VALENCIA. Aunque todos reconocen su importancia en el desarrollo económico del país, las infraestructuras han perdido lustre en los programas electorales de los cuatro grandes partidos en favor de las propuestas de regeneración democrática y las políticas sociales. Prácticamente ninguna de las formaciones que concurre el 26J incluye entre sus promesas estrella propuestas relacionadas con las grandes obras. Al contrario, en todos los programas se intuye, en mayor o menor medida, una suerte de propósito de enmienda para no caer en los excesos del pasado, el de los aeropuertos sin aviones o las carreteras semidesiertas. Ahora todas las inversiones se mirarán con lupa, o eso al menos prometen PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.
Las propuestas más repetidas en los diferentes programas están relacionadas con las infraestructuras de transporte y, en concreto con el ferrocarril, pero en sentido muy diverso: mientras los populares mantienen su apuesta por extender la red de alta velocidad, el partido que lidera Pablo Iglesias se inclina por paralizar todas las grandes obras que aún no hayan sido adjudicadas.
En el caso de las infraestructuras estratégicas para la Comunitat, el Corredor Mediterráneo es sin duda la estrella en los programas. PP, PSOE y Ciudadanos se comprometen expresamente con su finalización, mientras que Unidos Podemos no incluye ninguna referencia directa al mismo. Sin embargo, la formación morada promete un plan de inversiones en el trazado Teruel-Zaragoza-Sagunto.
La formación que lidera Mariano Rajoy no se baja del AVE. Al contrario, los populares mantienen su apuesta por extender la red ferroviaria de Alta Velocidad, pero prometen fomentar un mayor uso con una política tarifaria "accesible para todos los ciudadanos", especialmente para los jóvenes.
Sin embargo, los populares se comprometen a que las nuevas infraestructuras "satisfagan de forma sostenible las necesidades reales de los ciudadanos". Con ese propósito, las actuaciones deberán estar precedidas de una evaluación de la "rentabilidad social y económica" de los proyectos.
En pleno aluvión de casos de presunta corrupción, a menudo relacionada con sobrecostes millonarios en contratos con las administraciones, el PP también asegura en su programa que mejorará la transparencia los mecanismos públicos de contratación de obras para que estas "finalicen en el plazo acordado y sin desviaciones presupuestarias".
La apuesta por el ferrocarril se concreta también en la adaptación de los principales corredores ferroviarios al transporte de mercancías y en la dotación del Fondo de Accesibilidad Terrestre-Portuaria -cofinanciado por los operadores portuarios- para mejorar los accesos por tren a los puertos. La semana pasada, la ministra de Fomento ya anunció una inversión de 77 millones de euros del Adif en el Puerto de Barcelona que indignó a los empresarios valencianos.
Primar la calidad frente a la cantidad o, tal y como los socialistas mantienen en su programa, se acabó aquello de "más y más cantidad de infraestructuras". El partido de Pedro Sánchez propone finalizar las grandes infraestructuras pendientes, pero adecuarlas a la "demanda real" a la "cohesión territorial y a la planificación definida en la Red Transeuropea, en la que se incluye el Corredor Mediterráneo, entre otros ejes. Todo ello "atendiendo a las posibilidades de financiación de la economía española".
Los socialistas quieren que el parlamento defina la estrategia a seguir en esta materia, que quedará recogida en un Plan de Transportes y sus Infraestructuras, con el objetivo de "garantizar la estabilidad de las actuaciones" independientemente del ciclo político. También proponen crear "Consorcios de Transportes" para el tráfico de mercancías en los que estarán representadas todas las administraciones y los sectores productivos implicados en la cadena logística.
Además, el PSOE plantea liberalizar el transporte de viajeros para abrirlo a la competencia privada según los plazos marcados por la Unión Europea, pero sin que ello implique la renuncia de Renfe Operadora "a prestar nuevos servicios rentables".
Culminar todas las grandes obras que estén iniciadas y paralizar todas aquellas que no hayan sido adjudicadas. Esta es la propuesta fundamental relacionada con las infraestructuras que plantea en su programa la colación de Podemos e Izquierda Unida. Además, realizarán una "auditoría de las grandes infraestructuras para clarificar la naturaleza de las decisiones de cada construcción y sus costes reales". Con ello, la coalición pretende establecer "responsabilidades" y evitar que se repitan los casos de "aeropuertos fantasma, autopistas de peaje vacías o iniciativas como el proyecto Castor de Castellón".
El acceso al transporte público estará garantizado, así como el derecho a la movilidad de todas las personas mediante "una tarificación especial o gratuita para la población en riesgo de pobreza y exclusión social, así como para los parados de larga duración". También propone paralizar las inversiones en el tren de Alta Velocidad, apostar por el de Cercanías -particularmente en Barcelona- e introducir "mecanismos de participación ciudadana" en las contrataciones de grandes infraestructuras, que incluirán variables de sostenibilidad social, ambiental y económica.
Entre las cuestiones de interés para la Comunitat, se comprometen a mejorar las comunicaciones entre el Cantábrico y el Mediterráneo "mediante un plan de inversiones en las líneas ferroviarias del trazado Teruel-Zaragoza-Sagunto", para potenciar la capacidad logística de Aragón y las relaciones comerciales entre el norte y el este peninsular.
La formación naranja propone un Gran Pacto por las infraestructuras y centrarse en obras "prioritarias" como el Corredor Mediterráneo, el Corredor Atlántico y las Autopistas del Mar.
A juicio del partido de Albert Rivera, ese es el antídoto a los años en los que la "falta de estrategia" y los "intereses partidistas" han provocado carencias en infraestructuras básicas "mientras tenemos aeropuertos sin aviones y trenes sin pasajeros".
Ciudadanos asegura que garantizará la "independencia real" de las grandes empresas públicas de infraestructuras "despolitizando su gestión" y que reorientará la inversión en infraestructuras "hacia la innovación y el capital humano".
Además, plantea reforzar las medidas de seguridad en todos los sectores de transporte e incorporar sistemas avanzados en líneas de Alta Velocidad ferroviaria.
