València no prevé regular el 'sharing' hasta después de elecciones

VALÈNCIA. Que los plazos en las administraciones locales son dilatados, es algo con lo que tienen que lidiar los concejales del Gobierno. Lo saben muy bien: los engranajes son muy lentos. Circunstancia que en el consistorio quieren cambiar por completo mediante la renovación de un funcionamiento interno que algún edil del Ejecutivo califica "del siglo XIX". Tal es la velocidad que, según ha podido saber este periódico, será difícil que las empresas de 'sharing' puedan implantarse en la ciudad hasta junio, como pronto. Incluso se ha llegado a hablar de septiembre.

Así se lo ha comunicado el área de Movilidad Sostenible a diferentes empresas del ramo en las conversaciones que han mantenido desde que finalizase el verano y se retomara la actividad en la maquinaria municipal. Los plazos con los que trabaja el área que encabeza Giuseppe Grezzi no contemplan que se pueda llegar a implantar el servicio de 'sharing' antes de la temporada estival de 2019. Los tiempos no parecen dar.

La pelota está ahora en el tejado de la delegación de Movilidad, que a principios de octubre presentó el borrador de la nueva ordenanza de Movilidad, que 'legaliza' el uso y circulación de los patinetes eléctricos, un mes después de que Lime desembarcara en la ciudad sin licencia. El borrador ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, así que deberá ratificarse en el pleno municipal.

Se abrirá después un período de exposición pública y de alegaciones de un mes como mínimo. Si no hay alegaciones, se entenderá como aprobada la ordenanza. Pero si se presentan, como se prevé que ocurra por la complejidad y el impacto de la nueva norma, el consistorio deberá estudiarlas y resolverlas para devolver el texto final al pleno y dar pie a su aprobación definitiva. Ahora bien, este es un primer paso que sí se prevé cumplimentar antes de los comicios de mayo.

Pero para la implantación de las compañías de vehículos compartidos -patinetes eléctricos, motos y coches- será necesaria una regulación específica, tal y como explicaron tanto Grezzi como el alcalde de la ciudad Joan Ribó, con el propósito de fijar las condiciones de este tipo de actividades económicas que se realizan en la vía pública. Entran en juego aquí otras dos concejalías: la de Espacio Público, que dirige Carlos Galiana; y la de Hacienda, que ostenta Ramón Vilar. Ambas encargadas de este cometido.

En una entrevista a Valencia Plaza, Galiana explicó detalladamente cuál es el procedimiento: "Lo primero que hemos de determinar es cuántos patinetes, bicicletas, motos y coches puede absorber la ciudad". Se refería el edil a un informe que está elaborando el área de Grezzi para conocer cuál es la capacidad de la ciudad en cuanto a este tipo de vehículos. Entonces, con estos datos en la mano, prosiguió Galiana, habrá que mirar cuántas peticiones por parte de las compañías hay. "Si caben 1.000 patinetes y hay 2.000 peticiones, tendremos que sacar un concurso público", ejemplificó.

Sin embargo, la forma con la que se había planteado la prestación de este servicio, al menos así se había hecho público, era a través de licencias o de concesiones. La posibilidad de sacar un concurso público no estaba contemplada, al menos en septiembre cuando esta cuestión fue motivo de debate, pese a que sus socios socialistas la pusieron sobre la mesa. Por el momento, todavía no se ha esclarecido la herramienta que se empleará, pero lo cierto es que un concurso público alargaría todavía más los plazos. Aún así, fuera cual fuera la fórmula, Galiana ya avisó durante la entrevista: "No es una cosa rápida".

La concejalía de Vilar, por su parte, deberá calcular la tasa -si es una autorización- o canon -si se hace mediante concesión- a cobrar a estas compañías por lucrarse en la vía pública. Esta, según cábalas que ha hecho el equipo de Hacienda, ascendería a 25 euros anuales por patinete, 60 por moto y 360 por coche. Cifras todas ellas susceptibles de cambiar, se esmeraron en subrayar en el área, a la espera de los datos que ofrezca Movilidad.

Con todo, las previsiones en Movilidad es que hasta junio, o incluso septiembre de 2019 no se puedan implantar los servicios de vehículos compartidos. Una fecha que va más allá de las elecciones municipales, cuando se tenga que conformar un nuevo ejecutivo local, quizá con nuevos equilibrios y un reparto diferente de las delegaciones, y quién sabe si con otros colores al frente.

Por ahora, la empresa de patinetes Lime ya está operando con un proyecto piloto en La Marina de València. También la empresa valenciana de coches compartidos CarGreen ha intentado poner en marcha un proyecto piloto con sus vehículos en la ciudad pero este, por su parte, sigue frenado por el Ayuntamiento.