Un contratista declara que dio dinero "a fondo perdido" al organizador de la campaña de Barberá

VALÈNCIA. Las declaraciones de los primeros empresarios que han acudido al juzgado que instruye el presunto ‘dopaje’ electoral del PP de València durante la campaña de 2007, dentro del caso Taula, no han servido de mucho y han aclarado todavía menos. Un grupo de estos empresarios supuestos aportantes de fondos para la campaña electoral del PP municipal acudió este viernes a declarar en calidad de testigos al estar, según el magistrado instructor, prescritos los posibles delitos que pudieran haber cometido. 

De hecho, de los testigos citados, solo Ricardo Martínez Valls, presidente de Sociedad de Agricultores de la Vega de València (SAV), pudo declarar como testigo de primera mano sobre los hechos investigados, ya que es el único que estaba al frente de la empresa en esa época.

Los otros citados eran Vicente Prieto Añó, de Fovasa Grupo y Secopsa; José Luis de Quesada Ibáñez y José Luis de Quesada Soriano, de Pavasal y Pavasal Actividades, y Luis Batalla Romero, de Lubasa. El responsable de Lubasa no acudió porque, según ha podido saber Valencia Plaza, no le llegó la citación, por lo que declarará en las próximas semanas.

Ricardo Martínez, presidente de SAV, aseguró que dio "450.000 euros a fondo perdido" para un proyecto empresarial que debía atraer inversores extranjeros y promocionar el nombre de la ciudad de València, y "no para financiar" al PP de Rita Barberá. El empresario realizó estas afirmaciones en referencia al dinero que entregó a la empresa Laterne Product Council, empresa a la que el PP contrató por 150.000 euros para diseñar y realizar la campaña electoral de 2007 a la Alcaldía de València pero que, según la investigación, en realidad gastó cerca de 3 millones de euros que supuestamente provenían de empresas contratistas y de fundaciones públicas.

En los papeles de la empresa Laterne Product Council que Valencia Plaza entregó a la Fiscalía Anticorrupción y que motivaron que se ampliara la investigación del caso Taula al año 2007, las empresas citadas figuran en una lista como supuestas donantes de fondos a la empresa que organizó la campaña de Rita Barberá con un presupuesto muy superior a los 150.000 euros que recibió del PP. Entre esas cantidades, están las que aportó Secopsa, que presuntamente realizó dos entregas de dinero de 225.000 y 150.000 euros; Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que primero entregó 300.000 euros y después otros 150.000; Rulv Valencia (UTE de Secopsa), 100.000 euros, y Pavasal (dos entregas de 90.000 y 150.000 euros). Todas ellas eran contratistas del Ayuntamiento.

Niega la mediación de Alfonso Grau

El presidente de SAV, que aseguró haber perdido mucha memoria y estar medicándose por ello, explicó que sí mantuvo reuniones con el resto de empresarios que aportaron dinero para proyecto empresarial, pero negó que el entonces primer teniente de Alcalde y luego vicealcalde Alfonso Grau hubiera acudido a ninguna de dichas reuniones. Esta afirmación se contradice con la de alguno de los testigos extrabajadores de Laterne que, ante la Guardia Civil, aseguraron que Grau sí que acudió a esas reuniones.

Apuntalar este hecho es muy importante para los investigadores, ya que Alfonso Grau, el que fuera mano derecha de la exalcaldesa Rita Barberá, es ahora mismo el centro de la investigación por un presunto delito electoral, así como el supuesto autor de otro delito de malversación de caudales públicos.

En cuanto al resto de empresarios, sus testimonios poco o nada pudieron aportar, ya que unos no estaban al mando de la empresa en la época investigada, ya que eran sus padres, alguno de ellos ya fallecido. En un caso, el juzgado ha decidido llamar a declarar al empresario ya jubilado, para ver si aporta más luz al caso.

Pendiente quedó la declaración del responsable de Lubasa, Luis Batalla, cuya empresa ya admitió haber financiado al partido de la gaviota dentro de la trama Gürtel. Es más, admitió haber pagado dinero en B al PP de Francisco Camps en las elecciones autonómicas y generales de los años 2007 y 2008. Es por ello que fuentes de la investigación no descartan que vuelva a admitir su ayuda al ‘dopaje’ electoral del PP valenciano.

Un contrato de 392 millones

SAV fue adjudicataria en 2005 del concurso de recogida de basuras y limpieza viaria del Ayuntamiento de València por un período de 15 años y, en su caso, un importe de 392 millones de euros. Obtuvo la contrata de la zona sur, la mayor, con el 44% del total. Las otras dos fueron para FCC y la UTE Secopsa-Nagarés.

Como publicó Valencia Plaza, la Agencia Tributaria ya planteó dudas sobre la contrapartida obtenida por Laterne por los primeros dos pagos, de 60.000 y 90.000 euros, que le realizó SAV, razón por la cual le requirió en 2012 para que aportase "justificación documental acreditativa y explicación del concepto por el que en el año 2008 se abona".

SAV aportó dos facturas con los siguientes conceptos: "Estudio de mercado de la ciudad de València" (60.000 euros) y "Servicio de consultoría de marketing y comunicación. Estrategia general de marketing" (90.000 euros). Pero no aportó ninguno de los, sin duda, importantes documentos, a tenor de su precio. La Agencia Tributaria reclamó entonces "el contrato que en su caso se firmase con la entidad Laterne Product Council SL y documentación justificativa del trabajo realizado".

SAV entregó el contrato y expuso una rocambolesca historia para justificar el pago de los 150.000 euros, en cierto modo contradictoria con las dos factura aportadas días antes. Según la empresa, Vicente Sáez Tormo, dueño de Laterne -ya fallecido-, le propuso "entrar a formar parte de una mercantil -PMC- que tendría como finalidad, promocionar proyectos singulares para Valencia, lo que llevaba aparejadas una serie de actuaciones complementarias".