El presidente de la Diputación de Alicante pide al jefe del Consell que abone la mitad del coste de la construcción de consultorios médicos en pueblos pequeños
VALENCIA.- El presidente del Gobierno Provincial, César Sánchez, ha propuesto al jefe del Consell, Ximo Puig, una colaboración al 50% para la construcción de consultorios médicos en la provincia, en la que también entrarían los ayuntamientos con la cesión de suelo donde edificarlos.
Así lo ha manifestado durante la entrega de la XX edición de los Premios AEFA (Asociación de la Empresa Familiar), en la que también ha apuntado algunos temas a tratar en la próxima reunión que mantendrán ambos dignatarios.
Sánchez ha manifestado que “desde el gobierno provincial, queremos crear una red de oportunidades, de colaboración y diálogo con la sociedad civil, con todos los actores económicos, sociales, productivos y empresariales. Estableceremos una comunicación fluida y constante con los protagonistas de cada sector, con fórmulas de colaboración entre el sector público y privado, trabajemos unidos para confeccionar las políticas que conviertan a nuestra tierra en una provincia inteligente, de oportunidades y bienestar”.
Con esta petición, el presidente de la corporación provincial le devuelve al jefe del Consell su petición de que esta financiara parte de los libros de texto para el presente curso escolar. Sánchez rechazó la propuesta de Puig, equiparándola con el 'cheque bebé' y planteó su propia medida: una política de ayudas universales "progresivas" en las que se atienda a las particularidades de cada familia.
En cuanto al próximo encuentro que mantendrá con Ximo Puig, el presidente provincial ha avanzado algunos de los temas que estarán sobre la mesa, como las inversiones para la provincia, proyectos para impulsar la economía o la defensa del Trasvase Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó.
Durante el acto, César Sánchez ha hecho entrega del premio de la Diputación de Alicante al empresario del calzado, José Soler Soler, del que ha destacado su larga y relevante trayectoria al frente del negocio familiar.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal