VALÈNCIA. Este miércoles 15 de abril se cumplen tres semanas desde que la justicia hizo público la sentencia que abría la puerta a la expulsión de los festivales de música del recinto de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa). Esto significa que se estará pasando la barrera de un tercio del margen que tienen administraciones y afectados para encontrar una solución, para que pase algo. Sin embargo, la situación no solo no va camino de encontrar una solución, sino que parece haberse enquistado. 

Empezando por el contexto, la sentencia es demoledora: el Ayuntamiento de València recibió durante años las quejas del vecindario por el ruido excesivo, que no había dejado de crecer porque Cacsa se convirtió, a falta de otro, en el espacio favorito de las promotoras para hacer sus grandes eventos. La justicia llega a apelar a la Constitución Española para cuantificar la magnitud de la molestia y sobre todo, señala al consistorio de no haber hecho ni siquiera mediciones desde los domicilios de los afectados.

En realidad, esta situación se alargó para no tomar parte en un conflicto muy complejo: por una lado, el Ayuntamiento quiere promocionar un sector económico popular y dinámico; por otra parte, no tiene un recinto para ello. Las molestias al vecindario iban a ser un problema temporal que se hizo eterno. Prueba de ello es la hemeroteca, en la que las propias promotoras de música advierten de la falta de espacios y de la problemática que planteaba Cacsa. La sentencia, por muy determinante que fuera, nunca fue una sorpresa.

Así que, por una parte, hay tres partes afectadas: el vecindario —claro—, los festivales, y el público que tiene adquirida una entrada para estos. En medio de ello, con capacidad de resolución real, el Ayuntamiento de València, y la Generalitat Valenciana en virtud de administrar la Ciutat de Les Arts i les Ciències.

Por ahora, ninguna de las dos ha movido ficha para dar solución alguna. La noticia por ahora es que las dos administraciones se han pronunciado para anunciar que acatarán la sentencia, aunque en este caso, eso sería el mínimo legal exigible.

Las promotoras, que anunciaron que hay en juego 80.000 abonos, no han frenado la venta de entradas porque, en su opinión, la sentencia sí da margen a que se celebren (no explican cómo). Pero, por otra parte, es evidente el nerviosismo de todo el sector, que ha pedido una reunión y soluciones a las administraciones.

El Ayuntamiento de València alegó, en un primer momento, “problemas de agenda”; y finalmente respondió a Europa Press que se mantienen en “todo lo que tenían que decir por escrito a través de una resolución que ha sido supervisada por los servicios jurídicos municipales”. Cabe recordar que el consistorio promocionó, hace apenas un año, la estrategia València Music City, que entre otros muchos objetivos, se erigió como un lugar en el que mediar en estas situaciones.

Ese “todo lo que tenían que decir” no es más que acatar la sentencia, que les obliga a hacer un control real y efectivo de los excesos de ruido, que por otra parte, la propia normativa municipal establece en niveles casi imposibles de cumplir, más allá de las medidas acústicas que los festivales puedan inventar para amortiguar su contaminación.

La pelota entonces pasó al recinto, a Cacsa, que es quien cobra el alquiler y gestiona el permiso. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, anunció unos “requisitos indispensables” para la celebración de los eventos en el recinto, lo que deja como noticia que no existieran hasta ahora. Otra vez, la Generalitat, que en tiempos de Carlos Mazón llegó a anunciar una fallida Dirección General de Industria Musical, se niega a hacerse cargo de la alternativa.

La sensación de dos fuentes del sector consultadas es de desamparo. La urgencia y la falta de margen de maniobra ha provocado una política de limpiarse las manos. Las alternativas a los recintos municipales son poco o nada viables. La solución podría estar en otros recintos, como el Recinto Ferial de Mislata, o el festivalódromo de Cullera donde se desarrollan otros macrofestivales como Medusa o Zevra. Pero eso conlleva un trabajo y una gestión que no depende únicamente de las promotoras de música.