Podemos propone una enmienda que beneficia a promotores inmobiliarios

VALÈNCIA. Podemos y los promotores inmobiliarios, aliados por una causa común: impulsar la rehabilitación de viviendas usadas y el mercado del alquiler. El grupo parlamentario de la formación en Les Corts va a presentar una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat que plantea importantes rebajas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, entre el 50 y el 70%, a las empresas del sector que compren residencias de segunda mano.

¿La razón? El partido quiere hacer de la vivienda usada un negocio más atractivo para los promotores para alcanzar un triple objetivo: impulsar el sector de la construcción restándole peso a la obra nueva, incorporar viviendas de áreas consolidadas al mercado del alquiler y dotar de un mejor rendimiento energético a las residencias ya existentes.

El diputado de Podemos Antonio Montiel argumenta la peculiar alianza del partido con los promotores en que se trata de una iniciativa "con un sesgo social y ambiental". "Es una idea para movilizar el sector inmobiliario digiriendo el stock existente, fomentando el alquiler privado y reduciendo las emisiones al lograr una mayor eficiencia de las viviendas con su rehabilitación", explica el exportavoz.

De hecho, según agrega, la idea original partió de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia -presidida por Antonio Olmedo- y fue adoptada por el grupo parlamentario para lograr sus objetivos. En esta línea, las bonificaciones en la cuota del impuesto de transmisiones que plantea introducir Podemos son porcentualmente mayores cuanto mayor sea el compromiso de la promotora.

El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de ámbito autonómico, lo paga el comprador de un inmueble -excepto los nuevos, que tienen IVA- y asciende al 10% del valor de adquisición.

La formación morada plantea tres escenarios: librar al promotor del 50% del impuesto si compra una vivienda usada para rehabilitarla y ponerla en el mercado; elevar la bonificación al 60% si la vivienda que adquiere es parte -o el total- del pago de otra, y, en tercer lugar, situar la bonificación en un máximo del 70% cuando, además, el promotor adquiere el compromiso de destinar la vivienda adquirida al mercado del alquiler. 

'Trueque' de viviendas

Pese a la peculiaridad de estas fórmulas, en particular la del 'trueque' de viviendas que plantea Podemos en el segundo supuesto, Montiel defiende que se trata de una iniciativa que ya ha sido aplicada con éxito de forma similar en otras autonomías, tales como Cataluña, Andalucía, Madrid o Murcia. "En Aragón también existió desde enero de 2006 hasta diciembre de 2015, pero fue sustituido al año siguiente por algunas pequeñas modificaciones de pequeño impacto", aclara el exportavoz de Podemos. 

"Sería aplicar al mercado inmobiliario la práctica habitual -por ejemplo- del sector del automóvil, de entregar el coche viejo como parte del pago para la adquisición de uno nuevo, una especie de Plan Renove pero con viviendas", compara el parlamentario.

Montiel agrega que los promotores "tienen interés en incorporar esta práctica si se hace lo suficientemente atractiva", una circunstancia que considera que hay que aprovechar "dado el stock de alrededor de medio millón de viviendas vacías" que posee la Comunitat.

Carácter social

A diferencia de años anteriores, Podemos quiso estar desde el inicio en la elaboración del anteproyecto de ley de Presupuestos de 2018. Si el método empleado en anteriores ejercicios para conseguir ver reflejadas sus exigencias en las cuentas autonómicas pasaba por presentar enmiendas en el trámite parlamentario, el partido cambió de dinámica este último curso. Según manifestó su secretario general, Antonio Estañ, serían más exigentes porque estos eran "los últimos presupuestos que se ejecutarían al completo" antes de las elecciones de 2019. 

Así, antes de comenzar las negociaciones con el Consell, los morados marcaron como "prioritarias" las inversiones en algunas consellerias por su marcado carácter social. Una de ellas, Vivienda. La pretensión del partido de los círculos era que el Ejecutivo valenciano destinara 103 millones para ampliar el parque público de vivienda que tiene la Conselleria que dirige María José Salvador así como para promover el alquiler social. 

De esta cuantía, se alcanzaron apenas 15,1 millones de euros. De estos, 2,5 se destinarán al incremento de la partida del Plan Renhata, que en el próximo año sube de los 3 a los 5,5 millones; otros 2,6 irán al EIGE para pasar viviendas de compra-venta a alquiler; y la inversión más significativa será de 10 millones de euros para "compra pura" de viviendas que "amplíen el parque público destinado a alquiler social". 

Estas concesiones del Consell, no obstante, no satisfacen las exigencias de Podemos. Por ello, el grupo parlamentario que lidera Estañ, de momento, sigue sin garantizar su apoyo a las cuentas de 2018 y no renuncia a presentar enmiendas -como la que rebaja el impuesto de transmisiones a los promotores que compren vivienda para rehabilitar y devolverla al mercado del alquiler- para seguir incrementando las partidas en las que no han visto cumplidas sus expectativas. Además de en Vivienda también se esperan un alto número de modificaciones presupuestarias en Sanidad. Los morados pidieron 80 millones de euros para pobreza farmacológica de los que arrancaron un total de 33.