Los sindicatos de la Diputación anticipan que presentarán alegaciones al documento y advierten de que no se les ha tenido en cuenta
VALÈNCIA. El PSPV sacó adelante este martes junto a su socio, un silencioso Compromís, el dictamen con el que se inicia la disolución de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia. La comisión especial para la transformación del sector público de la corporación aprobó el documento con los dos únicos votos a favor de los partidos que conforman el equipo de Gobierno. Mientras, el PP y Ciudadanos se posicionaron en contra, y La Vall Ens Uneix (formación que lidera el expresidente de la corporación Jorge Rodríguez) y Vox se abstuvieron.
Desde la Diputación destacaron posteriormente en un comunicado que contaba con las aportaciones y el respaldo de los sindicatos, aunque los aludidos aclararon, en conversación con este periódico, que "serán los de Divalterra, pero no los de la Diputación". De hecho, confirmaron que van a presentar alegaciones al dictamen los próximas días una vez abierto el plazo.
"No nos han dicho nada. Ni negociación, ni reunión ni documentación que tenemos pedida desde hace tiempo. No tenemos ni un papel. Formularemos alegaciones y si no se nos tiene en cuenta iremos al contencioso. La transparencia y la democracia brillan por su ausencia. Las prácticas de nuestro presidente son caciquiles", comentan desde Intersindical.
En el transcurso de la comisión estuvo presente la detención del director de los servicios jurídicos y de prevención de riesgos penales de Divalterra, José Luis Vera, en el marco del caso Azud. No únicamente en boca de la oposición, sino en la del representante de La Vall, partido que fundó el actual alcalde de Ontinyent cuando dejó el PSPV por su implicación en otra causa de supuesta corrupción, la de Alquería. Una situación que da cuenta de las tensiones internas que todavía colean a raíz de la gestión de esta empresa pública y del procedimiento judicial por el que Jorge Rodríguez se sentará junto a su equipo en el banquillo. Y en el cual, precisamente, Vera ha sido uno de los testigos claves para la Fiscalía a la hora de sostener su acusación.
Con la disolución de Divalterra, los 600 brigadistas pasarán al Consorcio Provincial de Bomberos y el resto de personal –entre ellos Vera– se integrará en la Diputación. Por lo que el diputado de este partido preguntó sobre si la indemnización de Vera en caso de despido –sigue en todos sus puestos por el momento– sería la misma. A lo que el secretario de la corporación, Vicente Boquera, informó de que sí.
Posteriormente, tanto este último como el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, dieron cuenta de varias rectificaciones del dictamen. Entre ellas, la que los sindicatos habían reclamado para que el área jurídica de Divalterra –la que ocupa Vera– se integrara de forma conjunta en la de la corporación y no por separado.
Gaspar señaló que le hubiera gustado que el documento que inicia la disolución de la empresa saliera adelante de manera unánime, aunque hizo valer su mayoría como Gobierno para lograrlo. Algo que apoyó Compromís como socio pese a que su silencio ha sido la posición dominante durante los últimos meses respecto a todo lo que ha ocurrido en Divalterra. Desde la polémica sobre la elección de la jefa de Recursos Humanos que intentaron revocar cargos del PSPV hasta el hecho de que no se haya apartado todavía a Vera de sus puestos directivos. Ayer, nuevamente, y ante el dictamen, Gaspar asumió el papel protagonista en el proceso y Compromís evitó intervenir.
El documento pasará ahora a pleno y luego a la Junta General de la empresa, cuya convocatoria pidió la oposición a raíz del caso Azud. Además, la comisión especial para la transformación del sector público pasará a ser permanente y dejará de presidirla Gaspar. Unos plazos que denotan el acelerón que se quiere dar a la disolución de Divalterra con escándalos que no cesan.
Desde el PP fundamentaron su voto en contra en que se produce en un momento en el que hay procedimientos judiciales en marcha que afectan a la empresa. El portavoz popular en la comisión informativa especial para la transformación del sector instrumental de la Diputación de Valencia, Ximo Segarra, indicó que está en contra de que se aborde este procedimiento. "Vemos mucha rapidez ahora", indicó. Así, expusieron tres razones. La primera, "que la citada empresa cuenta con superávit, por lo que no hay un motivo económico para abordar su cierre y también está cumpliendo con su objeto social". La segunda, que el dictamen "adolece de una motivación que justifique la asunción de esta decisión, por lo que hay argumentos a favor para seguir con su actual estructura". Y la tercera, que hay procedimientos judiciales en los que se halla inmersa Divalterra y que el grupo popular advierte de que "no sabe cómo van a quedar".
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, defendió que "no se puede avanzar en al disolución de la empresa mientras siga como responsable de asuntos jurídicos y prevención de riesgos penales José Luis Vera". "No tiene ningún sentido que sea el encargado de realizar informes y asesorar a la empresa cuando está siendo investigado en una presunta trama de corrupción", remarcó. En su opinión, "la solución ha de pasar necesariamente por apartar a Vera". Además, criticó, "se nos ha presentado un documento de los sindicatos anexo al dictamen en la misma comisión sin tener tiempo para estudiarlo".
El dictamen solicita al Consorcio Provincial de Bomberos que asuma la gestión del servicio provincial de prevención de incendios forestales mediante las Brigadas Forestales. Mientras, tanto la Diputación como el Consorcio de Bomberos continuarán prestando los servicios que en la actualidad asume Divalterra, con la misma infraestructura y plantilla de la empresa. Se establecerá una fecha de aceptación en la cual tendrá lugar la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de la empresa al ente provincial y el Consorcio, así como el personal, vehículos, equipamiento informático, material de oficina y mobiliario de carácter inventariable.
En el documento se informa también de que la Diputación financiará íntegramente el coste del servicio que asuma el Consorcio Provincial de Bomberos. La hoja de ruta incluye la propuesta a la Junta General de Divalterra de la disolución de la sociedad, que lleva aparejado el nombramiento de los liquidadores que gestionarán los servicios de la actual mercantil hasta la fecha de aceptación definitiva en la que la Diputación y el Consorcio asuman todas las competencias.
En cuanto a la corporación, se hará cargo de la promoción turística de la provincia de Valencia, de la que hasta ahora se encargaba el Patronato desde Divalterra; de la información territorial que se ofrece a los ayuntamientos a través de la herramienta ‘Geoportal Dival’; de la coordinación y dinamización de la Red de Agencias de Desarrollo Local de la provincia; del servicio de comunicación y el registro de documentos de Divalterra; y del asesoramiento jurídico, transparencia y protección de datos de la empresa pública.
Por su parte, el Consorcio de Bomberos asumirá la gestión directa de las brigadas forestales y de los más de 500 empleados que realizan trabajos de silvicultura y prevención de incendios, bajo un mando único que ya venía tomando las decisiones en materia de prevención y extinción de incendios.
En la fecha en que se determine la asunción de funciones, la Diputación y el Consorcio se subrogarán en todos los convenios de colaboración, contratos y acuerdos suscritos por la mercantil Divalterra, y asumirán los contratos temporales de obra y servicio del personal laboral que se encuentre en esta situación; asimismo, los procesos de selección de personal que se hayan iniciado deberán finalizarse.