Transparencia y Podemos chocan con la Agencia Antifraude

VALENCIA.- Sin pactarlo con el resto de partidos con los que firmó el Acuerdo del Botánico, Podemos presentó la semana pasada su propio proyecto de la Agencia Antifraude en les Corts. La Consellería de Transparencia, con Manuel Alcaraz al frente -que quedó fuera también de esta consulta-  parece haberse puesto las pilas y entregó el pasado lunes a los grupos parlamentarios y al Consell el informe sobre las bases y las recomendaciones del organismo que luchará contra el fraude y la corrupción. 

Se trata de dos modelos de agencia similares, que tienen en común algo más que el nombre, pero que, sin embargo, se presentan por separado. Una iniciativa se presenta desde el parlamento valenciano y otra desde el Ejecutivo. De quién depende controlar al poder es la materia que divide a dos firmantes del Pacto del Botánico: Podemos plantea que la agencia se adscriba a les Corts, mientras que Alcaraz quiere una entidad adscrita al Ejecutivo. Incluso la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra se ha mostrado favorable a esta segunda inclinación.

La iniciativa que presentó el partido liderado por Antonio Montiel choca en algunos puntos con la propuesta de Alcaraz, quién lleva meses recopilando información y tratando con expertos la creación de uno de los organismos estrella del nuevo Consell y previsto en el Pacto del Botánico. El grupo morado plantea una Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunitat cuyo director sería elegido por mayoría cualificada -de tres quintos- en les Corts, a propuesta de la sociedad civil o de los grupos parlamentarios.

Mientras, la propuesta del Ejecutivo valenciano prevé que sea el Consell quien elabore una lista de candidatos y esta sea votada por la misma mayoría en les Corts. Además, esta propuesta sugiere una agencia independiente, pero que colabore con los organismos de la Generalitat como la Intervención General, la Inspección de Servicios, Les Corts y organismos del poder judicial como el Ministerio Fiscal.

El informe de Alcaraz no concreta cifras de personal, ni tampoco cuantifica los recursos económicos que necesitaría. Sí lo hace la propuesta de Podemos, que prevé unos 400.000 euros para iniciar sus actividades y una plantilla de 12 personas (11 más el director).

Respecto al mandato, Podemos plantea que el director ejerza por un período de cinco años prorrogable a otros cinco, algo que reduce la propuesta de Alcaraz, de mandatos no renovables de entre cinco y siete años que además no coincidan con el periodo de la legislatura, para evitar "que se vea afectada por los ciclos políticos".

Los puntos de encuentro

Más allá de a quién correspondería la elección de su director -asunto nada baladí-, el resto de diferencias son cuestiones de matices.

En materia sancionadora, la propuesta de Podemos contiene un apartado específico con un listado de sanciones y su calificación, así como prevé sanciones al corruptor que haya incurrido en soborno a un funcionario. Para este caso, se negaría la adjudicación de contrataciones públicas por un período de 1 a 3 años y la pérdida de toda posibilidad de acceso a subvenciones o ayudas públicas. En el informe de Alcaraz, sin embargo, no se habla de sanciones, aunque sí prevé que la Agencia pueda "adoptar medidas cautelares si, durante el desarrollo de las investigaciones, motivos fundados de eficacia de la investigación o de interés público lo aconsejen"

En cuento al ámbito de investigación, la propuesta de Transparencia contempla que  "la Agencia tendrá la potestad de acceder a cualquier información que se encuentre en poder de los órganos y organismos públicos, o las personas físicas o jurídicas incluidas en su ámbito de actuación" y añade que "en el caso de los
particulares, esta potestad sólo abarcará las actividades relacionadas con los
contratos y ayudas públicas que sean objeto de investigación por parte de
la Agencia, según su ámbito de actuación". 

Ambas propuestas coinciden en que el ámbito de actuación debería incluir a la administración pública, las universidades públicas, las actividades de contratistas y las entidades del sector público instrumental de la Generalitat, o que tengan atribuida la gestión de servicios u obras públicas. 

Sobre las universidades en concreto, la Agencia de Podemos prevé un apartado específico sobre «posibles casos de uso o destino irregulares de fondos públicos, así como las conductas contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho».

Ambas coinciden además en dotar de protección jurídica al denunciante. En el caso de la propuesta de Transparencia, se prevé además un buzón especial en los portales web de la Generalitat.