VALÈNCIA. No convencen ni a unos ni a otros. Por segunda vez, el concurso público para la adjudicación del servicio de mantenimiento de alumbrado en València ha acabado en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. El organismo ha suspendido la licitación de forma cautelar tras el recurso presentado por los sindicatos CCOO y UGT, por lo que se mantendrá paralizado hasta que emita una resolución definitiva.
Se trata de una de las contratas importantes del Ayuntamiento de València, y se licita por unos 16 millones de euros para prestar este servicio durante los próximos cuatro años. Para comprender el recurso de los sindicatos, hay que remontarse a la primavera pasada, cuando se tramitaba el primer concurso de este servicio. Entonces, como informó este diario, la Asociación Nacional Empresas de Servicios Energéticos (Anese) y una compañía interesada recurrieron los pliegos por el anexo referente a las condiciones para que los adjudicatarios se subroguen en los derechos del personal que ya realiza este trabajo.
Consta de dos lotes, uno de ellos cubre la zona norte y el antiguo cauce del río Turia, así como los puentes y pasarelas sobre el mismo. El segundo cubre la zona sur. Señalan los pliegos que esta segunda área cuenta con una "mayor dificultad de la trama urbana", fundamentalmente porque incluye el casco histórico. Así, el personal se distribuye en estas dos áreas de trabajo a razón de 30 y 28 trabajadores respectivamente, en total, 58.
Según Anese, la subrogación obligatoria de los empleados no cumplía con la normativa de contratación porque, explica, sólo el convenio colectivo o el acuerdo de negociación colectiva de eficacia general puede regular dicha materia. Según el consistorio, el convenio sí permitía imponer la subrogación del personal. El entonces concejal de Contratación, Sergi Campillo, argumentaba que el sentido de la subrogación era "garantizar los derechos de los trabajadores" y que era importante facilitar a la nueva contratista "la disposición inmediata de ese personal experto [..] sin necesidad de períodos de formación".
Según el consistorio, la instalación del alumbrado de toda la ciudad es una red muy extensa y el dispositivo de personal de mantenimiento no es suficiente. Y en consecuencia, cambiar el personal podría ocasionar una "exposición a averías más tiempo del imprescindible, así como un posible deterioro innecesario de la instalación".
Finalmente, el Tribunal de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, acabó tumbando el concurso al fallar en favor de Anese subrayando que el convenio no fija la obligación de subrogarse en el personal, sino que "se remite al supuesto de que lo impongan los pliegos de licitación", y los pliegos, por normativa, "no pueden establecerlo de forma unilateral y autónoma". Una resolución que UGT y CCOO llevaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), cuestión sobre la que todavía no hay sentencia.
Con todo, el consistorio inició un nuevo procedimiento de contratación y rehizo los pliegos sin incluir esta cláusula de subrogación, pero los sindicatos también lo denunciaron ante el TSJCV, pidiendo la suspensión cautelar de este nuevo expediente. El tribunal todavía no se ha pronunciado al respecto y el Ayuntamiento continuó su camino burocrático hasta que, por segunda vez, sacó el servicio a licitación a principios de este mes de marzo.
Estos pliegos también han acabado en el Tribunal de Recursos. Consideran los sindicatos que el Ayuntamiento "no tiene potestad" para anular el primer procedimiento, dado que tras la suspensión definitiva decretada por el tribunal administrativo, la cuestión se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia todavía sin resolución. En este sentido, insisten en que hay que esperar a que llegue ese fallo para poder preparar un nuevo concurso.
Pero además, los sindicatos recurren ahora el hecho de que los nuevos pliegos no incluyan la subrogación. Aunque admiten que "el pliego de condiciones no es el instrumento idóneo para establecer la obligación de subrogar a los trabajadores", en la línea de lo que argumentaba el Tribunal Administrativo, insisten en que el Ayuntamiento se ha de acoger a la Ley valenciana para el Fomento de la Responsabilidad Social. En ella se dice que las administraciones públicas incluirán cláusulas para obligar a la contrata a subrogar al personal. También, UGT y CCOO refuerzan la defensa que inicialmente hacía el consistorio, apuntando a que el convenio sectorial sí permite la subrogación obligatoria si lo especifican los pliegos.
Huelga decir que la declaración del estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus ha obligado a la paralización temporal de todos los procedimientos administrativos, también las licitaciones. Pero ahora, además, el segundo concurso del alumbrado público de València permanecerá paralizado por este nuevo recurso. El Tribunal Administrativo deberá recabar las alegaciones del Ayuntamiento de València y decidir si finalmente estima los planteamientos de los sindicatos en su totalidad, parcialmente, o los desestima.
