VALÈNCIA. El estallido del caso Azud acaecido esta semana ha supuesto una operación policial en la que han acabado detenidos diversos empresarios y referentes políticos de PP y PSPV. Uno de los presuntos implicados en la posible trama urbanística es el jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra, José Luis Vera, a quien según las investigaciones se le atribuyen determinadas conexiones entre empresarios y dirigentes políticos.
Así, tal y como informó Valencia Plaza, la figura de este abogado -ejerció ocho años como magistrado sustituto- vinculado al PSPV ha emergido especialmente en los últimos años, pese a que siempre ha sobrevolado determinados círculos de poder de la formación socialista. Pareja de la histórica diputada María Antonia Armengol, ha participado durante años en la gestión de casos judiciales conducidos por el PSPV y formó parte del equipo de asesores del socialista José Manuel Orengo cuando era alcalde de Gandia.
Un grupo del que han formado parte otros referentes que, en la actualidad, son parte vital del núcleo duro del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como los secretarios autonómicos Alfred Boix y Andreu Ferrer o el subsecretario Emili Sampío.
No obstante, las relaciones de Vera dentro del PSPV se antojan más amplias. En julio de 2020, el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra consiguió reunir en un acto a diversas personalidades socialistas en torno a una exposición de sus pinturas con carácter benéfico. El dinero recaudado por la rifa de 16 de las obras sorteadas mediante boletos de diez euros, se destinaría al orfanato Betania de Costa de Marfil a través de los Carmelitas Descalzos de Valencia.
Una noble causa para un acto en el que intervinieron el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y el subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio. El primero, puede decirse que ha tenido una relación intensa con Vera especialmente en los últimos meses, con la aparente -y fallida- operación para situar a un candidato específico al frente de los Recursos Humanos de Divalterra. Tal y como destapó Valencia Plaza, tanto Vera como el presidente de la firma, Ramiro Rivera, con la permisividad de Gaspar, hicieron todo tipo de esfuerzos por retrotraer el concurso defendiendo el recurso de uno de los aspirantes, José Fambuena. Un movimiento que no salió adelante por el rechazo del Consejo de Divalterra y que terminó, nada más y nada menos, con el anuncio por parte de Gaspar de la disolución de la empresa pública.
Resulta curiosa, al menos así lo piensan varios dirigentes socialistas consultados por este diario, la parsimonia mostrada por Gaspar tras la detención de Vera. Mientras desde la Delegación del Gobierno se anunciaba el cese inmediato de Rafael Rubio al conocerse su arresto, desde la Diputación de Valencia no se aclararon de inmediato las decisiones a adoptar y, tras 24 horas, se anunciaba una reunión del Consejo el lunes para abordar la cuestión. En cuanto a Rubio, el otro de los intervinientes en aquella exposición benéfica, ha sido detenido por posibles mordidas donde precisamente Vera podría haber ejercido de intermediario.
Además, entre el público del acto benéfico, aunque con un papel coprotagonista, también estuvo exalcalde de Gandia, exasesor de Presidencia y también exjefe de Gabinete de la Diputación de Valencia José Manuel Orengo, ahora directivo en la empresa Baleària, cuya fundación también colaboraba con esta exposición de Vera. Es más, uno de los acuerdos respecto a la misma es que Baleària la llevará a diversos puntos de España una vez concluyera su paso por Cortes de Pallás, municipio del magistrado y pintor.
Toda una serie de conexiones entre el ahora detenido e importantes referentes del PSPV que, y esto es indicativo, de un tiempo a esta parte ya venían sufriendo cierta amnesia respecto al papel de Vera en la historia reciente de la formación socialista, así como en los últimos hechos relacionados con su gestión como jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra.