Peritos independientes aseguran que el contrato del ‘call center’ de Imelsa era legal

VALÈNCIA. Los investigadores de la Operación taula han recibido un informe pericial, redactado por peritos independientes solicitados por el juzgado que instruye la causa, que aseguran que el contrato del ‘call center’ vinculado al suegro de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y garganta profunda del caso, es legal.

Según consta en el citado informe al que ha tenido acceso Valencia Plaza, los peritos afirman que: “se estima que la puntuación otorgada a las distintas proposiciones analizadas, en virtud de las cuales resultó adjudicataria la empresa Servimun es correcta en líneas generales y, sin perjuicio de las consideraciones realizadas en este informe para los distintos criterios y subcriterios de valoración, se ajusta a las especificaciones del pliego de clausulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas que rigen la contratación”.

Y prosiguen explicando que: “del análisis efectuado se desprenden pequeñas variaciones en la valoración de las distintas propuestas, tanto en relación con la proposición B como de la C, que, por su reducida entidad en el conjunto de la valoración, ni afecta al resultado de la adjudicación a Servimun como proposición mejor valorada en su conjunto, ni tampoco al orden global de puntuación del resto de licitadores”.

Los peritos sí que advierten sobre el hecho de que determinadas valoreciones debieron hacerse de otro modo y con otros criterios, pero este hecho no afecta a los investigados de la causa, ya que a todas las empresas que se presentaron a la licitación se las valoró con los mismos criterios.

Advierten sobre el hecho de que determinadas valoreciones debieron hacerse "de otro modo"

Según ha podido saber este periódico, las defensas de las personas investigadas, en esta pieza separada de la Operación Taula, ya están preparando los escritos solicitando el archivo para sus representados ya que, tal y como aseveran las defensas, “el informe es objetivo, pues viene firmado por peritos independientes solicitados por el juzgado, y deja claro que el contrato era legal”.

De archivarse esta pieza, las repercusiones serán inmensas ya que hasta ahora las declaraciones  del exgerente de Imelsa eran la principal baza de las acusaciones. Sin embargo, tras el informe, podría quedar acreditado que no todo lo que dice Marcos Benavent es “cierto e innegable”. El archivo de esta pieza podría suponer un efecto dominó dentro de una de las mayores investigaciones contra la corrupción de la historia de la Comunitat Valenciana. 

Servimun

La pieza  separada conocida como la pieza de Servimun es la que se centra en el contrato del contact center tributario que recibió el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, por 840.000 euros y que le fue otorgado a la empresa Servimun, gestionada por su hijo. Tal y como publicó Valencia Plaza, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han tratado de encontrar las pruebas que demuestren el favoritismo en la adjudicación, ya que en este contrato en concreto “es muy posible que no hubiera mordidas”. 

Fuentes próximas al caso informaron que el exvicepresidente de la Diputación Máximo Caturla encargó este servicio a Imelsa a través de una encomienda de gestión. A la oferta se presentaron cuatro empresas de las que Servimun fue la mejor valorada en la oferta económica situándose varios puntos por encima de sus competidoras. Este hecho ha sido acreditado durante la instrucción judicial por los letrados de los implicados que presentaron el informe de la mesa de contratación con la valoración económica de Servimun, así como de las otras tres empresas que se presentaron al concurso.

El problema de la adjudicación radicó en dos vertientes diferentes. Por un lado, los sindicatos y EU denunciaron que sacar ese concurso era “privatizar un servicio público” y por otro, los técnicos hicieron un informe contrario por deficiencias en el servicio.

Fue entonces cuando presuntamente el expresidente de la Diputación Alfonso Rus encomendó al jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa, que falseara un informe que contradijera a los técnicos de la Diputación, tal y como publicó ayer Valencia Plaza. En dicho informe Deusa exponía que la prestación de los servicios por parte de la empresa era buena. Por tanto, los agentes de la UCO en este caso están tratando de demostrar el delito de tráfico de influencias y falsedad de documento público, y no las mordidas.