Obras, permutas y operaciones urbanísticas: el 'caso Azud' levanta las alfombras del PP en València

VALÈNCIA. La investigación enmarcada en la segunda fase del 'caso Azud' se saldó este lunes con nuevos registros de los agentes de la Guardia Civil para ahondar en la presunta trama de corrupción urbanística y de contratas públicas que afecta tanto a responsables vinculados con el PP como a dirigentes del PSPV, así como empresarios y consultores relacionados con el sector del ladrillo. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011, cuando en el Ayuntamiento de València gobernaba el Partido Popular de Rita Barberá con Alfonso Grau de vicealcalde.

Obras públicas, permutas, operaciones urbanísticas, etcétera. Son múltiples y de diversa naturaleza los actos aprobados por el ejecutivo del Cap i Casal de aquella época que ahora son objeto de investigación por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado encargado de la causa, el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia. Este lunes, las oficinas del Ayuntamiento fueron el escenario de nuevos registros por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se suman a las incautaciones de documentación que ya se practicaron ahora hace dos años aproximadamente.

A media mañana, los investigadores se personaron en las dependencias municipales ubicadas en el complejo administrativo de Tabacalera al objeto de requerir diversos expedientes tramitados durante aquella época. Según fuentes consistoriales, las operaciones que están bajo la lupa no pertenecen a una única concejalía, sino a diversos departamentos. 

De ahí que aunque los agentes se reunieran con el secretario del área de Urbanismo, Manuel Latorre, los registros practicados afectaran tanto al servicio de Planeamiento de la concejalía de Desarrollo Urbano como a otros servicios de delegaciones dispares como Intervención, Ciclo Integral del Agua o Bienestar Social. También los hubo en el departamento de Patrimonio, y según las mencionadas fuentes, el objeto de las investigaciones aquí son algunas permutas aprobadas en época de gobierno del Partido Popular. 

En el área de Urbanismo, como destacó en rueda de prensa este lunes la propia concejala del ramo, Sandra Gómez, ya había mucha documentación precintada desde que la Guardia Civil registrara la concejalía en la primera fase de la causa, en 2019. "Supongo que habrá sido lo que se han llevado", expresó la edil sobre estos expedientes, que datan de hace más de diez años.

El PAI que parece estar bajo la lupa es el PAI del Grao, que integra el antiguo circuito de la Fórmula 1, y algunas de cuyas operaciones urbanísticas fueron denunciadas en 2014 por Compromís. Justo antes de conocerse que València albergaría grandes premios del campeonato, surgió la empresa Acinelav Inversiones 2006, participada por la firma, Construcciones Valencia Constitución, que administraba el empresario -investigado en esta causa- Jaime María Febrer. La compraventa de suelo que más tarde fue recalificado para construir viviendas al calor de los grandes premios -un proyecto que se derrumbó por la crisis económica- es el eje central de las pesquisas.

Uno de los contratos en los que ha fijado la mirada ya la Guardia Civil es el del mantenimiento del alcantarillado, suscrito en 2006 cuando era edil del Ciclo Integral del Agua Ramón Isidro Sanchis. Durante la primera fase de la investigación, los agentes de la UCO acudieron a la Central de Operaciones de Saneamiento para reclamar documentación del concurso y diversas facturas del suculento contrato que se adjudicó a la UTE Acciona-Ecyser por un valor cercano a los 129 millones de euros durante 15 años, con la finalidad de detectar posibles irregularidades en el procedimiento.

Otra de las ramas indaga sobre el contrato para la construcción del nuevo parque-retén de bomberos y Policía Local en la calle Alta del barrio del Carmen, en Ciutat Vella. El gobierno municipal adjudicó las obras a Cleop por valor de más de tres millones de euros en 2015. El contrato se resolvió y las obras quedaron a medias, por lo que el consistorio sacó otra licitación para finalizar la actuación, cuyo adjudicatario fue Bertolín en 2013. Una obra "muy esperada, muy querida y muy buena", en palabras de la entonces alcaldesa popular mientras ponía la primera piedra, cuyas entrañas están siendo examinadas desde hace más de dos años.

'Caso Azud': 46 registros y unos 50 investigados

En la causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Hasta el momento se han practicado 46 registros en empresas, despachos profesionales y domicilios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid. Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín, sobrinas de la exalcaldesa. 

En la segunda fase se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales, y se ha detenido a catorce personas. El juez ha decretado prisión preventiva para cinco de ellas: el que fuera vicealcalde con Barberà, Alfonso Grau; el entonces portavoz socialista, Rafa Rubio; y tres empresarios. En total, las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados.

El gobierno de València rechaza la personación por ahora

La concejala de Urbanismo y vicealcaldesa, Sandra Gómez, preguntada por la personación en la causa tanto por parte del PSPV como del propio Ayuntamiento de València, aseguró este lunes que primero se deberá conocer "la información" que está bajo investigación para más tarde "hacer una valoración en aras de recuperar los fondos públicos". Será entonces, dijo, cuando "se tomará una decisión" sobre si el partido o la institución se personan en el procedimiento judicial. Una postura que días antes también mantuvo el alcalde de la ciudad y dirigente de Compromís, Joan Ribó: cuando se conozca más a fondo el caso, se decidirá.

Uno de los detenidos, Rafa Rubio, ha sido coordinador de Urbanismo entre 2015 y 2020 durante el gobierno de Compromís y PSPV, por lo que la responsable socialista destacó que el PSPV "ha tenido una respuesta ejemplar y contundente con el expediente abierto, la suspensión de militancia y la destitución". "En el caso de confirmarse, es una cuestión que afecta a una persona individual porque este partido ha sido el que más dinero ha invertido y el que más ha luchado para denunciar la corrupción, nunca nos ha temblado la mano", ha destacado Gómez, para recordar que ella misma, como abogada, llevó el caso Nóos, y el PSPV denunció varias piezas de la rama valenciana de la Gürtel.