a "desmontar" cada una de las acusaciones que hay contra su representado, y ha comenzado por las facturas abonadas por Emarsa y que no correspondían a trabajos reales o estaban hinchados: "Morenilla carecía de capacidad en Emarsa. No pertenecía a esta empresa. Y Morenilla no era necesario para dar fondos a Emarsa. Quien lo hizo fue la Emshi. Desde 2004 a 2010 la Emshi estuvo insuflando fondos a Emarsa sin ningún tipo de justificación, sin revisar lo que estaba pasando. Así, quien hizo dejación de funciones fue Emshi y no mi representado", ha insistido.
En esta línea, ha agregado: "De los 23,6 millones de euros en los que se ha estimado el presunto fraude, 22,8 millones, es decir, el 97% de los fondos provienen de la Emshi mediante la ampliación de capital, subvenciones por pérdidas o saldos de cuenta de liquidación, entre otros", ha manifestado.
Así mismo, esta defensa, quien se ha referido a "amenazas" por parte del socialista Ramón Marí hacia su cliente para que hablara de la supuesta financiación ilegal del PP de València antes de que se ampliara la querella contra él, ha negado que Morenilla hubiera tenido alguna tarjeta de crédito de las empresas del empresario Jorge Ignacio Roca desde las que pudiera haber extraído fondos públicos de Emarsa para apropiárselos.
"La fiscal hace alusión a 56 tarjetas bancarias y acusa a varias personas de hacer uso de 14. ¿Quién tiene las otras 42? La participación de Morenilla en el uso de las tarjetas es otra conjetura de las acusaciones que no se han podido probar", ha dicho. Al respecto, ha afirmado, respecto al plano que presentó la Generalitat -acusación particular-- sobre cajeros cerca del domicilio y el trabajo de Morenilla desde los que éste habría sacado dinero de Emarsa, que "no hay ni una sola prueba" de que éstas se utilizaran por su cliente. "Son elucubraciones", ha apostillado.
En cuanto a la afirmación del ministerio público de que Esteban Cuesta entregaba mensualmente dinero a Morenilla y a otros acusados, el abogado ha manifestado que el exgerente "nunca ha manifestado que diera dinero a Morenilla, ni dinero ni tarjetas ni bienes", ha dicho, para recordar que éste sí nombró a Bernácer para las entregas de efectivo.
Además, ha insistido, tal y como hizo su representado, en que las cajas de seguridad que éste contrató en entidades bancarias guardaban una patente suya "por seguridad", porque "debía estar muy protegida", y por la que, ha matizado, no ha cobrado dinero. "El vive en un huerto, en mitad de un campo y la guardó ahí", ha explicado.
Respecto a la afirmación de la fiscal de que Morenilla no usaba sus cuentas para el pago de gastos cotidianos como gasolina o alimentos, el letrado ha indicado que es "ridícula" esta afirmación, la tiempo que ha insistido en que la Agencia Tributaria "ha dado suficiente información sobre datos tanto de él como de su esposa, padres y hermanos, y en estos informes no existe la más mínima duda sobre su patrimonio", ha dicho. Sobre la gasolina, ha apostillado que el acusado tenía coche de la Epsar desde 2012 como retribución en especie.
También ha aludido a las "contradicciones" en los testigos y los "errores" de la Fiscalía al contar reuniones entre Morenilla y el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta: "No había reuniones constantes ni mensuales entre ellos como mantiene la fiscal erróneamente. De las 25 reuniones citadas por la fiscal, 13 no se ajustan a la realidad. Y en 2006 y 2007 solo consta una reunión", ha apostillado. Y ha negado que Morenilla ordenase a Bernácer que se aumentara la financiación a Emarsa para el tratamiento de lodos.
Por su parte, el letrado de Bernácer ha asumido para su representado la pena que le solicitan las acusaciones de tres años y medio de prisión tras confesar los hechos y asumir que desvió fondos públicos junto a Morenilla, Cuesta y el expresidente de Emarsa Enrique Crespo.
Así mismo, el abogado de Adolfo Polo reclama para su cliente un año y medio de prisión frente a los dos y medio que le pide la Fiscalía. Ha insistido en que su representado no se lucró a costa de Emarsa, tal y como demuestra su patrimonio y sus ingresos y gastos.
Ha puesto como ejemplos que únicamente le consta una furgoneta de 10 años de su propiedad, mientras que si se hubiera llevado dinero ilícito, ha dicho, "se habría comprado un coche de gama media o nuevo". Tampoco le constan visitas a restaurantes de lujo ni compras elevadas. "Su patrimonio y economía es incompatible con la percepción de cantidades ilícitas o irregulares. Lleva un hábito de vida de una familia absolutamente normal, coherente y homogénea con los ingresos que perciben", ha expuesto.