VALÈNCIA. De nuevo, una decisión importante en la causa judicial de la Dana ha acabado recurrida ante la Audiencia Provincial de Valencia. La jueza encargada de la investigación rechazó a principios de mes la agrupación de las casi 40 acusaciones personadas en la 'macrocausa' como pedían los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. La solicitud, formulada en términos de economía procesal y para asegurar el equilibrio entre las defensas y las acusaciones, fue apoyada por la Fiscalía pero finalmente desestimada por la instructora. Ahora, tanto los dos investigados como el Ministerio Fiscal buscan amparo en la Audiencia Provincial.

Así pues, se abre un nuevo frente de cierta trascendencia para el desarrollo de la fase de instrucción. La magistrada no consideró que estén produciéndose dilaciones indebidas en el procedimiento, uno de los argumentos empleados por las defensas para solicitar la acumulación de acusaciones, y vio como "tarea imposible" aglutinar partes que ni siquiera ven indicios penales en los investigados con otras que sí los ven, además de cuestionar que "el gran número" de partes suponga "de manera automática una desventaja para las defensas".

El recurso de apelación presentado por la Fiscalía reitera su petición de que se acumulen las acusaciones populares en una única defensa o que, en su defecto, se nombre como representante a la primera que acudió -Podemos-. Así, "rechaza de plano" los argumentos de la jueza e insiste en que la gran cantida de acusaciones "han causado un notable retraso en la tramitación de la causa" debido a la gran cantidad de recursos contra las decisiones de la magistrada que han debido de ser respondidos y resueltos. "Tiempo y esfuerzo que la instructora no valora a la hora de determinar posibles retrasos en la administración de justicia", señala al respecto, para recordar que durante los interrogatorios se han hecho solicitudes reiterativas.

Tampoco entiende el Ministerio Fiscal el argumento de que no se puedan unir las acusaciones que no ven delito con las que sí: "La instructora debería apartar inmediatamente de la causa a las acusaciones populares que no formulan acusación" porque "como su nombre indica", las acusaciones "no son observadoras imparciales" y "deben acusar o ser expulsadas". En ese sentido, recalca que las posiciones "claramente contrarias de las acusaciones populares, de naturaleza política, en nada pueden ni deben condicionar su actuación procesal" y que el proceso penal "no es el lugar para que los partidos políticos y asociaciones expongan sus programas electorales o fines sociales", por lo que "su unificación ni es imposible ni es una anomalía procesal".

En el caso de Pradas, su recurso de apelación asegura que el auto de la jueza "se aparta de principios fundamentales como la eficacia procesal, la celeridad, la equidad y la igualdad de armas" y perpetúa "una situación de desequilibrio y potencial dilación". Así, aunque admite que la agrupación de acusaciones puede afectar al derecho de defensa, recuerda que la jurisprudencia la contempla como "legítima siempre y cuando resulte proporcionada". A su juicio, "no debe atenderse tanto a los intereses políticos y particulares" de cada una sino a "la agilidad procesal, buscando la eficiencia y operatividad de una causa que, por su magnitud, emplea sesiones y sesiones, que previsiblemente se van a extender durante meses".

En ese sentido, insiste en que, para las acusaciones populares, la jurisprudencia no les reconoce el "privilegio de actuar separadamente" porque su fin "es el mismo" aunque "representen ideologías o intereses distintos". Para las particulares, recuerda que, por mucho que tengan circunstancias concretas, "el interés final, común a todas ellas, es el esclarecimiento de las causas que llevaron a tal lamentable resultado". Por lo que reclama la acumulación en dos representantes para las primeras y tres para las segundas.

Esto, dice, "ayudaría decisivamente a erigir los principios de economía procesal y celeridad que deben inspirar el proceso penal". Además de recordar que ha tenido que presentar dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los letrados de Pradas apelan al principio de igualdad de armas, que no se estaría respetando porque "la desproporción numérica entre la parte acusadora y la parte de la defensa es flagrante y genera un desequilibrio material innegable".

La defensa de Argüeso también apunta que la decisión de la magistrada "merma" sus posibilidades de defensa: "Es materialmente imposible poder hacer frente a tantos letrados contrarios", recoge el escrito presentado, que abunda en que "las defensas no tienen capacidad para poder impugnar u oponerse a la cantidad de escritos y peticiones de todo tipo que las decenas de acusaciones  personadas realizan".

En ese sentido, el recurso de apelación acude a la jurisprudencia para defender la legitimidad de la acusación en casos como este. Y vuelve sobre la "inversión en tiempo en cada testifical, en cada pericial excesiva" que supone la gran cantidad de acusaciones, que además impide más de una declaración al día porque "las sesiones son larguísimas", por lo que "la causa podría estar mucho más avanzada".

Así pues, está por ver qué decisión toma la Audiencia Provincial. Después de que esta avalara la citación como investigados de los dos máximos responasbles del departamento de Emergencias de la Generalitat, la jueza tendrá que someterse de nuevo al examen de la sección segunda del organismo provincial, presidida por José Manuel Ortega, que por el momento ha ratificado el rumbo marcado por la magistrada del juzgado de Instrucción 3 de Catarroja también en otras cuestiones, como la exclusión de los daños materiales, las obras no ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la no investigación del presidente del organismo de cuenca, Miguel Polo, o la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.