Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo 28 de mayo dieron una clara victoria al PP en la ciudad de València. Con 13 escaños y más de 151.000 votos, su candidata María José Catalá se convertirá en la próxima alcaldesa de la capital el 17 de junio, fecha marcada en el calendario para la constitución de todos los consistorios y en la que está previsto que el actual alcalde en funciones, Joan Ribó, le ceda la vara de mando.
Desde ese momento, no solo se producirá un cambio de gestores al frente del Cap i Casal. También está previsto que durante los próximos cuatro años, la ciudad viva un giro de 180º en las políticas municipales que se impulsen desde el consistorio con el nuevo equipo de gobierno. Esto es porque, en la mayoría de cuestiones, los modelos de PPCV y el bloque de izquierdas conformado por PSPV y Compromís que ha gobernado la ciudad los últimos ocho años son antagónicos: desde la ampliación del Puerto, hasta los impuestos, pasando por un cambio en las políticas de movilidad.
Estos son algunos de los cambios que se esperan en València para los próximos cuatro años. Siempre y cuando, eso sí, el Partido Popular cumpla todo lo prometido en su programa electoral.
La futura alcaldesa prometió en campaña electoral, y así se plasmó en su programa, una bajada de impuestos generalizada para que los valencianos paguen, en términos generales, 67 millones de euros menos en el año 2024. Esto se correspondería con una rebaja de un 20% del IBI o la bonificación al 95% de la plusvalía en el caso de transmisiones de negocios familiares. Pero también una bajada del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), especialmente al establecimiento de las grandes empresas en esta ciudad. Además, también contemplan una rebaja del impuesto de vehículos de tracción mecánica y tasa de alcantarillado.
En el caso del IBI, sin embargo, para que se produjera esta reducción, el Gobierno central debería abordar una serie de reformas legales para permitir que los ayuntamientos pudieran incentivar algunas bajadas a determinados colectivos. La idea de Catalá es que se puedan beneficiar de esta rebaja personas con discapacidad -que por ejemplo, han debido hacer reformas en casa para hacerla accesible-, pero también para vivienda joven. Sería una medida en la que la líder de los populares asegura que iría de la mano de homólogos como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
El Gobierno del Botànic la aprobó a finales de 2022, pero este tributo que grava las pernoctaciones turísticas se diseñó con carácter voluntario y municipal. Es decir, que aquellos ayuntamientos que quieran ponerla en marcha, podrán hacerlo. Y los que no, pues no. En caso de aplicarla, eso sí, no será antes de 2024.
PSPV y Compromís ya se comprometieron a cobrarla el año que viene, pero al haber perdido la Alcaldía, será el PP el que tendrá en su mano decidir qué hacer con ella. Y, María José Catalá ya ha avanzado que no entra en sus planes aplicar la tasa turística en la ciudad de València. ¿Sus razones para descartarla? Cree que es inoportuna con el actual contexto económico. No obstante, en un desayuno electoral con Valencia Plaza, no cerró la puerta a implantarla en un futuro.
De la misma manera, la edil se comprometió a aumenta la inspección de apartamentos turísticos ilegales. El bloque de izquierdas pretendía, si gobernaba de nuevo, limitar la implantación de este tipo de alojamientos turísticos por el fuerte impacto que tiene en el acceso a la vivienda para los vecinos de la ciudad y en especial para los jóvenes. Catalá no se pronunció en estos términos ni contempla limitarlos "por sistema", pues la premisa es permitir esta actividad económica. Aunque sí aumentaría la inspección para poner coto a los ilegales.
El PP de València quiere aprobar una licencia básica para proyectos estándar que permita reducir significativamente los plazos para que el Ayuntamiento otorgue permisos de obra, actividad y ambientales. Para ello, sin embargo, deberá reformarse la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) en Les Corts Valencianes, algo que debería plantear su propio partido en el Parlamento.
El planteamiento de Catalá pasa por unificar el departamento de licencias urbanísticas y licencias de actividad, además de revisar la ordenanza de edificación y de comunicaciones ambientales para intentar agilizar los trámites administrativos.
La ampliación norte del Puerto de Valencia ha sido una de las cuestiones que ha dividido más a los socios del tripartito en el Consell y del Gobierno del Rialto en el Ayuntamiento de la ciudad a lo largo de los dos últimos mandatos. El PP, sin embargo, ya plasmado en su programa de gobierno que agilizará todos los trámites para que pueda acometerse la ampliación, siempre y cuando se "protejan y regeneren las playas del sur". Por lo que podría ser una de las cuestiones que se pongan en marcha más pronto que tarde.
De la misma manera, Catalá quiere convertir La Marina en un polo de innovación y, para ello, propone un tipo diferenciado tributario para atraer a personas del sector de la innovación y el emprendedurismo en esa zona. Ahora bien, para ello primero se debe resolver la situación de interinidad en la que se encuentra. Partidaria de ampliarla, la futura alcaldesa es favorable a crear "un ente jurídico en el cual tienen que estar la Generalitat, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de València". Asimismo el PPCV también se comprometió a revertir la adjudicación de los Docks si este se destina a un almacén de datos.
En cuanto al plan de movilidad, Catalá promete en su programa la puesta en marcha de 8.000 nuevas plazas de parking en distintos puntos de València, además de aparcamientos disuasorios en los principales accesos conectados con transporte público. Las modalidades serían tanto subterráneos como en superficie. Además, se compromete a revertir el cobro de la ORA a mediodía y por la tarde, de manera que volverá a establecer la gratuidad de 14.00 a 16.00 horas y a partir de las 20.00 horas.
Su programa también se comprometía con mejorar las conexiones del área metropolitana para todas las personas que se desplazan a la capital para trabajar o consumir. ¿Cómo? Primero con una EMT propia y, después, una conexión con la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia mejorada. A falta de concretarse la fórmula jurídica, la idea es que la capital del Turia lidere un "organismo o comisión de la que formen parte todos los alcaldes de la área metropolitana" para trabajar en las conexiones. Para ello, harán un plan estratégico de movilidad y buscarán mejorar el transporte público con la prolongación de la Línea 10.
Por otra parte, la gestión de la Empresa Municipal de Transportes será revisada, dada la deuda que ha acumulado en los últimos años. Las propuestas para la EMT pasan por recuperar 15 líneas de acceso a Ciutat Vella, mejorar las frecuencias o electrificar las cocheras próximas al cementerio municipal; una medida con un ojo puesto en ciudades como Zaragoza o Madrid, que están valorando vehículos de hidrógeno verde.
Los populares han mostrado su rechazo frontal al cierre del túnel de Guillem de Castro, y en diferentes ocasiones han tratado de frenar el proceso de licitación del concurso, por lo que todo apunta a que será un proyecto susceptible de revisión por parte de los futuros gestores. Catalá, además, ha advertido en diferentes ocasiones durante la campaña que revisaría la ordenación del tráfico de la calle Colón con todos los informes de seguridad pertinentes. En el ojo del huracán se encuentra el segundo carril bus, al que tanto vecinos como comerciantes se han opuesto en más de una ocasión.
En cuanto a su modelo urbanístico, el PP también presentó su proyecto para el PAI del Grao: prolongar la Alameda hasta el mar -previamente sería necesario, eso sí, el soterramiento de las vías de Serrería que Adif lleva décadas posponiendo y cuyo primer estudio informativo todavía no se conoce porque la adjudicataria no lo ha entregado al Gobierno a pesar de que debía haberlo hecho antes de finalizar 2022-.
Una de las principales críticas del PP a lo largo de estos años ha sido la regulación del Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord en aras de mejorar los niveles de contaminación y descongestionar del tráfico rodado el casco histórico de la ciudad. Ante la elevada cifra de multas, los populares se comprometieron a "apagar" las cámaras del APR desde el primer día que llegaran al gobierno. Así que se espera como medida efectiva en sus primeros 100 días de gestión.
Por otra parte, el PP deberá asumir la regulación de la nueva ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El área de movilidad que dirija Jesús Carbonell tendrá que definir cómo afectará esta normativa cuyo fin es imponer restricciones a los vehículos contaminantes por imposición europea.
Entre otras cuestiones, esta ordenanza tendrá que responder a preguntas aún sin respuesta antes de finalizar 2023 (Europa obliga a tenerlo en marcha antes del 31 de diciembre de este año): cuándo entrará en vigor, qué áreas comprenderá en la ciudad o a qué vehículos afectará. De momento, los gestores actuales tan solo ha adjudicado el contrato del suministro, instalación y gestión de 274 cámaras que estarán repartidas por toda la ciudad.
Catalá tiene previsto, como primera "medida inmediata", construir 1.032 viviendas de protección oficial en las parcelas municipales de ocho barrios de la ciudad. ¿La fórmula? Que lo asuma todo el Ayuntamiento, o recurrir a la colaboración público-privada. También se ha comprometido a subir de 2,4 a 7 millones de euros la partida de vivienda de ayudas al alquiler joven, después de que el año pasado medio millar de personas se quedaran sin ella a pesar de cumplir los requisitos porque se acabó la partida que el equipo municipal dibujó en sus cuentas.
Por lo que respecta a la situación del Valencia y el futuro estadio, la edil ha evitado en todo momento comprometerse con medidas concretas. Consciente de la dificultad que existe para llegar a acuerdos con los dueños del club. Con todo, aunque se ha manifestado a favor de que se acabe el Nou Mestalla, es una incógnita la posición que adoptarán los populares en el plano urbanístico.
Catalá elaboró unas listas municipales de cara a las elecciones con perfiles de gestión en las que ya quiso evidenciar dónde situaría a las personas que formarían parte de un futuro equipo de gobierno.
Una de las incorporaciones más destacadas es la del abogado del Estado Pepe Marí Olano, que ocupará un área transversal en el consistorio denominada Grandes Proyectos. Sus funciones se centrarán, sobre todo, en deshacer nudos de asuntos clave de la ciudad. Los ejemplos claros son el Valencia CF, la Marina, la ampliación del Puerto o el soterramiento de las vías de Serrería, entre otros.
En cuanto a las áreas más concretas, los que parecen más claros son Juan Giner en Urbanismo; Jesús Carbonell en Movilidad, Santiago Ballester en Fiestas; José Luis Moreno en Cultura; y Paula Llobet en Innovación.
