VALÈNCIA. Tres años después de que se presentara un borrador para el futuro desarrollo urbanístico en el sector que hoy ocupa el circuito de la Fórmula 1, el Ayuntamiento de València vuelve a tener este plano en frente. Esta semana la empresa municipal urbanística Aumsa anunció que había alcanzado un acuerdo con los propietarios privados sobre el reparto de las cargas urbanísticas -32 millones lo asumirán los dueños privados y los 10 restantes, la administración-, así que los trabajos para que el llamado PAI del Grao salga adelante se centran a partir de ahora en acabar su diseño.
Así, la firma municipal que preside la edil de Urbanismo Sandra Gómez y gerencia Alberto Aznar se centrará en "pulir" el planeamiento que ya se presentó en 2018 a modo de "borrador", según fuentes municipales. El pacto con los propietarios privados, -encabezados por una mercantil constituida por la compañía Atitlan, el fondo británico Hayfin Capital, la familia Martinavarro y el empresario Francisco Martínez- supone que hay parte de las obras de urbanización del circuito de la Fórmula 1 que no están ligadas a la urbanización del sector, de manera que esto podría implicar algún cambio en el planeamiento definitivo.
Pero uno de los aspectos fundamentales que queda todavía por determinar es el modelo de gestión del PAI. Los mencionados inversores controlan a través de la mercantil Valere Reoco el 40% del PAI, constituidos en Asociación de Interés Urbanístico. De ahí que pidan la condición de agente urbanizador a Aumsa, quien tiene adjudicada por ahora la gestión directa del desarrollo. El alcalde de la ciudad, Joan Ribó (Compromís), aboga porque la empresa pública mantenga la gestión directa del PAI. Esto es, que lleve a cabo las obras de urbanización necesarias y, más tarde, cobre lo que resulte a los propietarios de las parcelas.
Por su parte, el PSPV, con la concejala de Urbanismo a la cabeza, sostiene que el coste es el mismo haga quien haga las obras pero que si las ejecutara el Ayuntamiento, tendría que adelantar el gasto millonario de manera innecesaria. Además, sostienen que en ambos casos, el consistorio mantiene su capacidad de decisión sobre el nuevo barrio. Ahora, ambas almas del mismo gobierno local tendrán que acordar una postura común sobre un dilema que recuerda al que también se plantea en el PAI de Benimaclet.
Así pues, el modelo de gestión del desarrollo urbanístico, el planeamiento y la reparcelación del sector serán los próximos pasos a dar. Todo ello en paralelo a la disputa que Aumsa mantiene con la Conselleria de Vivienda, que encabeza Héctor Illueca, para determinar quién debe asumir los 10 millones de deuda que no abonarán los promotores privados.
El PAI del Grao se proyectó sobre lo que en algún momento fue el circuito de Fórmula 1 en la ciudad de València, y el desarrollo de los acontecimientos era simple: utilizar la pista como esqueleto de lo que posteriormente sería un barrio de viviendas de primer nivel, así como de servicios y otras tantas iniciativas que pudieran tener cabida dentro del nuevo planteamiento.
La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València suscribieron un convenio en 2007 en el que el gobierno autonómico dirigido por Francisco Camps se comprometió a adelantar los costes de urbanización -42 millones de euros- a cambio de que, más tarde, a la hora de llevar a cabo el desarrollo inmobiliario del sector, el Ayuntamiento devolviera ese dinero a la Generalitat repercutiéndoselo en forma de cargas urbanísticas a los propietarios.
Así, según Camps, el circuito "no tendría ningún coste para las administraciones públicas". Pero el tiempo ha pasado, y las circunstancias son otras: los dueños se han negado a asumir el coste total al detectar obras que no estaban directamente vinculadas al desarrollo urbanístico del PAI. Larga ha sido la negociación entre el Ayuntamiento y los dueños de las parcelas, pero finalmente ha habido acuerdo: ellos asumirán 32 millones y los otros 10 correrán a cargo de las administraciones valencianas.
Ahora bien, el Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda se encuentran ahora mismo sumidos en una nueva negociación para alumbrar un nuevo convenio para esclarecer, entre otras cosas, quién se hace cargo de ese dinero sobrante. En un principio, parecía ser que el consistorio estaba dispuesto a refrendar el pacto y asumir su parte. En este sentido, el propio alcalde de València, Joan Ribó, propuso saldar la deuda con la Generalitat 'en especie', con suelo, para que pudiera construir o bien servicios públicos o viviendas sociales. Idea que la Conselleria vio con buenos ojos.
Sin embargo, no opina lo mismo la socialista Sandra Gómez, quien en su momento ya advirtió que el Ayuntamiento "no debe pagar nada por el PAI del Grao". "Y menos en suelo público", zanjaba al respecto. En este sentido, matizaba que la institución interesada en promover el proyecto del circuito de Fórmula 1 fue la Generalitat Valenciana, quien decidió primero celebrar el Gran Premio y después cancelarlo, todo ello "unilateralmente". Así, consideraba que la institución interesada en construir el asfalto también tendría que ser la responsable de asumir la deuda que eso generó.
En este sentido, la conselleria de Vivienda ya se mostró reticente a la hora de aceptar que, tal vez, tendría que asumir el impago del dinero no satisfecho por los propietarios. Sin embargo, siempre han hecho de la "cautela" su bandera en este asunto, y por lo tanto evitaron tomar una decisión hasta el momento de saber a cuánto ascendía el montante. Eso ya se conoce desde este lunes. pero aún así, por el momento, en el departamento de Illueca siguen guardando silencio al respecto, y previsiblemente no habrá nuevos movimientos ni pronunciamientos hasta finales de mes.
