VALÈNCIA. La presunta construcción irregular de una piscina municipal del Ayuntamiento de Alboraia en suelo municipal de València amenaza con hacerse bola no sólo para el consistorio del municipio de l'Horta Nord sino también para el Cap i Casal, cuyo exalcalde, Joan Ribó, acaba de ser citado a declarar en calidad de investigado. El juez que instruye la causa ha aceptado su citación solicitada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, personada como acusación popular y presidida por la exalcaldesa de Catarroja María Ángeles López.

Así pues, el juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ha citado a declarar a Ribó como investigado el próximo 22 de julio al considerar que "la solicitud ha sido argumentada por la parte querellante", según el auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza.

En su petición, la mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, consideraba "evidente" que tanto el alcalde Ribó como la entonces edil de Ubanismo, Sandra Gómez, "conocieron la construcción de la piscina, por ser este un hecho notorio ampliamente difundido en los medios de comunicación y que aquélla se emplazaba en su término municipal, sin que para ello se hubiera obtenido título habilitante alguno", por lo que debieron incoar "un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística en el que se ordenara el derribo de lo ilegalmente construido" y un procedimiento sancionador.

La asociación planteaba que Gómez pudiera declarar de forma voluntaria al ostentar la condición de aforada por ser ahora eurodiputada -no puede ser juzgada por un tribunal ordinario-, si bien el juez cree "oportuno esperar en cuanto a cualquier determinación a su respecto, a la realización de las demás diligencias de investigación en desarrollo".

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo la lupa de la justicia por la presunta construcción ilegal de la piscina, impulsada desde 2022 por el Ayuntamiento de Alboraia en suelos de su propiedad ubicados en València. Según los testimonios recabados por el juez, estos terrenos estarían en proceso de segregación para incorporarlos al término municipal de Alboraia. Una cuestión relevante dado que el Plan General de este municipio lo grafía como suelo urbano mientras que el de València, el que es de presumible aplicación, lo califica como suelo protegido no urbanizable.

El nuevo equipamiento se trata de una piscina municipal descubierta cuyo coste ascendió a los 1,2 millones de euros y que contó con una subvención de la Diputación de València. Se ubica en linde con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero se habría levantado sobre unos terrenos no urbanizables, argícolas y calificados como huerta protegida.

Un particular denunció la nueva instalación ante Fiscalía y el juzgado de Instrucción 19 de Valencia abrió una investigación y citó a declarar el pasado mes de febrero al alcalde de Alboraia, Miguel Chavarria, que defendió ante el juez, como contó este diario, que la nueva infraestructura se erigió en una parcela en suelo municipal de Alboraia aunque por otra parte admitió que el consistorio paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de València.