Puerto Mediterráneo pedirá una indemnización millonaria a la Generalitat

VALENCIA. La resolución definitiva de la Conselleria de Obras Públicas para tumbar el macroproyecto de Puerto Mediterráneo irá directa a los tribunales. Los impulsores de este mastodonte urbanístico de un millón de metros cuadrados y 860 millones de inversión consideran que les han cambiado las reglas del juego a mitad de la partida, por lo que acudirán a la justicia en busca de una indemnización millonaria. ¿La razón? Según ha podido saber Valencia Plaza, la firma ya ha comprado el 50% de los terrenos al considerar que los informes favorables obtenidos hasta la fecha por parte de la Generalitat le garantizaban desarrollar el complejo comercial y de ocio.

La polémica se centra en la llamada 'zona de servidumbre' de la autovía CV-35, junto a la que se proyectó el complejo previsto en la localidad de Paterna. El secretario autonómico de Medio Ambiente y dirigente de Compromís, Julià Álvaro, explicó este jueves que la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de emitir el informe desfavorable contra el proyecto se fundamentaba -principalmente- en que el plano presentado por Intu-Eurofund contempla un margen de sólo 50 metros junto a la carretera, cuando la ley que regula este espacio fija el mínimo en los 100 metros. En efecto, las cifras de Puerto Mediterráneo son justo la mitad de las que marca la normativa, pero el asunto no es tan sencillo, según trasladan a este diario fuentes conocedoras del proyecto.

Los impulsores sostienen que caben excepciones a la norma general -tal y como también sucede con Heron City o la tienda de Bauhaus, complejos ubicados justo al otro lado de la CV-35 en los que tampoco se ha respetado la distancia de los 100 metros-, y que los informes favorables que han obtenido hasta la fecha -durante la legislatura del Partido Popular en la que se impulsó la Actuación Territorial Estratégica (ATE)- les permitían acogerse a esta posibilidad. Según esta tesis, la Generalitat, ahora en manos del PSPV y Compromís, ha cambiado de criterio en mitad del proceso dejando a la empresa en una situación de inseguridad jurídica, por lo que le exigirán responsabilidad patrimonial.

Preguntado al respecto por este periódico, Julià Álvaro replica que, en efecto, Heron City y Bauhaus también cuentan con una zona de servidumbre de sólo 50 metros, si bien agrega que la pastilla de suelo en la que se encuentran ambos complejos se proyectó antes de 2006, año en el que se estableció la ley vigente que obliga a reservar 100 metros. El secretario autonómico añade que a Intu-Eurofund "siempre se les ha dicho que eran 100 metros, desde el principio", y subraya que la empresa se negó a extender esta distancia "porque les restaba zona comercial".

La controversia es la misma con otro de los argumentos citados por Álvaro para tumbar el proyecto: el paso del barranco d'En Dolça por la mencionada zona de servidumbre, "que reduce todavía más los metros requeridos legalmente". En la misma línea, los impulsores del proyecto defenderán ante la justicia que los técnicos les dieron inicialmente el visto bueno al concederles un uso compatible con el barranco.

La empresa habría comprado el 50% del terreno bajo distintas fórmulas y tendría asegurado mediante opciones de compra y adhesiones cerca del 100%. Todo ello se habría cerrado con precio de suelo urbanizable, categoría que decaerá a rústico en cuanto se rubrique la negativa al proyecto -lo que provocará, en consecuencia, un significativo descenso de su valor-. La enseña, además, ha pagado intereses desde 2013 por un aval de 1,5 millones de euros exigido por la Generalitat y ha asumido otros muchos gastos relacionados con el desarrollo del proyecto.

En el disparadero desde el minuto cero

Como bien subrayó este jueves Julià Álvaro, el informe negativo de la Comisión de Evaluación Ambiental no es definitivo, dado que resta que se pronuncie al respecto la Conselleria de Obras Públicas. Sin embargo, preguntadas al respecto, fuentes del departamento de la socialista María José Salvador ya adelantan a Valencia Plaza que su resolución irá en la misma línea que la de la comisión, en la que cabe recordar que participan sus técnicos al 50%.

Tal vez esta ha sido la mayor sorpresa sobre el proceso, puesto que el PSPV, a diferencia de Compromís, sí había defendido el proyecto en varias ocasiones. La decisión de tumbar la ATE, sin embargo, se ha tomado por unanimidad, circunstancia que resta peso a la tesis de que se trate de una decisión política.

No obstante, también es público y notorio que la noticia ha sido toda una alegría en las filas de Compromís, que ha tenido el macrocentro comercial en el disparadero desde el minuto cero de la presente legislatura. El fuego se inició en la Conselleria de Economía, la que alberga las competencias de Comercio. "No se está por la labor de dar apoyo en este centro comercial. Eso sí, costará mucho y deberemos luchar todos juntos porque los lobbies de poder están ahí y ejercerán su presión", afirmaba el conseller Rafael Climent en julio de 2015.

El director general de Comercio todavía fue más explícito al respecto. "Si tuviera que firmar yo la paralización, la firmaría. No es el modelo de desarrollo comercial que nos gusta y vamos a hacer todo lo posible por desarrollar un modelo comercial que nos guste. Puerto Mediterráneo no va a tener nuestra colaboración", afirmó Natxo Costa en las mismas fechas.

La propia vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, afirmaba hace hoy justo un año que Puerto Mediterráneo era "una barbaridad, insostenible e inviable", y dos semanas después volvía a cargar contra el complejo por alojarse en un área comercial ya saturada. "Donde se quiere instalar Puerto Mediterráneo ya hay centros que no chutan", dijo. El propio Secretario Autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro tildaba el proyecto de "el Terra Mítica del s.XXI" en una entrevista concedida a este diario, si bien añadía que se juzgaría con criterios exclusivamente técnicos -como ahora afirma que ha sucedido-.

UGT-PV lo lamenta, CCOO-PV lo celebra

Entre las reacciones, llaman la atención las diferentes visiones de los sindicatos mayoritarios. Mientras el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, -preguntado al respecto por Valencia Plaza- lamentaba "que no haya podido salir adelante por criterios técnicos un proyecto que prometía tanto empleo", su homólogo en CCOO-PV celebraba la decisión del Consell. "Estamos contentos. Veíamos un claro impacto negativo en el comercio y en la hostelería local, que habría supuesto la pérdida de puestos de trabajo", afirmaba Paco Molina.

Con palabras de resignación, el alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo -firme defensor de Puerto Mediterráneo- rogaba a la conselleria de Medio Ambiente "que argumente debidamente el rechazo a este proyecto para garantizar la seguridad jurídica y no perjudicar a nadie". No quiso ir más allá en su crítica el dirigente, sabedor de que su partido, finalmente, respalda esta decisión a nivel autonómico.