La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y la vicepresidenta, Carmen Calvo. Foto: POOL MONCLOA/BORJA PUIGVALÈNCIA. El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez enviará a la Comunitat más de 825 millones de euros a pocos días de las elecciones generales del 10 de noviembre. Se trata de los 365 millones que le corresponden del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario más otros 460 millones pendientes por la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación que el Ejecutivo ha retenido durante meses con el pretexto de encontrarse en funciones.
El Consejo de Ministros de este vienes aprobó, a menos ya de un mes de la repetición electoral, repartir en total más de 4.600 millones de euros que las comunidades llevaban reclamando en concepto de las mencionadas entregas a cuenta de 2018. Los fondos "se van a empezar a pagar en semanas", según aseguró a Valencia Plaza un portavoz del ministerio de Hacienda.
Mientras, los proveedores de la Generalitat que esperaban la aprobación de ese extraFLA que la ministra María Jesús Montero le prometió a Ximo Puig comenzarán a cobrar sus facturas atrasadas, más de 31.000, el 31 de octubre, último día hábil. Esa medianoche comienza oficialmente la campaña electoral.
Lo que a finales de agosto era legalmente imposible para el Gobierno, ahora se ha hecho realidad para alivio de las autonomías. En pleno acoso de las comunidades gobernadas por el PP, Montero se amparó durante semanas en un informe de la Abogacía del Estado para justificar el bloqueo de esos 4.600 que en circunstancias normales se habrían ido liquidando mensualmente.
Montero, que al principio incluso tuvo que admitir que ni siquiera tenía el informe de la Abogacía que estaba utilizando como argumento, justificaba el bloqueo de los fondos en la imposibilidad de aprobar las entregas por encontrarse el Ejecutivo en funciones y con los Presupuestos de 2018 prorrogados.
Desde entonces, una vez confirmada la repetición electoral tras la negativa del PP y Ciudadanos para que se abstenerse y facilitar la investidura de Sánchez, el Gobierno cambió el discurso y abrió la puerta a encontrar un resquicio legal para poder cumplir con las autonomías con el 10N a las puertas.
La ministra en funciones, que el próximo miércoles visitará València, se afanó este viernes en defender que no ha habido "cambio de criterio" y en destacar los esfuerzos de su Gobierno por encontrar una vía legal. "Desde el primer día buscábamos soluciones para antes de que terminara el año y especialmente diciembre, cuando se agudiza el problema de pago", destacó Montero.
En su comunicado oficial, el Ministerio de Hacienda también destaca haber "logrado el desbloqueo al demostrar la urgente necesidad de esta medida y constatar que la decisión no condicionará la actividad presupuestaria del futuro Gobierno".
Esos dos son los argumentos en los que, según se desprende de las palabras de Montero, se asienta un nuevo informe de la Abogacía del Estado sobre el mismo asunto que el Ministerio de Hacienda se niega a hacer público, como pudo comprobar este periódico. Según explicó Montero, al haber fracasado la formación de Gobierno y estar convocadas las elecciones, la actualización de las entregas a cuenta de 2019 ya no puede condicionar la actuación presupuestaria del Ejecutivo entrante "en el año en curso".
El segundo elemento relevante que ahora sí permite a Sánchez pagar mediante un Real Decreto-ley lo que debía a las autonomías es precisamente lo que algunas comunidades le han estado reprochando: la asfixia financiera a la que las estaba sometiendo mientras han existido expectativas de ser investido presidente.
Según explicó Montero, la no actualización de las entregas a cuenta "puede generar un problema de tesorería" en la parte final del año para las comunidades autónomas, lo que ahora hace que sea "urgente" el abono de estos anticipos. En su opinión, los recursos autonómicos "no deben ser las víctimas del bloqueo político".
Además de las autonomías, el Gobierno en funciones también ha acordado actualizar las entregas a cuenta delas entidades locales que alcanzan los 821 millones de euros.
"Es la primera vez que el Ministerio de Hacienda actualiza las entregas a cuenta sin tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado del año en curso y, además, estando en funciones. Se trata de una medida que sienta un precedente y refuerza la autonomía financiera de las comunidades", subrayó Hacienda.
Pero las buenas noticias para comunidades y entidades locales –el "milagro", en palabras de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra– acabaron con el desbloqueo de las entregas a cuenta. Los casi 2.500 millones pendientes de pago a las comunidades por el cambio en el sistema de información del IVA de 2017 seguirán en manos del Estado.
Montero dijo esta viernes que ella misma ya había advertido de que sin unos nuevos Presupuestos no se podría pagar este desajuste del que culpó a Cristóbal Montoro. Por tanto, la Comuunitat Valenciana seguirá esperando el abono de los 280 millones que le corresponden por este concepto.
Por otro lado, Hacienda también informó este viernes de la estimación provisional de la liquidación del sistema de financiación de 2018, que es favorable a las comunidades y que se abonarán en 2020.
La liquidación definitiva, que refleja la diferencia entre las entregas a cuenta y lo que verdaderamente les corresponde a las autonomías una vez se dispone de los datos definitivos de la recaudación tributaria, pondrá a su disposición otros 10.955 millones, 4.837 más que en la liquidación del año anterior.
En el caso de la Comunitat serán 1.849 millones de la liquidación del sistema de financiación de 2018, 635 millones más que este año. La mejora se explica sobre todo por el aumento de la recaudación del IRPF y del IVA. Con esta información, el Consell de Ximo Puig ya dispone de uno de los datos esenciales que esperaba para poder elaborar el Presupuesto de la Generalitat, aunque el conseller Vicent Soler ha abierto la puerta a prorrogar las cuentas.
