VALÈNCIA. Ni está, ni se la espera. Así podría resumirse el estado de la reforma de la Ley del Consell del Audiovisual que los diputados del Botànic de la pasada legislatura se comprometieron a realizar en este mandato. Una modificación de un único artículo exigida durante su tramitación en Les Corts hace un año por Podem -en concreto, por su exsecretario general y ex síndic, Antonio Montiel- para cambiar el método de elección de los consejeros que finalmente todo parece indicar que no verá la luz a pesar de que era un compromiso adquirido.
En mayo de 2018 el Parlamento valenciano aprobó la ley que daba vida al Consejo del Audiovisual -órgano que debe velar por la calidad de la información que se emita en la nueva À Punt para que sea imparcial- en una sesión plenaria de alto voltaje. La formación morada, entonces fuera del Consell, planteaba como condición sine qua non para dar su apoyo a esta normativa del Ejecutivo valenciano que todos los consejeros que integraran el órgano (un total de siete) fueran designados por Les Corts. También reclamaban que el presidente del mismo fuera elegido por la Cámara y no por el president de la Generalitat, Ximo Puig, para garantizar su neutralidad y evitar así que el organismo estuviera mediatizado por el Consell.
PSPV y Compromís, sin embargo, no estaban dispuestos a aceptar este ultimátum y la validación de la norma peligró porque los morados amenazaron con no apoyarla si no eran atendidas sus peticiones. Si éstos la rechazaban, la normativa no conseguiría la mayoría de dos tercios necesaria para salir adelante y debería comenzar con su tramitación desde el inicio.
No obstante, para evitar el colapso, los tres partidos pactaron durante un receso celebrado en aquel pleno un texto intermedio en el que quedó plasmado que cinco consejeros serían nombrados por Les Corts y otros dos por el Consell, pero superando previamente un "examen de idoneidad". El presidente del Consejo del Audiovisual sería nombrado por el president de la Generalitat, pero también debería pasar previamente dicho control. Aún así, esa enmienda no llegó a votarse porque el PP se negó a firmarla a efectos de tramitación, por lo que Podemos cedió a votar a favor de la ley conforme estaba registrada desde el inicio con la condición de presentar esta propuesta de modificación al día siguiente.
Sin embargo, el "día siguiente" se convirtió en diez meses de retraso. Su señorías no retomaron su reforma a tiempo durante casi un año -a pesar de que tan solo se debía modificar un artículo- y el adelanto electoral decretado por Ximo Puig terminó enterrándola.
Con estos mimbres, la intención de los morados era que su nuevo grupo parlamentario, Unides Podem, retomara este compromiso en esta legislatura. No obstante, ahora han cambiado de idea y no quieren hacer matices sobre la ley aprobada en mayo de 2018. Consideran que deben poner en marcha cuanto antes el órgano y nombrar a sus consejeros porque "es más urgente". "Ahora mismo hay muchos organismos con sus miembros en funciones o en situación de interinidad porque debemos renovarlos y lo que tenemos que hacer con el Consejo Audiovisual es ponerlo en marcha", aseguran fuentes del grupo parlamentario a este diario.
Una decisión que ya han trasladado a sus socios en el Gobierno valenciano, PSPV y Compromís, para empezar a debatir y buscar posibles candidatos. Cabe apuntar que si hubieran decidido continuar con la reforma de la ley, socialistas, valencianistas y morados habrían requerido de dos tercios de los apoyos de la Cámara -67- para acometer cualquier cambio. El Botànic II apenas llega a los 52 escaños, con lo que habría sido necesario pactar con PP, Ciudadanos o Vox para que el cambio legal que planteaba Podem la legislatura pasada saliera adelante.
Para elegir a los consejeros, el tripartito apenas necesitará tres quintos de los apoyos de Les Corts; esto es, 60 votos, por lo que seguirá necesitando a la derecha para constituir el Consejo del Audiovisual.