Se encargarían de constatar que se rigen por criterios objetivos, y no de tipo ideológico
VALENCIA. El sindicato FE-CCOO-PV ha dado la voz de alarma. Después de analizar diferentes quejas por contrataciones en centros concertados, que se han guiado por criterios tan subjetivos como el estado civil o la religión profesada, el sindicato ha reivindicado la necesidad de mayor transparencia en estos procesos. Para ello, propone unas variables objetivas que deberían regir toda selección de personal y un sistema de supervisión, todavía por concretar, que podría lograrse mediante una comisión.
Así lo ha anunciado el sindicato en un acto con presencia de su nueva secretaria general en el área de enseñanza, Xelo Valls, y la responsable de la rama de concertada, Pepa Ramis. En el mismo han incidido en que estamos hablando de centros “sostenidos con fondos públicos”, que no deben regirse por “criterios arbitrarios”, sino “acercarse todo lo posible a la transparencia”. Defienden el momento escogido para el anuncio, ya que el arreglo escolar ha empujado a la “reconfiguración” del panorama de las escuelas, “y hay gente que ahora mismo tiene su puesto de trabajo afectado”, ha afirmado Valls.
Los criterios objetivos que deberían constituir líneas rojas en todo proceso de contratación, y a los que FE-CCOO-PV se refiere, son igualdad, medio, capacidad y publicidad. “No estamos proponiendo una reversión total de los contratos que se han hecho, sino que se tengan en cuenta a partir de ahora. Todos los años se crean puestos, de carácter temporal o estable, por jubilación o por ratios, y aquí es donde deben ponerse en marcha medidas de tranparencia”, añade. En la misma línea, cree que deben arrinconarse “cuestiones como la confesionalidad o si has estado divorciado” en las entrevistas de trabajo.
La dificultad para poner en marcha un mecanismo que controle el proceso es manifiesta. “Todavía estamos dándole vueltas, pero tenemos un precedente”, recuerda Valls. La Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 establecía que cada centro debía existir una Comisión de Selección en base a unos criterios, con voz del Consell Escolar. Esta figura oficial también sería aplicable al caso de los centros concertados. “Pero insistimos en que todavía estamos dándole vueltas, lo que lanzamos es el germen de la idea”, dice Valls.
Atendiendo a los datos de arreglo escolar que ya analizó Valencia Plaza, la escuela concertada tan solo pierde dos aulas en toda la Comunitat, lo que no quiere decir que no haya un baile de puestos y de contrataciones al darse cierres y aperturas. Es por ello que se ha hecho mención a la recuperación del sistema de recolocación de profesores, pactado en los ochenta, “que hasta 2004 funcionaba con total normalidad”. Fue revocado por una sentencia particular y la anterior Administración no quiso volver a hablar del tema.
Los sindicatos habían retomado las conversaciones con el nuevo Gobierno para dar vigencia al documento, y Conselleria prometió estudiarlo. Todavía no ha adoptado ninguna medida efectiva, pero quizá esto podría servir de acicate. En el acuerdo se establece que, tras la reducción de unidades en un centro concertado, el profesorado pueda ser ‘resituado’ en otro colegio donde sí se haya incrementado el número de aulas, de manera que no quede sin trabajo. También cabe la opción de una indemnización incentivada para los afectados. “Apostamos por recuperar el pacto como solución a largo plazo”, concluye el sindicato.