VALÈNCIA. La reestructuración del Área de Cultura de la Diputación de Valencia sigue su curso. El intento de PSPV y Compromís por detener la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ha encallado este martes en un pleno extraordinario solicitado por ambos grupos con un único propósito: paralizar una reforma que consideran lesiva para la plantilla y el proyecto cultural de la institución. La mayoría que sustenta al gobierno provincial —formado por el PP y Ens Uneix— y los dos diputados de Vox han tumbado la moción, lo que despeja el camino para que la modificación continúe su tramitación. 

El debate político se ha producido tras meses de conflicto previo que ya había tensionado al área de Cultura. Desde el escándalo del pasado verano en el MuVIM, la Diputación empezó a anunciar cambios drásticos, si bien no fue hasta este mismo mes de febrero cuando ha trascendido que estos afectarían de manera integral al área y además con justificaciones que iban mucho más allá de lo planteado en un primer momento.

Tal y como ha informado este diario, el borrador de la nueva RPT ha encendido las alarmas entre la plantilla por la supresión de puestos técnicos y de coordinación en centros como el MuVIM, L’Etno, el Museu de Prehistòria o la Institució Alfons el Magnànim, así como por la integración de la Oficina Técnica de Restauración en el propio MuVIM, dentro de su redefinición como escaparate de la colección artística de la Diputación. Los sindicatos han alertado de la repercusión directa que tendrían estas decisiones en el funcionamiento cotidiano de los centros y en la continuidad de proyectos consolidados.

Las organizaciones sindicales también han denunciado despidos vinculados a la no convocatoria de plazas en el marco de la Ley Iceta, traslados forzosos y cambios de funciones realizados, según su versión, “de espaldas a la plantilla”. Tanto CCOO como UGT han advertido de la posible amortización de más de una quincena de vacantes y del traslado de trabajadores a departamentos ajenos al ámbito cultural, como Medio Ambiente, Recursos Humanos o el Museo Taurino.

Frente a las críticas de la oposición y los sindicatos, el equipo de gobierno ha sostenido desde el inicio que la reforma responde a una reorganización técnica orientada a reforzar el servicio a los municipios y corregir “asimetrías” acumuladas durante años. En una comparecencia hace apenas unos días, Vicent Mompó y Reme Mazzolari subrayaron que no se amortizarían plazas ocupadas, que el documento es “abierto” y que las modificaciones se han trabajado desde enero con responsables de los centros (una máxima que la oposición niega).

"Es una purga, no una mejora técnica"

La portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha abierto el turno de intervenciones defendiendo la legitimidad de la convocatoria. "No es un capricho de la oposición, es una obligación institucional", ha afirmado Gimeno y, en ese sentido, ha aludido a una RPT que "ha sido denunciada por la mayoría de los sindicatos y afecta a más del 15% del personal". Gimeno ha acusado al equipo de gobierno de impulsar una reestructuración que "erosiona los derechos de los trabajadores, debilita el área de Cultura y aumenta el control político sobre el funcionariado". 

A su juicio, no se trata de una modernización organizativa, como defienden desde la corporación provincial, sino de una "operación política" que, para la portavoz de Compromís, está orientada a "concentrar el poder" y reforzar la dependencia jerárquica de museos y centros culturales. "No es ordenar mejor, es controlar mejor", ha afirmado, para después calificar el proceso de "purga". Asimismo, Gimeno ha detallado que la propuesta elimina determinadas jefaturas, reordena servicios y contempla traslados que podrían situar a los profesionales en ámbitos ajenos a su experiencia. 

En la misma línea, la portavoz de Compromís ha cuestionado la justificación económica del nuevo organigrama y el coste de las jefaturas previstas. "La Diputación no es una empresa privada", ha subrayado Gimeno, quien también ha reclamado una "negociación real" con los sindicatos y un plan de ocupación previo. Además, ha propuesto una auditoría integral de Recursos Humanos (RRHH) para analizar el acceso y provisión de puestos en el resto de áreas de la corporación provincial.

Por su parte, el portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha defendido que no puede existir una política cultural sólida "sin profesionales respetados y libres en su ejercicio". Bielsa ha acusado al gobierno de la Diputación de actuar con "unilateralidad" y de plantear una RPT "a su medida", sin un diálogo efectivo con la plantilla ni los sindicatos. En su opinión, la reforma esconde una "caza de brujas" y una "desestabilización pura y dura" en el área de Cultura y en el MuVIM, al contemplar su transformación en un espacio museístico más genérico.

Por eso, el socialista ha reclamado paralizar dichos cambios, recuperar la negociación y garantizar de forma explícita la libertad creativa y expositiva en los espacios culturales que dependen de la corporación provincial. Bielsa ha finalizado sus intervenciones insistiendo en que el conflicto no es administrativo, sino de confianza y de método. "No dialogan, imponen", ha sentenciado.

Política cultural centrada en los municipios

En cambio, la vicepresidenta primera y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha justificado los cambios propuestos por la Diputación como una "actualización necesaria" desde el punto de vista organizativo. Enguix ha recordado que el Área de Cultura ha estado demasiado enfocada en la ciudad de València y no en los municipios de la provincia, por lo que la nueva estructura introduce un enfoque más comarcal, "en línea con la política cultural que llevamos reivindicando desde hace una década". 

De este modo, la portavoz de Ens Uneix ha rechazado que exista censura o "persecución ideológica" y ha asegurado que la remodelación responde a criterios de gestión técnica. Un argumento que ha utilizado para reivindicar que la Diputación debe destinar la mayor parte de sus recursos culturales a los pueblos, sobre todo a aquellos que carecen de programación propia, y ha defendido la legitimidad del gobierno para orientar la institución conforme al proyecto político que su grupo comparte con el PP. 

Por su parte, el portavoz de Vox, Sergio Pastor, ha centrado su intervención en la dimensión administrativa de la reforma. Pastor ha afeado a la oposición la convocatoria de este pleno, que, en su opinión, "pretende debatir contenidos culturales, no una reordenación estructural que busca despolitizar la organización interna de la Diputación". En ese sentido, el portavoz de Vox ha negado que la modificación de la RPT suponga una vulneración de los derechos laborales de la plantilla en esta área. 

Al contrario, Pastor ha afirmado que las infraestructuras culturales no pueden convertirse en "feudos inmutables": "Confundir una reorganización técnica con censura responde a un ejercicio retórico de la oposición". En el segundo turno de intervenciones, el portavoz de Vox ha acusado a PSPV y Compromís de focalizar el conflicto solo en Cultura por "interés político" y ha defendido que la RPT es una herramienta legítima para aplicar el programa que "democráticamente" ha surgido de las urnas electorales.

El PP defiende que la RPT corrige "disfunciones acumuladas"

La vicepresidenta segunda y responsable de Recursos Humanos, Reme Mazzolari, ha rechazado las acusaciones de los grupos de izquierda de "purga ideológica". Es más, Mazzolari ha defendido que la modificación responde a una necesidad técnica para corregir duplicidades y estructuras obsoletas acumuladas durante años.

Para explicarlo con mayor claridad, la diputada del PP ha mostrado un organigrama de Cultura "heredado de la etapa del PSPV y Compromís en la Diputación", en el que ha señalado que determinadas jefaturas asumen una parte limitada del personal de esta área.

Por otra parte, Mazzolari ha asegurado que sí existe una valoración económica del nuevo diseño organizativo —algo que le ha afeado la diputada de Compromís, Dolors Gimeno, en su intervención— y que la RPT no cuestiona la profesionalidad de los trabajadores, sino que pretende "clarificar competencias" y mejorar la prestación de servicios a los ayuntamientos.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha cerrado la sesión extraordinaria negando que exista una "caza de brujas" o cualquier control ideológico por parte de la institución en esta área. En ese sentido, Mompó ha apuntado que el gobierno tiene la obligación de revisar aquello que considera que no funciona.