VALÈNCIA. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo ayer jueves al, hasta ese momento, subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y al exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau. Ambos se sitúan en el centro de una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de 'mordidas'. Entre los arrestados se encuentra también el jefe jurídico y de prevención de riesgos penales de Divalterra, José Luis Vera, la hija de Grau y el empresario Jaime Febrer, aparte de una decena de personas más.
La operación desarrollada por los agentes se trata de la segunda dentro del conocido como caso Azud, una causa abierta por los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias que todavía permanece secreta. La investigación se lleva a cabo desde 2017 en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y estalló en abril de 2019. Momento en el que se detuvo al considerado como principal investigado de la causa: el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, quien ingresó preventivamente en prisión, pero pocas semanas después fue puesto en libertad.
Según los investigadores, tanto él como su socio Diego Elum habrían cobrado hasta cuatro millones de euros en comisiones ilegales procedentes de contratistas del Ayuntamiento de la capital desde 2006. Es decir, una suerte de pago por su influencia en el consistorio para conseguir o mediar en adjudicaciones y que sirvieron para lucro personal. En esa primera parte de la operación también figuraban como imputadas la mujer de Corbín, Asunción Barberá, y sus tres hijas –una de las cuales fue recientemente fichada como asesora por parte de la portavoz del PP en el consistorio, María José Catalá, aunque su nombramiento efectivo se tendría que producir hoy viernes–. La sospecha es que Corbín no únicamente cobró en efectivo, sino en 'especie'. Concretamente, con pisos o con la adquisición de inmuebles muy por debajo de su valor real después de mediar en diversas recalificaciones y reclasificaciones de suelo municipal.
Una de las claves de esa conclusión fue la evolución de la facturación del despacho de Corbín detectada por la Agencia Tributaria. Notablemente alta en esa época de 2006, sufrió una caída en picado cuando el PP perdió el Ayuntamiento en 2015.
Las indagaciones siguieron su curso entonces y, debido a toda la documentación recopilada, la UCO procedió a la segunda parte de la operación con las detenciones de este jueves. Ahora, se trata de comisiones a cambio de adjudicaciones de infraestructuras en suelo público entre 2005 y 2010. Según avanzaron OK Diario y La Razón, Alfonso Grau llegó a cobrar alrededor de un millón de euros y Rafael Rubio unos 300.000.
Rubio, entonces concejal del PSPV en el Ayuntamiento de València, mantuvo numerosos enfrentamientos con su entonces adversario político Grau, mano derecha de Barberá y a quien durante cuatro años atacó duramente. El segundo, de hecho, llegó a denunciarle en abril de 2005 por una supuesta intromisión en su honor al revelar que era administrador de una empresa relacionada con actividades urbanizadoras. Sin embargo, se da la circunstancia de que a partir de ese mismo año Rubio rebajó sus denuncias políticas y habría pasado a formar parte de la trama en la que ahora se le incluye junto a Grau. Todo, al parecer, a través de José Luis Vera, muy relacionado desde siempre con los círculos socialistas y, en este caso, enlace entre el edil y el empresario Jaime Febrer, según sostienen los investigadores.
Este último, con un papel preponderante, era propietario de la mercantil Construcción Valencia Constitución, matriz de la que aparecen otras empresas dedicadas a los diferentes proyectos urbanísticos en la ciudad.
Los registros en domicilios y despachos de los arrestados se prolongaron durante más de diez horas y llegaron a requerir la presencia de un cerrajero para que abriese una caja fuerte en el domicilio de Rubio, que fue destituido de su cargo y suspendido cautelarmente de militancia del PSOE después de que trascendiera la detención.
Durante las próximas horas está previsto que se completen las detenciones, que también han tenido lugar en otras ciudades como Alicante y Ciudad Real, y algunas de las cuales afectan a empresarios. Todos tienen que declarar en diversas comandancias de la Guardia Civil y, posteriormente, pasarán a disposición judicial.