VALÈNCIA. Poco a poco, el Ayuntamiento de València va desvelando la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El gobierno municipal de València, de PP y Vox, prevé aprobar este mismo mes la ordenanza que regirá para la ZBE, que permitirá restringir el acceso a los vehículos más contaminantes en determinadas zonas del cap i casal en función de los niveles de contaminación atmosférica. Una medida que, sin embargo, la concejalía de Movilidad quiere aplicar progresivamente, por lo que el primer año no habrá multas.
Al menos así lo explicó este viernes la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al anunciar que el gobierno local prevé llevar a la comisión de Movilidad de la semana que viene, y posteriormente al pleno del mes de junio, la nueva regulación para la Zona de Bajas Emisiones para cumplir así con los plazos que marcaba el Gobierno de España, cuyo decreto obligaba a regular esta herramienta antes del 29 de junio. Así pues, el consistorio lo hará ‘in extremis’ y la primera edil subrayó que la ciudad tiene “el compromiso” de cumplir con este asunto, al que obliga la Ley de Cambio Climático para las grandes ciudades.
En ese sentido, la alcaldesa aseguró que la normativa “pretende cumplir con la ley”, algo que, dijo, “siempre se ha hecho desde Valencia” y “no todas las ciudades españolas pueden decir que han cumplido en esto”. Todo ello en un acto de la Cadena Cope, donde aseguró que se avanzará en la aplicación de la ZBE “de forma progresiva”, teniendo en cuenta de que se trata de un proceso “en el que la gente tiene que poder planificarse”.
Así pues, en esa “aplicación progresiva” de las restricciones, aseveró que la idea es dar “un respiro” el primer año. De modo que en ese tiempo el Ayuntamiento de València no multará a los conductores, sino que aprovechará “para informar” de la existencia de las limitaciones, su aplicación y cómo se pondrán en funcionamiento, lo cual permitirá “planificar la economía de las familias”. “Yo no le voy a decir a una persona de València: el año que viene vas a tener que cambiar de vehículo”, se explayó la primera edil del Cap i Casal.
Cabe recordar que Vox, el socio del Partido Popular en el gobierno de València, se ha mostrado en contra de aplicar estas limitaciones al tráfico más contaminante, tal como ha evidenciado en numerosas ocasiones. Recientemente, su portavoz, Juanma Badenas, había recalcado no estar a favor "de ese tipo de medidas". "Lo que ocurre es que existe una vinculación presupuestaria con fondos europeos", explicó en ese sentido. Concretamente, se han recibido 10 millones de euros mediante los fondos Next Generation. Con todo, Badenas recalcó, eso sí, que los efectos de la ZBE deben ser "los mínimos de los mínimos: los más mínimos, más mínimos posibles".
Con todo, la alcaldesa reiteró que el gobierno local está "ultimando el trabajo" referido a las ZBE. "Estamos negociándolo con nuestros socios de gobierno", dijo al respecto, para añadir que Vox "está siendo totalmente leal a la Administración y a la institución" para avanzar en este asunto. "Sabe que nosotros lo necesitamos. Es una normativa que tenemos que aprobar y estamos trabajando para aprobarla", afirmó al respecto.
Lo que había hecho hasta ahora el gobierno local era transformar de manera transitoria, el pasado mes de diciembre, el Área de Prioridad Residencial existente en el centro histórico -el distrito de Ciutat Vella- en una suerte de pequeña ZBE. Pero faltaba adaptarla a toda la ciudad mediante una ordenanza. El texto, que pasará la semana que viene por comisión, todavía no se ha concretado, si bien fuentes municipales explican que no traerá grandes sorpresas sobre lo que ya se había dicho.
Para poner en marcha la ZBE, el Ayuntamiento de València adjudicó el pasado mandato un contrato para la instalación de 257 cámaras que controlarán las diferentes zonas en las que quedará dividida la ciudad, y que permitirán modular las restricciones en función de los niveles de contaminación. Y en la línea de lo que pide Vox, también el edil de Movilidad, el popular Jesús Carbonell, previó que habrá "un margen de maniobra amplio para no aplicar medidas restrictivas excesivamente relevantes".
A la postre, el medidor que se utilizará para modular las restricciones será la contaminación atmosférica, cuyos niveles "están por debajo de los límites marcados por la normativa europea", explicó Carbonell, y según reflejan los informes de la empresa adjudicataria encargada de poner en marcha todo el proyecto. El contrato adjudicado prevé dividir la ciudad en cinco grandes áreas.
Por un lado, el Área Norte 1 quedará delimitada por la marginal izquierda del río, la ronda norte y la fachada marítima -sin la UPV, que tendrá un área propia, el Área Norte 2-. El Área Centro comprenderá el espacio incluido desde la marginal derecha del río y la ronda interior -Colón, Xàtiva, Guillem de Castro-. El Área Sur 1 estará delimitada por la marginal derecha del río, la Avenida del Cid y la V-30 -sin el área centro-, a lo que suma Nazaret y Pinedo. Y el Área Sur 2 abarcará los barrios entre la Ronda Sur y la V-30.
La idea con la que trabajaba el anterior ejecutivo es crear tres grandes listas de vehículos: una blanca, otra gris y otra negra. La primera estaría conformado por los vehículos menos contaminantes según el etiquetaje de la DGT, y que podrán circular por toda la ciudad. Los calificados como grises, serían los más antiguos y que emiten más CO2, y que estarían afectados por las restricciones. Y los negros lo serán por seguridad: vehículos robados o que hayan tomado parte en delitos.