VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València tiene previsto adjudicar próximamente el concurso para la cesión de suelo a la única promotora que se presentó al proceso. La firma, Nuevas Tecnologías de Financiación, ha sido propuesta como adjudicataria tras superar las valoraciones de la mesa de contratación, por lo que se le han solicitado las garantías oportunas antes de suscribir el contrato, que ha recibido sonoras críticas de los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, por los vínculos de la firma con el PP hasta el punto de que el asunto acabará en el Síndic de Greuges y la Agencia Antifraude.
El concurso público lanzado por la concejalía de Urbanismo, que dirige el edil Juan Giner, supone la cesión al promotor de los derechos de superficie de cuatros suelos de propiedad municipal en Nou Moles y Faitanar, que suman 5.109 metros cuadrados, y 27.466 metros cuadrado de techo para la construcción de 221 viviendas. Concretamente, dos terrenos están en la calle Brasil (70 y 40 viviendas); otro en la calle de la Pilota Valenciana (16); y el tercero se ubica en el sector de La Torre, antiguo Sociópolis, con capacidad para otras 95 unidades.
Con este proceso, el Ayuntamiento adjudicará la cesión de los derechos de superficie a la promotora para que construya en estos terrenos las viviendas, que obligatoriamente serán de protección pública. Así, el agente privado podrá explotarlas durante un período determinado de tiempo, que en este caso es de 65 años, con posibilidad de prórroga a 10 más. Una vez finalizado el plazo, los inmuebles pasan a manos del consistorio, que en todo momento es el propietario de las viviendas.
La licitación no exigía ningún canon a las empresas "con el fin de lograr la mayor concurrencia posible y obtener otras ventajas como la reducción del plazo, la presentación de proyectos de una mayor calidad arquitectónica o la mejora en el cumplimiento de criterios sociales", y prevé un beneficio de 155 millones a la compañía adjudicataria. Sin embargo, tras invitar a diferentes empresas, sólo concurrió la que es la única aspirante, Nuevas Tecnologías de Financiación.
Denuncia al Síndic y a Antifraude
La controversia se ha dado al conocerse, tras su publicación en eldiario.es, que la compañía está vinculada al marido de una diputada nacional del PP, Alma Alfonso, quien también ostenta un cargo en la junta directiva y el comité ejecutivo de los populares en la ciudad de València, que dirige la propia alcaldesa, María José Catalá.
Al respecto, el gobierno municipal aclaró que se ha tratado de "un concurso público y de libre concurrencia que cuenta con el aval de los técnicos" y que "durante 60 días se pudieron presentar todas las empresas interesadas en la adjudicación". Pero el portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, anunció este martes que llevarán al Síndic de Greuges y a la Agencia Antifraude "el pelotazo urbanístico de 155 millones".
El grupo municipal socialista señaló que esta parlamentaria, "además de definirse como amiga personal, ocupa un cargo en la ejecutiva" del PP "en la ciudad" de València, presidido por Catalá, y fue en su lista electoral para el consistorio, y que su marido fue además "exdirector general de Lubasa Inmobiliaria, una de las sociedades que financiaron ilegalmente al Partido Popular".
En su denuncia, los socialistas relatan que el Ayuntamiento ofreció participar no sólo a esta compañía sino también a otras como Urbemed Consultores, Acciona, Vielca Ingenieros, Merino y Terrasa, José Ignacio García Campa y asociados, y Raiz de 3. Al respecto, Sanjuán explicó que "esta empresa ni siquiera presentó ningún tipo de presupuesto para hacer ese estudio de viabilidad económica" pero finalmente fue la única en concurrir al concurso, por lo que consideró "raro que ninguna empresa promotora se interesara por ganar 155 millones de euros".
"¿No será -y es verdad que esto solamente es una opinión, una suposición, ha matizado- que había otras empresas que sabían que tenía nombres y apellidos esa adjudicación?", preguntó el portavoz socialista, quien aseguró que es "la explicación más lógica y racional".
El Plan de Vivienda
La cesión de los derechos de superficie es una de las vías contempladas en el bautizado como 'Plan + Vivienda', impulsado por el Ayuntamiento de València con el objetivo de aumentar en 1.000 viviendas las viviendas públicas y protegidas en la ciudad. Además, también se ha llevado a cabo la permuta de suelo municipal por viviendas ya construidas, a lo que hay que sumar la construcción directa por parte del Ayuntamiento -tanto por Aumsa como por la concejalía de Urbanismo- y la compra directa de inmuebles.
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, defendió este lunes que el gobierno local ha "puesto en marcha más de mil viviendas públicas", si bien unas 300 pertencen al plan de construcción de vivienda del gobierno anterior. Sin embargo, afeó al ejecutivo de Compromís y PSPV que sólo entregara 14 viviendas públicas. De esta manera, Giner quiso dejar claro la política de vivienda que se suma con el desbloqueo de "cerca de 15.000 viviendas en los diferentes planes urbanísticos que estaban paralizados durante 8 años del anterior gobierno de izquierdas".
