VALÈNCIA. Parecía que el proceso ya estaba concluido, pero la historia aún no se ha dado por cerrada para el espacio más discutido de la Marina de València. Valencia Innovation District SL, empresa creada para impulsar la oferta valenciana a la gestión de la antigua Estación Marítima, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación de la gestión a la compañía Fosbury & Sons. Así lo confirman desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde el juzgado número 2 ha admitido a trámite la demanda.
Fue en el mes de noviembre cuando la empresa especializada en coworkings se adjudicaba la gestión del recinto por 25 años para la puesta en marcha de un hub tecnológico. Lo hacía con su propuesta Valencia Innovation Bay, tras obtener una mayor puntuación en la parte económica con un canon escalonado. Sin embargo, la oferta respaldada por la Asociación Valenciana de Startups mostró reticencias sobre la formulación del canon presentado por la compañía belga y consideró que debía ser excluida del concurso por ello .
De hecho, sus impulsores ya interpusieron alegaciones previas y un recurso de reposición, que fue denegado por el consejo rector del Consorcio Valencia 2007 y que ponía fin a la vía administrativa. "Llegaremos a donde tengamos que llegar", señalaba en una entrevista a Valencia Plaza Ángela Pérez, CEO de Imegen y primera cara visible de Valencia Innovation District. Ahora, el proceso entra en la vía judicial. Entre los consejeros de la sociedad creada ad hoc para el concurso aparecen empresarios como Iker Marcaide, fundador de Zubi Labs o Enrique Calabuig.
Mientras el proceso seguía enredándose, este miércoles Valencia Plaza publicaba que Fosbury& Sons ya ha firmado el contrato con la Marina de València, trámite que la habilita para ponerse en marcha con el proyecto. Lo hacía tras cinco meses desde su adjudicación, que fue el pasado noviembre, muchos más desde que se diera a conocer el pasado agosto que era la oferta ganadora tras la apertura de sobres. Una licitación que sigue avanzando a pesar de que Valencia Innovation District solicitó en el recurso presentado por vía administrativa que suspendieran el proceso con el fin de que la empresa no acometiera una inversión que ascendería a casi 3 millones de euros y no se viera expuesta a indemnizaciones millonarias por incumplimiento de contratos de arrendamiento de espacio que pudiera suscribir.
Desde Valencia Innovation District no han querido hacer ningún comentario sobre la decisión de seguir adelante con los recursos ni de su contenido, pero parece evidente que las alegaciones manifestadas serán prácticamente idénticas a las planteadas en la vía administrativa. En el recurso presentado al Consorcio Valencia 2007 se cuestionaba legalidad del canon escalonado ofrecido por la compañía belga, que dividía en su propuesta la cuantía de los pagos en tres fases: del mes 7 al 12 un pago mensual fijo de 15.250 euros, el segundo año de concesión un importe mensual fijo de 20.950 euros y a partir del tercer año el importe mensual fijo ascenderá a 26.650.
A ésta sumaba un canon variable del 1% sobre los ingresos de Fosbury & Sons Valencia a partir del año fiscal 2020. Mientras, la oferta de Valencia Innovation District era de 15.833 euros mensuales durante toda la concesión. El recurso presentado por los impulsores de la oferta valenciana señalaba la imposibilidad de aplicar la fórmula matemática prevista en los pliegos para calcular el canon de forma directa, además de recalcar que el escrito de alegaciones no fue contestado ni tenido en cuenta en la resolución de la adjudicación.
"Que Fosbury's MOM NV presentara una propuesta económica más detallada en la información sobre el canon fijo mensual ofertado no resulta contrario a las previsiones del pliego", señalaban desde el consejo rector para denegar el recurso. Tampoco entendían que hubiera ningún problema con el porcentaje del canon variable. "El hecho de que el licitador que oferta el canon variable prevea la fecha de 2020, por el momento en el que concluya las reformas proyectadas, no puede considerarse contrario a las previsiones del pliego".
En el recurso desde Valencia Innovation District adjuntaron dos informes jurídicos emitidos por Rousaud Costas Duran (RCD) y J&A Garrigues que ratificaban las alegaciones presentadas inicialmente y concluían de forma idéntica que la oferta presentada por la adjudicataria no se ajustaba a los pliegos de la licitación por lo que señalaban que la oferta debía ser rechazada e inadmitida. Una argumentación que no les sirvió para que el consejo rector les diera la razón y que ahora tendrá que dirimir la justicia.
