VALENCIA. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), bajo la dirección del catedrático Joaquín Maudos, ha emitido un informe científico al hilo de la creación de la futura ley que impulsará una nueva 'corporación valenciana de medios audiovisuales'. Este jueves se conocía el resumen del mismo, en el que un prolijo análisis concretaba que el presupuesto para una futura Radiotelevisión Valenciana sostenible es de 50 millones de euros anuales, una cifra capaz de crear 1.275 empleados entre puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos.
El estudio, difundido ayer por Presidència de la Generalitat Valenciana bajo el nombre El sector público audiovisual en la Comunitat Valenciana, marca un arco comparativo con el resto de radiotelevisiones públicas españolas. Aunque matiza que, "debería estar en consonancia con las actuales restricciones financieras", el punto presupuestario de partida se marca a partir del coste por habitante en las tres radiotelevisiones autonómicas con menores costes. No obstante, todo ello queda matizado ya que esos costes siempre han de tener en cuenta los ingresos que se obtengan y que pueden llegar a ser muy variables según los casos.
Con todo, pese a que el informe trata de marcar un punto de partida empírico del marco audiovisual estatal aplicable al caso valenciano, uno de los aspectos más reveladores del informe es la capacidad de destrucción para el sector que supuso el cierre de RTVV. Dicho de otra forma, la dependencia en porcentajes disparados que el sector audiovisual valenciano tenía de la televisión y -en menor medida- la radio públicas.
Los dos datos más agresivos de todos aquellos que el informe recopila a partir de servicios de estadística y registro oficiales son los de empleo y peso del sector en el total estatal. En el primero de estos casos podemos ver cómo de 2012 a 2015, el número de empleados del sector en la Comunitat Valenciana pasa de 6.792 a 1.085 (datos de la Encuesta de Población Activa). En tan solo tres ejercicios de distancia, los trabajadores del audiovisual se dividen casi por siete veces; el peso laboral del audiovisual valenciano en el ámbito del Estado pasó del 8,7% al 1,4%. Cabe añadir que el total de empleados de RTVV despedidos (apenas unas decenas han permanecido para realizar labores administrativas y técnicas de mantenimiento) era de 1.624.
Sin embargo, las empresas en 2015 según el Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE) era de 664, frente a las 932 de 2009, año con mayor volumen de compañías en el sector de la última década. La caída en estos años ha rondado el 20% en la Comunitat Valenciana frente al 16% de la media estatal, siempre según estos datos, que también reflejan como el 56% de esas empresas están conformadas sin asalariados (autónomos), mientras que 292 si los tienen. El informe indica que estas cifras reflejan "un sector atomizado, con un elevado porcentaje de autónomos".
El impacto en la economía de la inversión en el audiovisual
En el clarificador epígrafe del informe La importancia de la radiotelevisión pública valenciana como fuente de generación de impactos económicos, también se refleja cuál era el impacto de cada millón invertido por la Comunitat Valenciana en el audiovisual. Por cada millón de euros gastado de las arcas públicas, el impacto se traduce en un aumento de 2,1 millones de euros de producción, 0,9 millones de renta y la generación de 25 puestos de trabajo. Cogiendo como referencia la inversión de 2008 (264,4 millones de euros de gasto), la renta aumentó -siempre según los datos públicos- en 238 millones de euros y la producción de la economía en 555.
El informe no esquiva que las decisiones que se toman en torno a este tipo de corporaciones "no" son "puramente económicas", sino que también tienen en consideración cuestiones como "el fomento de la cultura, la lengua propia, la vertebración y cohesión del territorio, el desarrollo de la industria local, etcétera". Es curioso, en este sentido, cuál es el enfoque cuantitativo de algunas comunidades autónomas con respecto al gasto que merece su audiovisual público. Por ejemplo, Murcia destina 7,4 euros por habitante y año frente a los 56,7 euros del País Vascos, polos opuestos del mínimo y máximo dinero invertido desde las arcas públicas en este ámbito. Mientras que el estatal (RTVE) es de 20,4 euros, destacan por bajo Madrid (RTM; 10,6), Castilla y León (RTVCYL; 11,6) o Canarias (RTVC; 18,7) y Galicia (CRTVG; 39,2), Aragón (CARTV; 34,8) o Baleares (IB3: 31,0) por arriba.