VALÈNCIA (EP). El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha anunciado este jueves que disuelve la Asamblea y convoca elecciones anticipadas para el 10 de marzo de 2024, después de las crisis política surgida por la dimisión de António Costa como primer ministro, en medio de un escándalo de corrupción que afecta a su Gobierno.
"He optado por la disolución de la Asamblea de la república y marcar elecciones para el 10 de marzo de 2024", ha anunciado Rebelo de Sousa al salir de una reunión del Consejo de Estado que se ha prolongado durante casi cuatro horas.
Durante su intervención, Rebelo de Sousa, que ha agradecido a Costa el "gesto elevado" que tuvo al presentar su dimisión de manera tan rápida, ha señalado que la propuesta de los socialistas de mantener el actual gobierno con un nuevo primer ministro interino no era la mejor solución para resolver esta crisis política.
Así, ha explicado que esta opción supondría poner al frente a "otro primer ministro no legitimado política y personalmente por el voto popular", habiendo además "el riesgo de que esta debilidad se traduzca en un mero aplazamiento de la disolución hasta un momento peor, con una situación más crítica e impredecible".
"Esa es la forma de la democracia, no tener miedo del pueblo", ha dicho, aclarando que Costa no será formalmente destituido hasta principios de diciembre, para poder así aprobar, antes de que el proyecto expire, los presupuestos generales de 2024, en pos de "la indispensable estabilidad económica y social" del país.
Rebelo de Sousa ha señalado que ha intentado "acortar al máximo" la fecha para programar la convocatoria de las nuevas elecciones, pero no ha podido ser así en parte porque el Partido Socialista necesita tiempo para elegir un nuevo liderato.
Finalmente, Rebelo de Sousa se ha decantado por la opción que más había estado sonando estos días y por la que los líderes de los partidos con representación parlamentaria abogaron durante la reunión que mantuvo con ellos este miércoles.
El martes, la Fiscalía registró las sedes de los ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente, así como algunas de las oficinas de la residencia oficial de Costa por presuntas irregularidades en la concesión de contratos públicos sobre explotación de yacimientos de litio y producción de energía limpia con hidrógeno.