VALÈNCIA. Menos de 24 horas. La vicepresidenta del Consell y responsable de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, no ha tardado ni 24 horas en resolver el exceso "puntual" de ocupación del centro de menores de Buñol en el que el pasado lunes tuvo lugar una reyerta que se saldó con cuatro detenidos, varios heridos y numerosos destrozos en las instalaciones. El altercado destapó que en las instalaciones vivían 44 menores, cuando este estaba acondicionado para un total de 30.
El centro, gestionado desde el pasado 17 de junio por la Generalitat porque su anterior gestor privado no quiso prorrogar el contrato, fue empleado para reubicar a algunos de los menores del centro de Monteolivete tras conocerse el estado en el que se encontraba.
Aunque el suceso de Buñol tuvo lugar el lunes, fue este mismo martes cuando la consellera de Igualdad anunció que reubicaría a los menores a otros centros con el fin de no superar la ratio permitida. Tan solo un día después, es decir, este miércoles ya se había hecho efectivo el traslado y se volvía a la cifra máxima de residentes que las instalaciones pueden albergar. Aunque fuentes de la conselleria no detallaron dónde.
Una decisión y ejecución rápida para evitar que se desatara otra crisis como la de hace cuatro meses, cuando se detectaron irregularidades en 13 centros de los 16 inspeccionados por la Generalitat, y así amortiguar las críticas del PP.
Igualdad se defiende
No obstante, y pese a la rapidez para atajar y resolver en esta ocasión la polémica, la ofensiva del Partido Popular no se hizo esperar. Si la semana pasada el grupo que lidera Isabel Bonig pedía la comparecencia de Oltra en la Diputación Permanente para explicar la situación de las residencias de mayores, este miércoles ampliaron la solicitud para que ésta también lo hiciera por el caso de Buñol.
Además de pedir responsabilidades políticas, la diputada popular María José Catalá denunció que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene una deuda de 16 millones de euros con los centros de menores, que operan "sin contrato y prestan el servicio mediante enriquecimiento injusto".
No obstante, fuentes de la propia conselleria matizaron que esas cifras no estaban actualizadas -pues correspondían a los pagos realizados a fecha de mayo de 2017- y que la deuda que les queda asciende a un total de siete millones de euros, ya que en los últimos meses habrían abonado 17 millones de euros. Clarificaron, además, que de los 37 centros que tienen plazas concertadas, 34 tienen los pagos al día. Y respecto a los 42 concursos pendientes de resolver, subrayaron que en el plazo máximo de "cuatro meses serán adjudicadas porque están en la última fase de la licitación".
A pesar de todo, desde la conselleria aseguran que la vicepresidenta del Consell acudirá a Les Corts a comparecer cuando así se le requiera. No obstante, la elección del método -Diputación Permanente o pleno ordinario-, depende de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara, que deberán apoyar o no esta petición en la próxima Junta de Síndics. Otro capítulo de la controvertida gestión de los centros de menores.
Mónica Oltra. Foto: GVA
