Desde que se hizo público el primer informe provisional del Plan Especial del Cabanyal (PEC) las dos grandes preguntas que se hacen muchos vecinos es: ¿por qué es necesaria toda esta cantidad de fincas nuevas? ¿Se resuelven así los problemas históricos del Cabanyal?
La respuesta a la segunda cuestión es obvia: no. La de la primera es más compleja. Para responderla habría que rastrear en el alma humana y en el backstage de la política municipal. Los arquitectos y los urbanistas aspiran, en general, a operar cambios esenciales en las ciudades y a conseguir así reconocimiento profesional y una cierta inmortalidad. Es lícito y humano: como Messi con sus goles de tres en tres o Cortázar con Rayuela. Todos, de una u otra forma, aspiramos a dejar huella, a ser posible con la belleza. Gerardo Roger y Luis Casado, autores del PEC, llevan muchos años en la órbita del urbanismo socialista valenciano y español y parece que anhelan ese momento de gloria. El presente y futuro de miles de personas, vecinos del Cabanyal, sin embargo, depende del plan que ellos han diseñado.
Si esquivamos la tentación de pensar en razones especulativas que puedan ocultarse detrás del PEC, y puesto que este plan no soluciona, ni por asomo, los problemas históricos del Cabanyal, no me negaran que la opción más plausible es atribuir la desmesura e inconveniencia del plan a ese afán de de sus creadores por hacer algo memorable junto al mar. Y también por descontado, a la incapacidad de nuestros gobernantes municipales para marcarles las líneas rojas y las prioridades políticas que debían plasmar en el plan y que, en consonancia con lo expuesto durante los años en la oposición, podrían ser, básicamente: la rehabilitación integral del Cabanyal, tras décadas de degradación y decadencia, y la dignificación de la vida de sus vecinos.
Vicent Sarrià, como concejal de Urbanismo, es el responsable político inmediato del plan, pero el ayuntamiento no es un reino de taifas (o no debería serlo), y por tanto todos sus socios de gobierno, con el alcalde Ribó al frente, son cómplices del plan, sin derecho a mirar hacia otra parte y quedar indemnes, como están haciendo. Si este plan pretendía ser una especie de promesa electoral de cara a los comicios, quienes lo hayan planificado se han cubierto de gloria. Son muchos los disconformes, especialmente entre los potenciales votantes de PSOE, Compromís o Podemos. Y existen muchísimas dudas de que este plan pueda ser la base de algún otro más en sintonía con las necesidades reales de los vecinos y no con las expectativas de los constructores y promotores que lo ejecutarán o con los sueños personales de sus redactores.
La izquierda ganó en València (y en el Cabanyal), tras 24 años, y muchos de sus votantes lo hicieron con la esperanza de que otro futuro era posible para la fachada marítima del cap i casal. Confiaban en que los nuevos representantes abanderarían sus reinvindicaciones de décadas y devolverían la dignidad a la ciudadanía. Ahora se encuentran con un plan para construir más de mil viviendas en fincas impersonales que nadie ha pedido. Y si no le gusta, señora, caballero, se lee unos miles de páginas (alrededor de 3.000) de literatura técnica y a menudo indescifrable y dedica los próximos diez años de su vida a preparar las alegaciones, aunque sólo tiene 45 días. Unas 70 páginas por día. Abandone su trabajo, si lo tenía, y dedíquese a ello en cuerpo y alma. Participación ciudadana, dicen. Un pretexto vulgar para colarnos un plan infame. La única solución viable es que el propio ayuntamiento dé marcha atrás, lo paralice, lo revise en profundidad y lo adecue a las necesidades reales del Cabanyal. Ahora o después de elecciones.
Es cierto que la sola desactivación de la prolongación de Blasco Ibáñez ya fue una gran noticia, especialmente para los afectados, pero seamos realistas: durante décadas la oposición a la avenida se basó en la preservación del patrimonio del conjunto histórico protegido del Cabanyal y en su singularidad. Esto paralizó los planes de Barberà. Como ha sucedido tantas otras veces, el "interés general" hubiera justificado, para algunos, la destrucción de 600 edificios y 1600 hogares, pero no fue capaz de avanzar frente al valor arquitectónico, histórico, artístico y patrimonial del Cabanyal y al poder jurídico que de ello derivaba. Los cabanyaleros, muchos de ellos, quieren seguir aprovechando el valor patrimonial de sus casas, para preservar su forma de vida. Si se pierde eso, nadie conocerá siquiera el Cabanyal dentro de unos años. La hoja de guillotina de la especulación penderá de sus vidas de forma permanente.
La opción de bendecir el PEC porque los afectados por la prolongación ya han resuelto su problema (más o menos), y dejar morir el Cabanyal, es una indecencia que ningún funcionario público va a rubricar cuando el plan llegue a la Conselleria de Cultura y se le que tenga que dar el visado. Ningún técnico va a avalar nada que represente un riesgo de prevaricación. Ni siquiera sucedió con el derogado PEPRI que, con mayoría absoluta del PP en ayuntamiento y Generalitat, fue desautorizado, por atentar contra las leyes de protección patrimonial, por el arquitecto José Ignacio Casar, cesado posteriormente en clara represalia política.
Es probable que el PEC se tumbe, antes de empezar a andar, porque ni en su espíritu ni en el propio nombre aparece la palabra protección. Tal vez se les olvidó. Sin embargo, la ley es inequívoca al respecto: un plan que actúa sobre un conjunto histórico protegido como BIC (Bien de interés cultural) tiene la obligación legal de ser, prioritariamente, un plan especial de protección. ¿Nunca se han preguntado por qué el PEPRI, el plan que partía el Cabanyal en dos y destrozaba su parte central, se llamaba, al desplegar el acrónimo, paradójicamente, Plan especial de protección y reforma interior? La única fórmula legal para ponerlo en marcha era defender, aunque fuese falso, que su intención esencial era proteger el Cabanyal. Y por tanto es posible que, desde un punto de vista legal, el PEC sea inviable. Si es que alguien no lo denuncia antes, aspecto que no es descartable.
No es descartable porque el PEC incluye el derribo de las denominadas villas de Las Arenas, las casas supervivientes a la expropiación del antiguo PAI de las piscinas, muy valiosas desde el punto de vista económico y también patrimonial. ¿Cómo justificará el PEC, política y socialmente, la expropiación y derribo de inmuebles, para levantar en su lugar otros bloques con más alturas? Desde luego, sus propietarios no están dispuestos a transigir con esto y anuncian su intención de luchar, hasta donde haga falta, por sus derechos. Una sola vía judicial que se abriese en esta zona podría paralizar el PEC durante años, algo que por otra parte sería indeseable para el conjunto de la ciudadanía.
Aún en la hipótesis de que nuestros munícipes tuvieran la miopía política de no recapacitar y replantear el plan de arriba abajo, es muy posible que el PEC no pueda aprobarse en el pleno municipal antes de elecciones y es seguro que no dará tiempo a que la Generalitat dé el visto bueno, si es que lo da. Así las cosas, el PEC, como está o modificado, lo tendrá que poner en marcha el nuevo ayuntamiento y, por tanto, en la práctica, más que un plan, es una torpe declaración de intenciones con la que la derecha debe estar frotándose las manos. Desde luego a la izquierda apenas le queda tiempo para reaccionar, si es que considera prudente y adecuado hacerlo, visto lo visto.
Para conocer más en profundidad el plan puede leer mis dos artículos anteriores sobre el PEC.
• Otro plan del Cabanyal es posible [link: https://valenciaplaza.com/otro-plan-del-cabanyal-es-posible]
• Un catálogo patrimonial incompleto. Faltan centenares de edificios con valor arquitectónico e histórico, y sobre todo no se ha tenido en cuenta que la protección de las casas tradicionales es la mejor garantía de futuro para el conjunto, que es lo reamente valioso en el Cabanyal. Además, el PEC no incorpora fichas individuales de los centenares de edificios con protección tipológica, un nivel que además deja abierta la posibilidad de su demolición a la decisión subjetiva de los técnicos municipales. El dossier, por cierto, ni siquiera incorpora un plano de situación de todos los edificios catalogados.
• Un Cabanyal vertical. El PEC abusa de alturas por doquier. El pretexto es que la financiación exige un mínimo de metros cuadrados de vivienda y que la forma minimizar el impacto sobre el entorno es con edificios en altura. Pero una protección eficaz del Cabanyal exigiría que todo el barrio tendiera, en la medida de lo posible, a las mismas alturas que en el conjunto protegido: planta baja, primera y desván (no ático). El PEC plantea crear una burbuja rodeada de edificios, algo que ya está sucediendo en Eugènia Vinyes, donde se permite la barbaridad de cuatro alturas más ático en segunda línea de playa, pese a que el ayuntamiento tiene la sartén por el mango, como propietario de casi todo el suelo.
• Casas bajas cerca del mar, como alternativa. El PEC plantea cuestiones difíciles de justificar: el patrimonio de gran valor de la Marina Auxiliante (llonja, casa dels bous y fábrica de hielo) exige un entorno harmónico de casas bajas; no de fincas, como está previsto. Todas las edificaciones, además del entorno de Doctor Lluch y Drassanes, deberían seguir idéntico criterio, en consonancia con el ensanche protegido del Cabanyal: planta baja, primera y desván y acceso directo de la vivienda a la calle.
• La trampa de la volumetría. El plan infiere alturas pero de forma provisional, ya que lo realmente vinculante es la volumetría. En la práctica esto significa que un constructor, si mantiene los metros cuadrados previstos, podría modificar las alturas como considere. La protección patrimonial (y la cordura) exigiría bloquear las alturas en el propio plan, parcela a parcela.
• ¿Vida "de carrer"? En la memoria justificativa se argumenta la intensa relación de las nuevas viviendas con la calle, enlazando así con una tradición arraigada de "fer vida de carrer". Sin embargo, todos los bloques están planteados sin viviendas en planta baja: todas están previstas para bajos comerciales o locales, al contrario que en las fincas tradicionales del Cabanyal. Este tipo de concepto residencial, sin viviendas en planta baja con acceso directo a la calle, chirría con la intención declarada de recuperar la calle como espacio público.
• Alturas en el conjunto protegido. El plan establece dos plantas (baja, primera y desván) en todo el conjunto histórico protegido, pero deja al criterio subjetivo de los técnicos municipales la posibilidad de llegar a tres.
• Sin oficina de proximidad. El PEC –esperamos que finalmente muy distinto al actual– es inconcebible sin una oficina de proximidad, que tenga plenas competencias en la gestión del plan. Es esencial la atención al público, la transparencia y la solución de los problemas puntuales que surgirán. Cualquier experto sabe que la gestión de proximidad es imprescindible en los procesos de regeneración urbana.