Promesas fiscales para el 26J: el difícil equilibrio entre realidad y buenas intenciones

VALENCIA. Las propuestas fiscales de los cuatro grandes partidos que concurren el próximo 26J navegan entre la bajada de impuestos que promete el PP, que ha hecho de la reducción de dos puntos en todos los tramos del IRPF su gancho estrella para reconciliarse con su electorado, al ramillete de subidas que plantea la coalición Unidos Podemos, sobre todo para las rentas altas, aunque el listón comienza en los 60.000 euros.

Ciudadanos, que garantiza que no creará ningún nuevo impuesto, también promete bajar el IRPF, pero a medio plazo y condicionado al cumplimiento del déficit, mientras que el PSOE prevé incrementar la recaudación aumentando las bases imponibles del impuesto de Sociedades.

Todos los partidos se comprometen a combatir el fraude, pero PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos quieren endurecer las penas por delitos fiscales. En el terreno de la prevención, los socialistas proponen un ejército de 5.000 nuevos inspectores de refuerzo en la Agencia Tributaria.

A continuación, las principales medidas de unos programas que oscilan entre las buenas intenciones en materia impositiva y la realidad de tener que cuadrar el déficit.

PP. La bajada del IRPF como medida estrella

La rebaja del IRPF es la propuesta estrella del programa de los populares, que dedica tres de las cuatro páginas centradas en fiscalidad a repasar sus logros y una cuarta a sintetizar una serie de intenciones que, en la mayoría de casos, adolecen de escasa concreción. Así, tras haberse encontrado una situación "muy deteriorada" y haber subido impuestos, el partido de Mariano Rajoy asegura que está en condiciones de acometer "amplios y profundos" cambios fiscales si gobierna.

Los populares plantean rebajar dos puntos cada tramo del IRPF y deducir los primeros 500 euros de cotización de los nuevos contratos indefinidos y de los temporales que se conviertan en fijos durante cuatro años. De esa manera, el tipo marginal mínimo del IRPF pasaría del 19% al 17% y el máximo, del 45% al 43%

También se comprometen a eximir de la declaración del IRPF a los mayores de 65 años que continúen trabajando y aumentar las deducciones por aportaciones a sistemas de previsión social, sin concretar en qué medida. Como estímulo a los planes de pensiones, promete mejorar las condiciones para el rescate para que el rendimiento de las inversiones sea tratada como ahorro y tribute a un tipo menor.

Más allá de eso, al margen de proponer que las Sicav funcionen como instrumentos de inversión colectiva y de fortalecer la lucha contra el fraude, el PP no plantea más medidas concretas en materia impositiva.

PSOE. Reforma impositiva y fin de la disparidad fiscal entre regiones

La lucha contra el fraude y la implantación de un sistema tributario progresivo son los ejes del programa de los socialistas en el terreno fiscal. Para ello, el PSOE promete constituir una comisión de expertos cuyas conclusiones se reflejarían ya en los presupuestos de 2017.

Mientras tanto, se comprometen a adoptar una serie de medidas entre las que destaca la IVA cultural o el establecimiento de un mínimo común a todas las Comunidades Autónomas tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio, con lo que cierra la puerta a que las comunidades puedan aplicar bonificaciones como las que la Comunitat mantenía para el de sucesiones, del 99% hasta 2013.

El conjunto de medidas hasta la aprobación de la prometida reforma fiscal se completa con:

• Reforma del Impuesto de Sociedades para "ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación". Para ello, se revisarán las actuales exenciones y bonificaciones, "muchas de ellas de escasa justificación". Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del 15% a las grandes empresas.
• Impuesto a las Transacciones Financieras que incluya "el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos y derivados, para desincentivar la especulación financiera".
• Nuevos impuestos y tasas medioambientales: impuesto a las empresas por la emisión de CO2; Impuesto sobre los óxidos nitrosos (NOX); Impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor, para lo que se fusionarán los impuestos de matriculación y circulación; Impuesto mixto sobre residuos industriales; e impuesto a envases, embalajes y bolsas.
• Reforma de los impuestos sobre Hidrocarburos, Electricidad y Canon de vertidos.
• Tipos reducidos para libros, periódicos y revistas electrónicas o digitales y a otros bienes "de primera necesidad".

En el apartado de lucha contra el fraude, el PSOE plantea aumentar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Tributaria durante la próxima legislatura. Además, promete impulsar una Ley Antifraude y modificar el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves, lo que conllevaría penas de prisión de 2 a 6 años.

En cuanto a la estrategia contra la economía sumergida, plantea ampliar los límites en el uso de efectivo en las transacciones económicas. Mientras, promete también un mayor control de las Sicav, que pasarían a estar supervisadas por la Agencia Tributaria, con la fijación de porcentajes de participación máximos para sus inversores.

Unidos Podemos. Subida del IRPF y recuperación del impuesto de Patrimonio

La coalición que lidera Pablo Iglesias plantea un auténtico revolcón fiscal en su programa, con varias medidas que implican una subida de impuestos. Su propuesta fundamental es la reforma del IRPF para ampliar el número y el tipo imponible para rentas superiores a 60.000 euros anuales. El tipo marginal de cada tramo se elevará del 45% actual al 55% para rentas superiores a 300.000 euros anuales.

Se eliminarán algunas de las deducciones actuales, sobre todo aquellas de las que se benefician los contribuyentes con rentas más altas. La coalición promete también acabar con la "dualidad" entre la tarifa fiscal de las rentas del trabajo y ahorro, así como con la "falta de progresividad de esta última" con el fin de acabar con una tarifa única.

Además, asegura que recuperará el impuesto de Patrimonio con el establecimiento de una tributación mínima no bonificable y la disminución del mínimo exento en el impuesto del patrimonio a 400.000 euros netos frente a los 700.000 euros aplicables de manera general, medida que irá acompañada de la revisión de las bonificaciones y deducciones existentes. "Acabaremos con las sicav tal y como las conocemos hasta ahora", promete también.

En cuanto al impuesto de sociedades, Unidos Podemos se compromete a fijar un impuesto mínimo para las grandes empresas "que contribuya a recuperar la recaudación de este tributo y a estabilizarla en el tiempo".

En lo que se refiere a la persecución del fraude, tal y como plantean los socialistas, Unidos Podemos también quiere endurecer las penas por fraude, para lo que propone rebajar el límite del delito fiscal a 50.000 euros, así como ampliar el plazo de prescripción a diez años.

Ciudadanos. La amnistía fiscal será nula

La formación naranja también convierte la reducción del IRPF en una de sus medidas estrella. Ciudadanos propone bajar los impuestos "a las clases medias y trabajadoras" con una reducción de dos puntos en el IRPF hasta dejarlo entre el 18% y el 43.5%. Lo hará, eso sí, en su segundo presupuesto "y una vez haya España alcanzado el objetivo europeo de bajar del 3% el déficit público".

En Sociedades, prevé aplicar una reforma "en profundidad" para "cerrar agujeros, eliminar beneficios injustificados, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto". Intentará aproximar los tipos efectivos a los nominales porque las grandes empresas "sólo pagan un 6% efectivo".

El partido de Albert Rivera contempla sustituir el impuesto de matriculación por uno a las emisiones de los vehículos. El impuesto de Patrimonio será "de normativa y gestión estatal", mientras que el de Sucesiones se aplicará a las "herencias millonarias".

Además, promete exigir los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno "perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal", así como llevar a los tribunales "todos los casos de acogidos a la amnistía en donde existan indicios de delitos relacionados con la corrupción o blanqueo de capitales". Especialmente, se remitirán los más de 600 casos de funcionarios y políticos que se acogieron a la amnistía "para que justifiquen el origen del dinero regularizado".