VALENCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció este jueves que el Gobierno valenciano se verá obligado a subir "algunos impuestos" por "responsabilidad" a la hora de elaborar los Presupuestos de 2017. El jefe del Consell deslizó esta decisión en respuesta a preguntas de los medios de comunicación sobre la polémica generada por sus declaraciones del miércoles respecto a los "beneficios fiscales" que dispone la Comunidad de Madrid. "Hay que acabar con los paraísos fiscales en España", llegó a afirmar Puig.
Unas palabras que no tardaron en ser respondidas por su homóloga madrileña, la popular Cristina Cifuentes, quien además de rechazar la citada etiqueta paradisíaca acusó al presidente valenciano de "esquilmar" con impuestos a los ciudadanos de la región "para que paguen absolutamente todo".
Puig, acompañado por la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, no se arrugó por el enfrentamiento y en su comparecencia ante los medios, preguntado por Madrid y por el cupo vasco, reiteró sus palabras respecto a la "asimetría fiscal" que se vive en España. "Es evidente que en estos momentos tenemos que subir algunos impuestos y cuadrar los presupuestos porque somos responsables, y otros han decidido no hacerlo. Entre otras cosas porque tienen mucho más recursos, mucho más apoyo del Estado y más capacidad para poder desarrollar su proyecto político sin las exigencias que nosotros tenemos".
Sobre el proceso de elaboración de los presupuestos, Vicent Soler criticó que el no disponer todavía de referencias para su elaboración como las reglas de gasto o el techo de déficit que el Gobierno central aún no ha concretado es una dificultad añadida. Por ello, Hacienda trabaja sobre la lógica de un cuadro macroeconómico parecido al de los presupuesto de este año, lo que obligará a incluir de nuevo los 1.300 millones de ingresos que, según ha dicho, "no tienen nada de ficticios", sino que los valencianos "tienen derecho a tenerlos".
A juicio del jefe del Consell, España debería avanzar a una armonización fiscal básica. "Eso no quiere decir que, evidentemente, cuando haya un modelo de financiación justo cada uno pueda tener su responsabilidad fiscal, pero no referido a los servicios públicos fundamentales", explicó el presidente de la Generalitat. A pesar de que habló de una subida de impuestos, más tarde recalcó que “aumentar la presión fiscal como tal no es la voluntad de Gobierno”. Sin embargo, sí que reconoció una redistribución para aumentar la carga de aquellos que tienen más ingresos.
Puig resaltó que no todas las comunidades autónomas tienen las mismas posibilidades. "No puede ser que ninguna comunidad autónoma crezca en detrimento de otra", insistía, refiriéndose a Madrid. En concreto, subrayó que Madrid "vive una situación que no es comparable con el resto, porque el efecto capitalidad tiene un efecto económico muy importante", lo que provoca un dumping fiscal y eso "no es razonable"
Al respecto, apuntó que la Comunitat "tiene un grave problema a la hora de competir en algunos momentos", como el hecho de que tiene más de 40.000 millones de euros de deuda "responsabilidad del PP".
"Madrid y otras comunidades tienen unos beneficios fiscales que nosotros no podemos proponer porque no somos tan irresponsables como el PP, que ha hecho endeudar a futuras generaciones con impuestos que no hemos pagado hoy. "Eso es irresponsabilidad y carente de valor ético", recalcó.
Puig también anunció que el grupo de expertos creado por el Consell para asesorar en la reforma fiscal, liderado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de València (UV), Juan Martín Queralt, ya tiene un documento básico con el que trabajar.
La subida de impuestos en 2017 no es ninguna sorpresa, ya que cuando elaboró sus primeros presupuestos, el Consell ya anunció que el grueso de su reorganización fiscal se plasmaría en los siguientes. El principal cambio que el Consell tuvo tiempo de aplicar en 2016 fue la subida del impuesto de patrimonio, del que se redujo el mínimo exento de 700.000 y 600.000 euros y se revisó la escala para captar 29 millones de euros adicionales.
Ahora el margen de maniobra es algo más amplio. El Consell ha tenido tiempo de fijarse en la política impositiva de otras comunidades para estudiar su posible aplicación en la Comunitat y de contar con el asesoramiento del grupo de expertos. Entre las posibilidades que se han barajado en los últimos meses están la posibilidad de introducir una tasa turística, un impuesto que el Consell solo prevé si pacta con el sector y que tendría carácter finalista, o de gravar el consumo de bolsas de plástico.
Pero donde el Consell centrará la reforma de los tributos propios y cedidos será previsiblemente en impuestos en los que aún tiene margen y pueden tener un impacto relevante sobre la recaudación, como el de Sucesiones y Donaciones, uno de los impuestos que tiene una bonificación mayor en la cuota, en concreto del 75%.
Tal y como reconocía la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, en una entrevista con Valencia Plaza, una rebaja de esa bonificación del actual 75% al 50% implicaría una recaudación adicional de 83 millones de euros.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal