VALÈNCIA. El Ministerio de Transportes ha expropiado tres casas en la calle Almassereta de Picanya, dos privadas y una de titularidad municipal, para construir dos nuevas pasarelas sobre el barranco del Poyo. La actuación forma parte del plan de reconstrucción de infraestructuras tras la Dana, pero ha generado una fuerte oposición entre los vecinos de esta zona, quienes cuestionan la necesidad de derribar tres viviendas para ejecutar un proyecto que, según denuncian, podría haberse resuelto sin afectar al patrimonio residencial del barrio.

Las viviendas afectadas corresponden a los números 17, 18 y 19 de la calle Almassereta, la más antigua del municipio. En ese entorno, se encontraba una pasarela peatonal que, durante décadas, ha permitido cruzar el barranco con normalidad. Pero, tras su desaparición durante la riada del 29 de octubre, se instaló una estructura provisional y ahora el Ministerio plantea levantar dos pasarelas. 

Una se destinará al uso compartido de peatones y ciclistas, mientras que la otra contará con una rampa en zigzag para facilitar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, carritos o sillas de ruedas. En la vivienda número 19, que pertenece al Ayuntamiento de Picanya, ya existen unas escaleras y una rampa con esa misma finalidad, pero el proyecto busca "modernizar y hacer más seguros los accesos". 

Sin embargo, esa intención no ha convencido a quienes han perdido su casa. Una de las vecinas afectadas, que residía en el número 18 de la calle Almassereta, lamenta que la solución adoptada sea tan radical: "Siempre ha habido una pasarela que funcionaba. No entendemos por qué ahora hay que tirar tres casas para hacer lo mismo, pero más grande".

"La parte abandonada del pueblo"

La vivienda de esta vecina se derribó el mismo día en que firmó el contrato de expropiación. Según relata a Valencia Plaza, el Ministerio ofreció a los propietarios asumir el coste de la demolición, que rozaba los 12.000 euros, como incentivo para agilizar el proceso. En su caso, explica que había llegado a un acuerdo económico con el alcalde, Josep Almenar, tras valorar que la vivienda, una casa del siglo XIX heredada de sus padres, había sido declarada en estado ruinoso.

A cambio, asegura que recibieron una compensación económica por el solar, pero no por el valor completo de la edificación. Pero, el malestar vecinal no se limita a esta intervención puntual. Siete meses después de la riada, el Ayuntamiento de Picanya decidió suspender las licencias de obra en las calles Almassereta y Baixada Realenc. 

La medida se justificó como una acción preventiva para revisar el planeamiento urbano ante futuras inundaciones, pero no se ofrecieron alternativas claras a los vecinos, ni soluciones de reubicación o reconstrucción de sus viviendas. Poco después, a través del Grupo Municipal de Compromís, los residentes supieron que el consistorio había adjudicado por 18.089 euros una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

Este cambio propone convertir el suelo residencial de l'Almassereta en una zona verde. Se trata de una de las cuatro áreas contempladas en el plan, pero la única que implica, de forma directa, la pérdida de viviendas. Esa recalificación ha reforzado la percepción de que las decisiones urbanísticas tomadas tras la Dana obedecen a un interés por reconfigurar el entorno sin contar con los vecinos.

"Siempre han considerado nuestra calle como la parte abandonada del pueblo", afirma esta vecina. Además, recuerda que, hasta hace muy poco, el entorno de la calle del Sol y el barranco carecía de mantenimiento, protección estructural o medidas antiinundación, a diferencia del otro margen del municipio, donde se concentran la iglesia, el ayuntamiento o el centro de salud.

6,3 millones para la reconstrucción de pasarelas en Paiporta y Picanya

En este contexto, cabe recordar que el Gobierno central ha destinado un total de 6,3 millones de euros a la reconstrucción de las pasarelas arrasadas por la Dana en este municipio, así como en Paiporta. De ese total, más de dos millones de euros se invertirán en la pasarela de Poeta Ángel González y cerca de 1,9 millones en la de María Cambrils, ambas situadas en Picanya.

Ambas contarán con plataformas de cinco metros de ancho, iluminación LED y diferenciación visual entre la zona peatonal y la ciclista. El diseño sigue las directrices de la Dirección General de Carreteras en materia de movilidad sostenible. Además de la reposición de las pasarelas, el plan contempla el ensanchamiento del cauce del barranco del Poyo en uno de sus puntos críticos.

En ese sentido, el alcalde de Picanya ya anunció la eliminación de un saliente que actuaba como cuello de botella durante episodios de lluvia intensos. También se preparan escolleras para reforzar la seguridad de los márgenes del cauce. A pesar de estas mejoras, los vecinos de l'Almassereta insisten en que se sienten "desprotegidos y desplazados" por un modelo de actuación que, a su juicio, no ha tenido en cuenta su arraigo, ni el valor histórico y familiar de las viviendas afectadas.

Algunas casas, aunque envejecidas, formaban parte del casco antiguo de Picanya y estaban en condiciones de ser restauradas. En cambio, otras se han demolido antes de agotarse todas las vías posibles de diálogo o alternativa urbanística. Por eso, el pasado mes de junio, los vecinos se movilizaron, pancarta en mano, para denunciar que se utiliza el pretexto de la riada para impulsar un proyecto urbano que desplace a los vecinos de l'Almassereta: "Queremos quedarnos en nuestras casas. Si son zonas inundables, que nos den un terreno elevado y nos construyan otra vivienda. Pero no nos borren del mapa".