Joan Ribó (Compromís), y Sandra Gómez (PSPV). Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Tras el cierre de las cuentas de 2020, el Ayuntamiento de València cuenta con 53 millones de euros que no se ejecutaron el año pasado, a falta del recuento en los organismos municipales. Los dirigentes del Cap i Casal se encuentran de nuevo ante la disyuntiva que ya transitaron a finales del año pasado: ¿a qué dedicar los ahorros consistoriales toda vez que el Gobierno central permite gastarlos más allá del pago de la deuda que la administración tiene con los bancos?
La cuestión ya generó disensión el pasado otoño a la hora de decidir qué se hacía con los remanentes que había acumulado el Ayuntamiento tras años de limitaciones por la llamada Ley Montoro. Esta normativa únicamente permitía gastar los ahorros de ejercicios anteriores en pagar la deuda contraída con los bancos, con los proveedores -las popularmente conocidas como 'facturas en los cajones'- y las inversiones financieramente sostenibles.
Con motivo de la pandemia, el Gobierno central suspendió las reglas fiscales y, con ello, desbloqueó el uso de este dinero, ampliando el abanico de destino de este dinero. Sin embargo, no pareció quedar claro que lo primero llegara a permitir lo segundo: los socialistas en el Ayuntamiento de València, dirigidos por la vicealcaldesa Sandra Gómez, sostenían que sí, que se podía disponer de estos ahorros en 2021 libremente; mientras que sus socios de gobierno, Compromís, liderado por el alcalde Joan Ribó, defendían lo contrario, que la suspensión de las reglas fiscales no implicaba directamente el uso libre de los remanentes.
La disputa acabó con la división manifiesta del ejecutivo local en la Junta de Gobierno, donde Compromís aprobó unilateralmente dedicar los más de 30 millones que el Ayuntamiento guardaba en las cuentas a pagar deuda con las entidades bancarias. Decisión criticada sonoramente por los socialistas y la oposición, que abogaban por emplear este dinero en ayudas a los sectores económicos afectados por la pandemia y otras líneas de reactivación económica. Ahora, al conocer el dinero sobrante de 2020, retorna el eco de aquel debate: ¿cómo emplear estos más de 53 millones? Este mes se tendrá que negociar la cuestión en el seno del gobierno local.
Desde Alcaldía justifican la decisión tomada a finales del año pasado cuando se amortizó deuda de los bancos porque el Gobierno central, aseguran, "no dejó otra posibilidad", y por ello reclaman que este año "actúe con mayor claridad y celeridad". En esta ocasión, por contra, aseguran que el dinero se destinará "a hacer frente a la situación de crisis actual". Ribó, sin mayor precisión, dijo esta semana en la Cadena Ser que se dedicaría a urgencias de la Covid "una parte" de los ahorros. Postura que entre los socialistas genera cierta incredulidad. "No ha cambiado nada desde octubre, por lo que si ahora se puede emplear el remanente para ayudas e inversiones, entonces también se podía", reseñan entre los dirigentes del PSPV.
Tanto es así que el Ayuntamiento de València ya ha empleado una parte de estos ahorros en ayudas a través de una "operación de crédito de emergencia", de manera que se adelantaban 4,2 millones de euros de los ahorros para sacar adelante las ayudas económicas a los sectores afectados por la pandemia bajo el nombre de Plan Resistir. Concretamente, se ha hecho pidiendo un préstamo bancario que el consistorio tendrá que devolver entre este año y el próximo. Otra de las intenciones del primer edil es emplear otra parte del dinero en reforzar el área de Servicios Sociales, y también en alguna inversión.
Entre las líneas de gasto que defiende el alcalde se encuentran también, por ejemplo, adelantar proyectos que sean susceptibles de ser financiados con toda probabilidad gracias a los fondos europeos de recuperación Next Generation. "También hay que recordar que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente al 20% que le toca de la parte de la deuda de La Marina", apuntan fuentes próximas al primer edil. Una cuestión que, si bien en su momento Ribó dijo que se afrontaría mediante un préstamo, ahora también se plantea hacerlo, si toca este año, con el dinero del superávit de 2020.
Asimismo, la situación financiera de la EMT preocupa en el consistorio y podría resultar un punto de fricción. Fuentes de Alcaldía recuerdan la delicada situación de la empresa municipal por la caída de usuarios desde que estalló la pandemia. Por eso afean que no hayan llegado los fondos extraordinarios "prometidos" por el Ministerio de Movilidad para las empresas de movilidad locales: "Llevamos un año esperando", lamentan. Y por ello se estaría planteando la posibilidad de cubrir flaquezas de tesorería con dinero del remanente municipal hasta que lleguen esas ayudas estatales.
En el PSPV no manifiestan especial acuerdo en este punto, donde admiten que el fondo estatal "es verdad que no ha llegado pero llegará", y donde recuerdan además que la empresa municipal ya tiene una póliza de crédito de 27 millones de euros avalada por el propio consistorio para hacer frente al panorama actual. Sin embargo, según hizo público el PP recientemente, este dinero ya se ha utilizado en su "totalidad". El PSPV considera que los ahorros municipales "se pueden utilizar para muchas cosas" y por ello no ven del todo adecuado "comprometerlo" en la EMT.
