VALÈNCIA. El futuro próximo de la antigua sede del Alinghi en La Marina vuelve a estar en el aire. El Ayuntamiento de València había cedido parte del espacio al servicio autonómico de empleo, Labora, para que ubicara allí un centro de orientación y emprendimiento. Pero lo hizo sin que el departamento autonómico tuviera el visto bueno de la Conselleria de Hacienda para arrendar el enclave. Y para más inri, ahora el Ayuntamiento va a anular la cesión aprobada en verano por reparos de los servicios jurídicos municipales.
El gobierno municipal aprobó el alquiler de esta zona sin concurso a Labora el pasado mes de junio. Lo hizo sólo con los votos a favor de Compromís, que controla también el departamento autonómico de Labora, y con la oposición de los concejales del PSPV, para quienes este enclave debe albergar empresas innovadoras y no oficinas públicas. Concretamente, se trata de la cesión de la planta baja y la primera planta del edificio -casi 2.100 metros cuadrados- para los próximos 30 años.
Sin embargo, se da la circunstancia que el alquiler no podía hacerse realidad todavía: Labora necesitaba la aprobación previa del área de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria de Hacienda. Aprobación que no ha llegado. Es más, a finales de septiembre, Patrimonio remitió un requerimiento a Labora para que subsanase faltas de documentación sobre el arrendamiento del espacio, pero este no ha tenido respuesta por el momento. De hecho, el contrato de alquiler todavía no se ha suscrito, según fuentes municipales.
Ni se ha firmado, ni se va a firmar próximamente. Porque la operación se ha topado con un nuevo obstáculo: los servicios municipales del Ayuntamiento de València han forzado al gobierno municipal, dirigido por Joan Ribó, a aceptar el recurso presentado por el Partido Popular. Lo cual implica, de facto, la anulación del arrendamiento aprobado a mediados de junio.
Los servicios jurídicos municipales exponen en su informe la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para señalar que las entidades locales deben regular el uso de sus bienes patrimoniales "de acuerdo con criterios de rentabilidad". Esto es, que la explotación de espacios municipales debe hacerse "teniendo en cuenta la oferta económica más ventajosa", aunque el precio no sea "el único criterio a tener en cuenta".
Según el mismo informe, y atendiendo a la normativa, sólo se puede hacer una adjudicación directa "por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación". Aspectos que no estarían lo suficientemente justificados en este caso para llevar a cabo la cesión directa de la antigua base del Alinghi, sito en La Marina de València, en favor del servicio autonómico de empleo.
"Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente", asegura el informe, que apunta que, "en todo caso, el usuario [Labora] habrá de satisfacer un precio que no podrá ser inferior al 6% del valor en venta de los bienes".
La portavoz del PP, María José Catalá, hizo público el informe de la asesoría jurídica este viernes y reiteró que la Marina "tiene que ser un poco de atracción de empresas, el barrio innovador por excelencia y las administraciones no pueden convertirlo en sedes de despachos para altos cargos". Además, calificó la operación como "una cacicada de Ribó".
Tras recibir este informe, fechado hace dos semanas, el gobierno municipal tendrá en cuenta el criterio de los servicios jurídicos y anulará la cesión, al menos por ahora. "Se estimará el recurso y se estudiarán las diversas opciones que permitan el aprovechamiento del edificio por parte del Ayuntamiento y Labora, dado el interés de las actividades que llevará a cabo en el edificio, situado en un entorno que se quiere fomentar como un polo de innovación y de creación de empleo", explican fuentes de Alcaldía.
En ese sentido, subrayan que la propuesta inicial era desestimar el recurso presentado por el PP porque "se entendía justificada la adjudicación directa por ser Labora un organismo público de la Generalitat para una finalidad de interés público en un entorno idóneo". Sin embargo, el último informe de la asesoría jurídica entiende lo contrario: "Se respetará su criterio", concluyen a este respecto.
Hay que recordar que el gobierno municipal ya tuvo que aceptar parcialmente el recurso del PP, pero solo en cuanto al tiempo de adjudicación del enclave. Esto es, atendiendo a la normativa vigente, sólo se puede ceder el espacio durante un período máximo de 30 años, sin posibles prórrogas hasta los 50 como habían aprobado los ediles de Compromís. Ahora, se aceptará el recurso al completo y se anulará la adjudicación.