VALÈNCIA. El balance anual del Síndic de Greuges no elude el episodio que marcó a la Comunitat Valenciana en 2024: la Dana del 29 de octubre. La institución que dirige Ángel Luna ha incorporado en su informe correspondiente a 2025 un análisis específico sobre la gestión de la catástrofe y sus consecuencias, al considerar que su impacto y las quejas recibidas durante el último año obligaban a abordarlo de forma monográfica.

Este informe especial, integrado en el balance anual, no se limita a evaluar daños o actuaciones puntuales, sino que plantea un diagnóstico más amplio sobre el funcionamiento de las entidades públicas en situaciones de emergencia. Y lo hace bajo la idea de que la falta de coordinación entre las administraciones fue uno de los principales problemas en la respuesta a la Dana. Para el síndic, la barrancada evidenció el "fracaso" de los mecanismos de cooperación institucional en un contexto de crisis. 

En particular, el informe señala la ausencia de colaboración entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana, una situación que no solo se produjo en los momentos más críticos, sino que se prolongó durante 2025, condicionando los trabajos de reconstrucción. Así, el síndic reprocha la "falta de colaboración, coordinación y cooperación" entre ambas instituciones y advierte de que la polarización política contribuyó a dificultar una respuesta conjunta. "No ha existido una mínima interlocución, en clave colaborativa, entre la Administración estatal y la Generalitat", insiste Luna, en línea con las conclusiones del documento.

En concreto, el informe describe una respuesta institucional fragmentada, sin una dirección operativa clara y con carencias en la planificación previa. La ausencia de protocolos eficaces y de una estrategia compartida derivó en actuaciones desiguales y, en ocasiones, "improvisadas" ante una emergencia de gran magnitud. Uno de los aspectos más significativos que recoge el análisis es cómo esa falta de coordinación terminó trasladando el peso de la respuesta al nivel más próximo a la ciudadanía: los ayuntamientos.

Los ayuntamientos asumieron funciones impropias

Según detalla el informe, fueron "los empleados públicos al servicio de las entidades locales" —desde trabajadores sociales hasta policías locales o personal técnico— quienes asumieron un papel central en los primeros momentos tras la barrancada. La proximidad con la población afectada les situó en primera línea, lo que les llevó a intervenir más allá de sus competencias formales. El documento señala que estos profesionales asumieron "de facto" funciones propias de la administración autonómica, en muchos casos sin el soporte ni el respaldo adecuado. La respuesta, por tanto, estuvo condicionada por la urgencia. 

Este escenario generó una fuerte presión sobre los municipios afectados, que tuvieron que dar respuesta a necesidades inmediatas sin contar con una estructura de coordinación clara. En la práctica, los ayuntamientos se convirtieron en el principal punto de referencia para la ciudadanía afectada, ya que canalizaron las peticiones de ayuda, organizaron recursos básicos y atendieron las incidencias derivadas de la emergencia. El informe del Síndic de Greuges recoge cómo, en distintos puntos de la provincia, los servicios municipales tuvieron que reorganizarse sobre la marcha "para hacer frente a situaciones de elevada complejidad". 

Sin embargo, esta capacidad de respuesta se desarrolló en un contexto de recursos limitados y sin directrices lo suficientemente definidas en las fases iniciales de la emergencia. La institución que dirige Ángel Luna reconoce el esfuerzo de estos empleados públicos, pero advierte de que este tipo de dinámicas no pueden sustituir a una planificación estructurada ni a una coordinación eficaz entre administraciones. A su juicio, lo ocurrido revela "carencias" en el diseño del sistema de respuesta ante crisis como la Dana del 29-O. 

Descoordinación interna en la Generalitat

Además, a la falta de cooperación entre administraciones se suma la fragmentación interna dentro de la propia Generalitat. El informe describe un funcionamiento en "compartimentos estancos", con distintos departamentos que actúan sin una integración suficiente, lo que dificultó la gestión global de la crisis. Una fragmentación que se hizo evidente, por ejemplo, en el plan del conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, que buscaba ceder funcionarios de la Generalitat a los ayuntamientos afectados para paliar la escasez de personal técnico y administrativo. Sin embargo, la iniciativa no pudo implementarse como estaba previsto: de los 82 empleados interesados en un inicio, solo unos pocos quedaron disponibles y las limitaciones del sistema de interinos hacían inviable su despliegue.

Esta doble descoordinación —externa e interna— contribuyó a generar un escenario en el que la respuesta institucional no logró articularse de forma ordenada. El documento también apunta a problemas de previsión y a la inexistencia de protocolos claros para afrontar una situación de estas características. Las consecuencias de este contexto no se limitaron a la fase de emergencia. El informe sostiene que la falta de coordinación institucional ha seguido afectando al proceso de reconstrucción a lo largo de 2025, ralentizando actuaciones y prolongando las dificultades de las personas afectadas. 

En este marco, Ángel Luna convocó una reunión de trabajo con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con el objetivo de abordar los problemas detectados. El encuentro concluyó con la apertura de una queja de oficio por parte del Defensor del Pueblo, dirigida tanto al Gobierno como al Consell, en la que se les instaba a activar mecanismos efectivos de colaboración. Entre ellos, la puesta en marcha de la Comisión Mixta de reconstrucción. No obstante, este órgano no se constituyó hasta el pasado mes de febrero, 15 meses después de la catástrofe, tras las reiteradas advertencias sobre la necesidad de coordinar la respuesta institucional.

Comarca y empresa

La Comisión Mixta de la Dana arranca 477 días después y clausura un año de tensión política Paula Picher

El informe concluye que la experiencia de la Dana pone de manifiesto la urgencia de reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones y de establecer protocolos claros que permitan actuar con mayor rapidez y eficacia en futuras emergencias. A juicio del síndic, lo ocurrido evidencia que, en ausencia de esa coordinación, cada administración actúa por su cuenta, lo que acaba generando respuestas desiguales y poco ordenadas. Además, esta situación termina trasladando el problema a la ciudadanía, que en muchos casos se ve obligada a recurrir a distintas administraciones para resolver cuestiones básicas. El documento advierte de que este tipo de disfunciones impacta especialmente en las personas más vulnerables y dificulta una atención efectiva en momentos de crisis.