Hoy es 15 de agosto
VALENCIA. La diputada del PPCV, María José Ferrer San-Segundo, ha alcanzado su objetivo. Si hace dos semanas lograba que dos enmiendas en materia de Derecho Civil Valenciano se incluyeran en la ponencia Social del 18º Congreso nacional del partido, este sábado consiguió que se aceptara la tercera, y posiblemente más relevante, después de mantener una intensa negociación con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El texto propuesto por San-Segundo reza lo siguiente: "Como elemento del Estado de las Autonomías descentralizado que defendemos, el Partido Popular apoya la capacidad normativa civil de las Comunidades Autónomas que la tengan reconocida en sus Estatutos aprobados por los parlamentos autonómicos y por Ley Orgánica de las Cortes Generales -es el caso valenciano-, desarrollando todos los cauces legales disponibles para que tal reconocimiento de competencia de los Estatutos sea efectivo". Eso sí, tocó añadir el apellido "con respeto a la Constitución" para que la enmienda fuese aceptada.
Así, el texto definitivo queda de la siguiente manera: "Como elemento del Estado de las Autonomías descentralizado que defendemos, el Partido Popular apoya la capacidad normativa civil de las Comunidades Autónomas que la tengan reconocida en sus Estatutos aprobados por los parlamentos autonómicos y por Ley Orgánica de las Cortes Generales, con respeto a la Constitución, preservando los elementos comunes entre todos los españoles, y desarrollando los cauces legales para que tal reconocimiento sea efectivo".
Con esto, el PP se compromete a tomar medidas a favor de la capacidad normativa de las comunidades autónomas en derecho foral. "Hemos mantenido hasta el final que la mención debía estar recogida en la ponencia, sin renunciar a defenderla. Es un paso y vamos a seguir trabajando. Es muy importante haber podido debatirlo en una ponencia nacional", señalaba San Segundo a Valencia Plaza. "Es un paso y hay que seguir trabajando. Evidentemente es mucho mejor haber vuelto con el sí y inclusión en la Ponencia, que con un no o sin haber hecho posible que el debate se suscitara a través de la enmienda. Todas las normas deben respetar la Constitución que esté vigente, y por eso se ha incluido en el acuerdo de transacción al ser una obviedad", zanjaba.
Esta era una importante batalla en la que el PPCV no quería dar su brazo a torcer. Y menos aún después de que el Tribunal Constitucional anulara las tres leyes valencianas en esta materia: Régimen Económico Matrimonial, Custodia Compartida y, parcialmente, la de Uniones de Hecho.
A diferencia de la primera enmienda, que se encontraba enmarcada en la ponencia de Administración Territorial, San-Segundo también registraba otras dos propuestas referidas al Derecho Civil Valenciano que se encuadraron en la ponencia Social.
La primera va destinada a que los cónyuges puedan declarar ante el Registro Civil o comuniquen telemáticamente desde las Notarías la opción sobre el régimen económico matrimonial por el que optan para que este pueda inscribirse de manera inmediata. De esta manera, se "facilita y agilizan los trámites", además de que se abaratan los costes; ya que desde que el TC anulase la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano en mayo, si un valenciano quiere casarse en separación de bienes debe inscribir su matrimonio en el Registro Civil y posteriormente volver para registrar las capitulaciones hechas ante notario.
La tercera enmienda que el PP ha aceptado en su 18º Congreso y que también se inserta en la ponencia Social versaba sobre las Uniones de Hecho. El PPCV detallaba en su enmienda la necesidad de "crear una legislación estatal de uniones de hecho", de manera que las comunidades autónomas que no tengan "atribuida, transferida o delegada la competencia" para legislar en esta materia, puedan apoyarse en una nueva ley.
Además de estas enmiendas, la diputada del PPCV presentó otras en el Congreso que también fueron admitidas. Una sobre "esencialidad" de la Justicia, proponiendo darle visibilidad en la agenda política y hacer un "esfuerzo extraordinario para aproximarla definitivamente al nivel de modernización" de otros servicios fundamentales.
Y la segunda, sobre Justicia Gratuita, en la que se pone en valor "el importante servicio de Abogados y Procuradores en el Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, y estudiando la inclusión de la Mediación" en su cobertura.