Retomo la cuestión de los pisos turísticos, de la que ya hablé hace aproximadamente un mes, por la actualidad de esta semana. La Generalitat ha ofrecido detalles del decreto con el que quiere mejorar la regulación de los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana; el ministro de Consumo Pablo Bustunduy ha visitado Dénia y Altea para interesarse por la cuestión y ha reclamado colaboración para luchar contra los apartamentos ilegales, y después por todo lo que se habla de turismofobia, a mi modo de entender, a veces de forma equivocada, o malintencionada.
En el anterior capítulo, ya lo comenté. Los apartamentos turísticos, el alquiler de corta estancia para fin vacacional, han existido siempre, y existirán. Aquí lo que ha cambiado es que antes eran los porteros de las fincas y las inmobiliarias quienes dominaban ese mercado, y ahora son las plataformas digitales quienes lo manejan. Los problemas de convivencia han existido, de manera puntual, en determinadas ciudades turísticas. Sobre todo, en los meses de verano, por turistas incívicos que han pensado que estar en España es (era) sinónimo de tener barra libre para hacer lo que les viniera en gana.
Desde la proliferación de los apartamentos turísticos, lo que pretende la administración autonómica es que sean una actividad legal e identificable. Y además, con el nuevo decreto del departamento de Nuria Montes, lo que se busca es que sea un producto turístico, que cumpla unos estándares de calidad. Y en eso deberían estar todos los agentes implicados, y a ser posible con la mayor profesionalización posible: es un producto que se alquila, por un tiempo; debe presentar todas las garantías. Como quien compra un coche o compra un producto farmacéutico. Y ante cualquier problema que pueda surgir, que exista un servicio profesionalizado que lo resuelva. Ahora, la novedad que introduce Montes es que el ayuntamiento, la administración más cercana, también pueda tener la potestad, si así lo requiere, de multar o sancionar a quién no cumpla con la autorización y condiciones del servicio (además de los problemas de convivencia que pueda generar, que en eso, creo yo, le corresponde a la Policía de turno actuar). El Gobierno, por su parte, pugna porque la autorización de un apartamento dentro de un edificio tenga el respaldo de la mayoría de los propietarios.
Creo que en todo eso la mayoría está de acuerdo: actividad legal y regulada. Aquí el problema, y ahí es de dónde viene la perversión de la palabra turismofobia, es cuando la actividad de los apartamentos turísticos impacta las formas de acceso de la vivienda de primera residencia, y en todas sus derivadas: precios del alquiler, precios de la vivienda y locales comerciales, saturación/concentración de comercios de restauración y/u ocio… Es decir, una cosa son las molestias que genera el turismo de su propia actividad por masificación o incivismo, que siempre ha existido y de forma muy localizada (Magaluf).
Y otra, bien diferente, es cómo el turismo transforma barrios (turistificación) o determinadas zonas de la ciudad por el empuje de grandes corporaciones económicas (que compran bloques enteros para convertirlos en apartamentos), o porque —como dije hace un mes— muchos avispados convierten sus viviendas en inmuebles turísticos en un mismo edificio convirtiéndolo en un hotel (sin servicios), o en espacios de trabajo (también sin servicios), a tiempo parcial. Ahí está el ejemplo de los nómadas digitales, que comenzó como un mercado atractivo, que venían con sueldos altos y distorsionaban el mercado, y que ya comienza a tener detractores, incluso en forma de legislación para evitar su impacto. Portugal, por ejemplo, los está combatiendo.
Así que a la actividad legal y regulada, hay que ponerle ubicación o delimitación. Como los polígonos (para las industrias), las parcelas dotacionales (colegios, centros de salud, residencias), o las hoteleras… sólo la demarcación de qué se puede hacer en cada sitio pondrá coto a este movimiento que algunos llaman turismofobia, pero que es turistificación, pues no deja de ser una compra de bienes por derribo ejecutada al más puro estilo darwinista: y el que venga detrás que se apañe. Y eso no trae consecuencias buenas para una ciudad. Uno de los exponentes lo tenemos ahora en Málaga con la última manifestación donde salieron 15.000 personas a la calle contra la turistificación.
Los hoteleros también son conscientes de ellos. Exceltur, en sus últimos informes, también advierte de los peligros de que su actividad no implique al resto de sus entornos y a sus ciudadanos. Y ese es el dilema: saber distinguir entre turismofobia y turistificación, pues a la vista está que no son los mismos. Y por lejos que se den, no hay que perder de vista estos fenómenos.