El alcalde socialista de Riba-roja de Túria, Robert Raga. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE). El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria asumirá la gestión directa del PAI Vella 8 valorada en 1 millón de euros ya que la empresa adjudicataria no ha empezado las obras de ejecución desde el año 2006.
El pleno municipal ha aprobado una resolución de oficio de la adjudicación de la condición de agente urbanizador de la citada unidad de ejecución por los reiterados incumplimientos de la mercantil que debería haberlos llevado a cabo, a la que se ha acordado imponer una penalización de 24.383 euros por daños y perjuicios.
La resolución municipal se ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno del PSPV, además de Compromís y de Esquerra Unida-Podem y la abstención del Partido Popular y Vox, han informado fuentes municipales.
La sesión plenaria ha acordado la ejecución del aval bancario que depositó en su día la mercantil privada en virtud del convenio suscrito en su día por un importe total de 60.764 euros.
Asimsmo, ha dado luz verde a la aprobación de una garantía complementaria de la unidad de ejecución por un montante global de 21.237 euros a la empresa mercantil porque en su día realizó una retasación de las obras de actuación cuantificadas en un aumento de hasta el 26’65 % sobre el valor inicial con el beneplácito del consistorio, pero, en cambio, no se amplió la correspondiente garantía.
El programa de actuación integrada (PAI) Vella 8 fue adjudicado en diciembre de 2005 a través del correspondiente convenio urbanístico entre ambas partes y con el compromiso de la mercantil de ejecutar las obras en un plazo máximo de 3 años.
Para el proyecto de urbanización se concedía un plazo de un mes a contar desde la adjudicación y para el proyecto de reparcelación se otorgaban seis meses como máximo.
Como consecuencia del convenio, la empresa formalizó en febrero de 2007 sendos avales bancarios por valor de 8.381 y 52.383 euros, respectivamente, de forma que se alcanzan los 60.764 euros en total, tal y como consta en el convenio suscrito.
Sin embargo, en julio de 2008 una retasación automática de las obras que se debían llevar a cabo en la actuación con un incremento global del 26’65 %, si bien no se constituye una garantía económica complementaria al respecto.
Sin embargo, pese a la concesión de las nuevas cargas urbanísticas que pasaría a percibir la empresa en concepto de las obras de urbanización del PAI Vella 8, las obras no se han llevado a cabo y, aunque el Ayuntamiento requirió a la empresa en junio de 2020 para que aportase un plan de trabajo en un mes, nunca respondió.
Según los informes técnicos del Ayuntamiento, hay "una demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados por parte del urbanizador” y "una inactividad injustificada del urbanizador pese a los requerimientos por parte del ayuntamiento para la finalización de las obras".
Los mismos informes subrayan que no concurre "ninguna circunstancia ajena o causa de fuerza mayor que justifique los incumplimientos del urbanizador puesto de manifiesto, por lo que nos encontramos ante un incumplimiento culpable del urbanizador".
Por ello, se recoge la incautación de las garantías económicas depositadas en su día por el urbanizador, así como las garantías prestadas.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha lamentado que actualmente aún están resolviendo "todos los problemas heredados por la mala praxis del PP desarrollada durante la época del boom inmobiliario".
