València reserva 8,8 millones del ahorro municipal por posibles indemnizaciones a empresas por la covid

VALÈNCIA. Son aproximadamente 57 millones de euros los que se acumulan en los ahorros del Ayuntamiento de València del año pasado. Un dinero que este año, a diferencia de lo que se hizo el anterior, se destinará a reflotar organismos y empresas dependientes del consistorio, a realizar inversiones, y a gastos derivados de la pandemia de coronavirus. En total, cerca de 48 millones de euros se gastarán en estos menesteres.

Pero el gobierno municipal ha reservado el resto, unos 8,8 millones de euros, para otras necesidades financieras que puedan surgir, como por ejemplo las indemnizaciones que han reclamado diferentes concesionarias al Ayuntamiento con motivo del cierre durante el primer estado de alarma.

No será lo único a lo que se destine este resto, pero lo que está claro es que una parte de los ahorros del año 2020 se dirigirán a pagar estas indemnizaciones que ya estudia la concejalía de Hacienda, que dirige Borja Sanjuán. Las empresas que gestionan concesiones públicas tienen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico de su contrato al haberse obligadas a paralizar su actividad por el crecimiento descontrolado de contagios en la primavera del año pasado.

En este sentido, el Ayuntamiento, como el resto de instituciones, deberá hacer frente a estas compensaciones, reguladas en el Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes. En esta norma se especifica que en los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios, las operadoras podrán recibir esta indemnización de dos formas: o bien con la ampliación de la concesión hasta un 15% de la duración inicialmente prevista, o bien precibiendo una indemnización económica - bien perdonando a la firma parte del canon que está obligadao a pagar por el contrato, o bien abonándole una cuantía monetaria-.

La concejalía ya ha recibido diversas reclamaciones por parte de concesionarias del Ayuntamiento y se encuentra en fase de estudio pormenorizado para concluir cuál de las dos herramientas conviene más a la gestión municipal. Así, en algunos casos se entenderá más beneficioso para la administración la ampliación de la concesión, pero en otros podría interesar más la compensación económica. Por ejemplo, en aquellos en los que exista cierta urgencia por renovar el contrato para introducir mejoras en la prestación del servicio o el mantenimiento de las instalaciones y, por ende, no se quiera alargar más el contrato actual.

No son pocas las empresas que podrían estar en esta situación. No hay una cifra oficial pero se cuentan por varias decenas. Por ejemplo, podrían estar ene este listado las mercantiles que gestionan en este régimen los parkings de la ciudad o empresas como las que gestionan el Bioparc o La Rambleta. Con todo, no existe todavía una cuantificación aproximada del coste que tendrá para las arcas públicas, precisamente porque en algunos casos quizá se opte simplemente por alargar el contrato.

Por hacerse una ida, a principios de enero, el consistorio ya aprobó una primera indemnización. Se trataba de la empresa Martínez Centro de Gestión SL, que presta el servicio de colaboración en la gestión y el cobro de las multas de tráfico y de la ORA, y cuya compensación por la paralización de la actividad durante el primer estado de alarma ha ascendido a más de 270.000 euros -65.600 de marzo, 105.200 de abril y 105.400 de mayo-. Tras comprobar que todas las cuantías estaban justificadas, el consistorio procedió a pagar el montante total.

La normativa mencionada recoge que se deberá compensar tanto la pérdida de ingresos como el incremento de los costes soportados, donde también se considerarán los salarios que se hayan abonado de más respecto a la previsión inicial del contrato. Con todo, "solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos".