VALÈNCIA. La investigación sobre la presunta construcción ilegal de una piscina municipal de Alboraia ya ha recabado varios testimonios, entre ellos el del propio alcalde de la localidad, Miguel Chavarria. La instalación, impulsada por el Ayuntamiento de Alboraia, se llevó a cabo en una parcela del término municipal de València y que, según su Plan General, es suelo de huerta protegida. Según los testimonios recabados por el juez, estos terrenos estarían en proceso de segregación para incorporarlos al término de Alboraia.
A la postre, la controversia gira en torno a qué normas urbanísticas rigen, si las de un municipio u otro. Una cuestión relevante dado que el Plan General de Alboraia lo grafía como suelo urbano mientras que el de València, el que es de presumible aplicación, lo califica como suelo protegido no urbanizable. Y en ese sentido, el juzgado de Instrucción número 19 de Valencia también ha tomado declaración a un testigo importante: el arquitecto del despacho al que se encargó el proyecto.
Así pues, la declaración del técnico, a la que ha tenido acceso Plaza, señala que fue el propio Ayuntamiento de Alboraia el que les instó a seguir su planeamiento urbanístico y no el de València, si bien el proceso de segregación de la parcela no se había ejecutado. "El pliego del concurso dice que [la parcela] está bajo la jurisdicción urbanística de Alboraia. Cuando arrancamos el proyecto, detectamos que estaba en València y se le consultó al ayuntamiento, que nos dice que hay que seguir los pliegos y el planeamiento vigente [de Alboraia], que califica ese terreno como servicio dotacional público deportivo", explicó ante las preguntas de la acusación.
El propio arquitecto añadió tras las preguntas del juez que el propio Plan General de Alboraia tiene "una nota" referida a esta parcela según la cual este terreno "está en proceso de segregación de València a Alboraia". Así, explicó que, además del planeamiento urbanístico de la capital del Túria, este suelo "también está reflejado en el de Alboraia", por lo que, considera el arquitecto, "deberían haberse puesto de acuerdo" ambos consistorios.
- El alcalde de Alboraia, Miguel Chavarria.
Por otra parte, también el juez ha tomado declaración al un técnico del Ayuntamiento de València, el jefe de sección administrativa de Planeamiento, quien dejó claro en su comparecencia que las normas urbanísticas del Cap i Casal "no permiten" la construcción de esa piscina por la calificación del suelo y que "por supuesto se tiene que solicitar licencia" para materializar esas obras. Así, insistió en que "no constaba expedición de licencia" para dicha actuación".
Al respecto, el arquitecto expuso que, como el consistorio alborayense quiso regirse por su planeamiento, no era necesario que se pidiese licencia a sí mismo. "Nosotros redactamos el proyecto y ellos -el consistorio- lo aprueban, hacen un auditoría y elaboran un informe por si hay algún reparo", detalló en su intervención: "Verifican el proyecto igual que si fuera un proyecto privado, e informaron positivamente", respondió a preguntas del abogado del denunciante, Mateo Castellá.
Fue un particular el que presentó una querella hace casi dos años ante la Fiscalía e iba dirigida contra el alcalde del municipio de l'Horta Nord así como contra el alcalde de València en aquel momento, Joan Ribó, y las concejalas de Urbanismo de ambos consistorios, Ana Bru en el caso de Alboraia y Sandra Gómez en la capital -hoy eurodiputada, por lo que goza de aforamiento. El juez ha tomado declaración tanto al primer edil de Alboraia como al exconcejal de Hacienda de València, Borja Sanjuán.
Chavarría defendió, como publicó este diario, que la nueva infraestructura se erigió en una parcela en suelo municipal de Alboraia aunque por otra parte admitió que el consistorio paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de València. Según explicó, se inició desde finales de los 80 un proceso de segregación que no concluyó porque quedó en los cajones del Ayuntamiento de València: "No se produjo porque se dejó el expediente sin pronunciamiento expreso".
- Joan Ribó y Sandra Gómez. Foto: ESTRELLA JOVER
También fue llamado a declarar como testigo el secretario del área de Urbanismo de València, según el cual las parcelas en disputa "son parte del término municipal de València", por lo que "en teoría sí" debería haberse solicitado licencia para la construcción en estos terrenos. Aunque admitió que se encuentran en "una situación peculiar" porque "desde tiempo atrás ya se ubicarón allí construcciones por parte del Ayuntamiento de Alboraia" y porque estas parcelas "se encuentran pendientes de regularizar".
Además, el juez ha llamado al alcalde de València, Joan Ribó, a declarar como investigado, aceptando así la petición de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, personada como acusación popular y presidida por la exalcaldesa de Catarroja María Ángeles López. Representada por el letrado Víctor Soriano, la asociación consideraba "evidente" que tanto Ribó como la entonces edil de Ubanismo de València, Sandra Gómez, "conocieron la construcción de la piscina, por ser este un hecho notorio ampliamente difundido en los medios de comunicación y que aquélla se emplazaba en su término municipal, sin que para ello se hubiera obtenido título habilitante alguno".
En ese sentido, la asociación acusó a ambos porque, a su juicio, debieron incoar "un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística en el que se ordenara el derribo de lo ilegalmente construido" y un procedimiento sancionador. La acusación popular planteaba que Gómez pudiera declarar de forma voluntaria al ostentar la condición de aforada por ser ahora eurodiputada -no puede ser juzgada por un tribunal ordinario-, si bien el juez cree "oportuno esperar en cuanto a cualquier determinación a su respecto, a la realización de las demás diligencias de investigación en desarrollo".
