VALÈNCIA. El alcalde de València, Joan Ribó, anunció este lunes que el Ayuntamiento de València estudiará medidas concretas para incentivar a los bancos a mejorar el servicio con los clientes de avanzada edad, menos familiarizados con las nuevas tecnologías y que, a la postre, quedan excluidos de las tendencias que está siguiendo el sector para con el trato con el público.
El primer edil se reunió con Carlos San Juan, impulsor de la campaña Soy mayor, no soy idiota, que a través internet, reclama a los bancos más facilidades y accesibilidad para las personas mayores en los trámites bancarios. Así, la medida que estudiará el Ayuntamiento, y anunciada por Ribó, es "diferenciar la aplicación de la tasa a los cajeros automáticos entre aquellas entidades financieras cooperativas, que ayudan a la gente mayor, y las que no lo hacen".
Así pues, se trataría de aplicar bonificaciones en dicha tasa a los bancos que avanzasen en esta materia de accesibilidad, o bien un recargo a los que no lo hicieran. Una política que busca así dar estímulos para que el sector bancario tenga en cuenta este problema que cada vez afecta a más personas de la tercera edad, aunque también es cierto que la idea podría no contar con todo el respaldo jurídico necesario.
"Es una medida que va en la línea de lo que está trabajando el Ayuntamiento de València", explica el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, que preguntado por este diario explicó que se suma a otras ideas como la de priorizar en la contratación a aquellas entidades bancarias que cuenten con un mejor horario de atención presencial. En ese sentido, estas posibles bonificaciones o recargos son una herramienta "complementaria" para incentivar a los bancos.
Ahora bien, al parecer, habría que estudiar muy bien la aplicación de la medida anunciada. Preguntado sobre cómo se articularía en una futura modificación de la ordenanza fiscal del Ayuntamiento, Sanjuán explicó que tiene un "encaje legal más difícil" que otras iniciativas consistoriales que van en la misma línea y que por eso "se va a estudiar" para ver cómo se pone en marcha.
El gravamen al que se hace referencia grava, concretamente, el aprovechamiento del dominio público por parte de cajeros de entidades financieras ubicados en la fachada de establecimientos. Así pues, uno de los obstáculos técnicos y jurídicos podría residir en la complicación que implica aprobar bonificaciones a partir de un hecho que no grava la propia tasa. Es decir, justificar estos 'premios' o 'castigos' fiscales en base a algo ajeno a la propia tasa, como es la atención presencial que ofrecen las oficinas bancarias.
Así pues, la ordenanza fiscal en cuestión fija entre 670 y 790 euros aproximadamente la tasa anual que las entidades bancarias han de pagar por cada uno de los cajeros. Y explicita actualmente la norma que "no se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales".
Así pues, el consistorio deberá estudiar cómo poner en marcha la medida que, según dijo Ribó, "se trata de un paso concreto para que la banca entienda esta necesidad". Asimismo, el alcalde de València aseguró que el consistorio va a pedir "a instancias estatales que resuelva este asunto y que imponga una serie de obligaciones como servicio público que es".
El alcalde, además, señaló otras políticas municipales que van encaminadas en la misma dirección de "defender a los bancos amigables", como el programa de educación financiera para mayores organizado por la concejalía de Envejecimiento Activo, que dirige Pilar Bernabé, junto con la Universitat de València (UV) y el Banco Santander.