PSPV y Compromís escurren el bulto por ahora y aplazan la decisión sobre el secretario de la EMT

VALÈNCIA. Dos focos hay puestos sobre la EMT de València: por un lado, las interioridades del fraude de cuatro millones perpetrado contra el ente público; por otro, el cese -o no- del secretario del Consejo de Administración, Salvador Martínez Tarín, cuya relación empresarial con el cuñado del alcalde, Daniel Pérez, ha atraído muchas suspicacias.

Se trata de dos cuestiones independientes entre sí, pero el equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, formado por Compromís y PSPV, considera que ambas deben converger y recogerse en el informe de conclusiones que se redacte en la comisión de investigación sobre el fraude multimillonario. Una decisión que han acordado ambas formaciones y que evitará a los dirigentes municipales tomar una decisión ahora acerca de la continuación del secretario.

De hecho, las posiciones de la coalición valencianista y de los socialistas con respecto a Martínez Tarín se revelan contrarias. Mientras que la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, sostuvo tajantemente este lunes que introducirán en las conclusiones de dicha comisión el cese del secretario, el edil de Compromís y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, defendió el miércoles su trabajo durante los últimos años.

Un trabajo "esepctacular" gracias al cual, subrayó, la EMT ha ganado pleitos por valor de 100.000 euros desde que fuera contratado en 2015. Es por ello que el edil consideró que no procede prescindir de sus servicios, teniendo en cuenta además que Martínez Tarín ha organizado "el departamento de servicios jurídicos de la EMT que tampoco existía", concluyó. Declaraciones que desvelan una evidente falta de consenso en el seno del gobierno sobre el futuro del abogado.

En lo que sí se han puesto de acuerdo es en acatar lo que quede reflejado en las conclusiones de la comisión de investigación, que se redactarán cuando concluya, ya iniciado 2020. El gobierno municipal retrasará hasta entonces el posible emprendimiento de medidas contundentes, pese a que en la práctica el fraude y la existencia de un secretario externo no guardan ninguna relación.

Es más, el propio alcalde, Joan Ribó, preguntado por esta contradicción, admitió la falta de relación entre ambos asuntos y no ofreció ninguna explicación sobre por qué se ha retrasado la decisión hasta que concluya la comisión de investigación. Con todo, finalmente será así y el gobierno sorteará manifestar formalmente su desacuerdo en el Consejo de Administración.

Son múltiples los motivos que han esgrimido tanto la oposición como los socialistas para despedir a Martínez Tarín. Uno de ellos es que la EMT es la única empresa pública municipal cuyo secretario no es un habilitado nacional del Ayuntamiento de València, sino un abogado externo contratado. Asimismo, se trata de un contrato otorgado 'a dedo' -sin concurso público- y por el que el despacho de Martínez Tarín, SMT Asesores, ha facturado más de 220.000 euros por honorarios fijos y la minuta por servicios jurídicos adicionales.

Pero a ello se suma el vínculo empresarial entre el despacho de Martínez Tarín con el del familiar del alcalde, Abastos Abogados, que dio inicio en 2009 y que se reforzó en 2018 tras una ampliación de capital. La revelación de estos estrechos lazos han servido a PP, Ciudadanos y Vox para exigir con todavía más vehemencia el despido del secretario de la EMT y que sea sustituido por un funcionario.