Foto: GOOGLE MAPSVALÈNCIA (EP). La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha informado que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes el proyecto que permitirá acabar con "uno de los tapones urbanísticos de la ciudad", localizado en la entrada a València desde la V-31, a la altura de la Avenida Ausiàs March 113.
Gómez ha indicado que en esta ubicación existe un solar que invade la vía pública e impide la conexión de ambas partes de la calle, una situación que "obliga a los peatones a pasar por un espacio estrecho pegado a la autovía que acondicionamos hace poco para que pudieran pasar con seguridad y comodidad pero que era una medida provisional".
El proyecto, aprobado este viernes, permitirá abrir la calle y llevar la valla del solar a la línea de fachada del resto de edificios, para urbanizar la zona con amplias aceras, alcorques para incluir vegetación que dé sombra y actúen de barrera acústica con la autovía y nuevos pasos de peatones, ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.
"Seguimos trabajando para mejorar la movilidad peatonal en la ciudad y la accesibilidad universal, a la vez que mejoramos la calidad de vida de la personas", ha resaltado la vicealcaldesa.
En otro orden, ha explicado que la Junta de Gobierno también ha aprobado la tramitación de urgencia del expediente para la adjudicación del 'Acuerdo marco para la ejecución de las obras de demolición, conservación de las condiciones de seguridad, instalación de apeos, apuntalamientos u otras medidas excepcionales con carácter urgente, y las de vallado de las parcelas resultantes'.
Gómez ha resaltado que se trata de una contrata "muy importante", ya que "es la que se encarga en los casos en los que la amenaza de una ruina inminente ponga en peligro la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico".
También, ha añadido, se ocupa de garantizar la estabilidad y seguridad de los edificios, adoptar las medidas urgentes y necesarias para prevenir o evitar daños en los bienes públicos o a las personas, entre otras. La adjudicación de la nueva contrata se hará por un plazo de cuatro años, con un importe anual de 672.155 euros.
