VALÈNCIA. La reconstrucción tras la Dana da tímidos pasos en numerosos municipios valencianos. Si bien las ayudas económicas habilitadas por el Gobierno central han llegado y la mayoría de proyectos están aprobados, su ejecución se atasca en el nivel más cercano al ciudadano: los ayuntamientos. Allí, los técnicos trabajan al límite de su capacidad para sacar adelante expedientes que multiplican por cuatro su carga habitual, en un contexto normativo complejo y sin apenas refuerzo de personal.
"Las mismas manos gestionan licitaciones muy grandes", resume la presidenta del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL Valencia), María Escamilla, en declaraciones a Valencia Plaza. Lo cierto es que los fondos extraordinarios habilitados por el Gobierno central el pasado mes de enero, que incluyeron 1.700 millones de euros y a los que se sumaron 16.000 millones movilizados en tres reales decretos por el Consejo de Ministros, han chocado con una administración local desbordada por la burocracia.
"Tenemos dinero, pero no capacidad técnica. Y eso significa que el proceso de reconstrucción no depende solo del presupuesto, sino de las personas que deben tramitarlo", explica Escamilla. Los habilitados -secretarios, interventores y tesoreros- han asumido proyectos de una magnitud inédita, con los mismos procedimientos legales y recursos humanos.

- Obras de reconstrucción por la Dana en el barranco de Picanya. - Foto: KIKE TABERNER
En muchos casos, los departamentos de Urbanismo o Contratación están formados por una o dos personas que deben elaborar pliegos, revisar proyectos, emitir informes y fiscalizar gastos. "Un municipio acostumbrado a tramitar contratos menores de jardinería ahora debe licitar una obra hidráulica de millones de euros. La ley es la misma, pero el volumen es muy distinto", señala la presidenta de COSITAL Valencia.
Los alcaldes coinciden
Los alcaldes reconocen esa dificultad. Por ejemplo, el de Aldaia, uno de los municipios más afectados, evita marcar plazos para el final de la reconstrucción post-Dana. "Necesitaríamos una medida excepcional, en términos de apoyo técnico y humano. Con los recursos actuales, este proceso nos llevará tiempo y, siendo sincero, al pensarlo me asusta, porque realmente serán muchos años de trabajo", admitió el primer edil, Guillermo Luján, en una entrevista con este diario.
Otras localidades enfrentan obstáculos similares: cuentan con financiación, pero no con el músculo técnico suficiente para ejecutarla. "Tenemos un atasco en algunos departamentos porque, a parte del día a día normal, ahora se suma la reconstrucción. Lo que antes se hacía en pequeñas partes durante varias legislaturas, ahora hay que hacerlo todo a la vez, y eso puede durar entre cinco y siete años", prevé la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz.

- Varios técnicos junto a un vecino en la calle Almassereta de Picanya, muy afectada por la Dana. -
- Foto: KIKE TABERNER
Incluso, algunos ediles han pedido que se vuelva a reactivar el estado de emergencia para poder trabajar con más flexibilidad. "No tiene sentido que, después de todo lo que hemos pasado, nos obliguen a usar los mismos procedimientos que en una situación normal: la regla de gasto, las limitaciones para aumentar personal, los procesos de licitación pública… Todo eso nos mete en un laberinto desesperante", lamenta el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.
El problema, subraya Escamilla, no es coyuntural. "La administración local es la más cercana al vecino, pero también la más débil en medios humanos. Y cuando se produce una catástrofe como la Dana, esa debilidad se hace visible", lamenta la presidenta de COSITAL Valencia. Según el colegio de habilitados, la tasa de reposición y las restricciones presupuestarias han impedido que muchos consistorios refuercen sus plantillas en la última década.
De esto también ha alertado la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en las últimas semanas, cuya presidenta, Paqui Bartual, ha reclamado la eliminación de la tasa de reposición, ya que limita la contratación de nuevos empleados públicos y obliga a cubrir servicios esenciales mediante personal temporal.
Estructuras conjuntas de apoyo
Los efectos son visibles en el día a día. Los expedientes se acumulan en los registros, los plazos se estiran y las prioridades se reordenan en función de la capacidad del personal. "No se trata de falta de compromiso, sino de límites objetivos", insiste Escamilla. "El trabajo se hace, pero cada paso exige garantías y revisiones. Saltarse la legalidad no es una opción", asegura.
Por eso, la presidenta de COSITAL Valencia propone medidas estructurales para futuras emergencias. Entre ellas, un mecanismo de apoyo técnico provincial o autonómico que pueda desplegarse cuando los ayuntamientos queden desbordados. "Igual que existe una red de Protección Civil, debería existir una red de asistencia administrativa. No podemos improvisar equipos cada vez que ocurre una catástrofe", añade Escamilla.
Algunos municipios, como Carlet o Albal, han planteado fórmulas de cooperación técnica o han solicitado apoyo a la Diputación de Valencia para compartir personal especializado, aunque de momento esas estructuras conjuntas no se han formalizado.
Modernizar el sector público local
La falta de técnicos afecta también a la planificación. Algunos ayuntamientos se ven obligados a licitar por fases o a externalizar la redacción de proyectos, lo que encarece y ralentiza el proceso. "Antes de construir hay que tener un proyecto aprobado, y para eso hace falta un arquitecto o un ingeniero. Si el municipio no los tiene, debe contratarlos, y eso supone otro expediente", detalla Escamilla.

- Obras de reconstrucción por la Dana en el barranco de Picanya. -
- Foto: KIKE TABERNER
La situación ha despertado un debate interno sobre la modernización del sector público local. COSITAL Valencia reclama una reforma que adapte la normativa de contratación a los escenarios de emergencia, sin renunciar a la transparencia. "No se trata de eliminar controles, sino de simplificar procedimientos cuando hay circunstancias extraordinarias", explica.
Por ahora, los fondos siguen disponibles y los proyectos avanzan, aunque a distinto ritmo según la capacidad de cada ayuntamiento. La Dana ha dejado una huella indeleble en la fisonomía de los municipios, pero también en la administración local, donde la falta de medios ha demostrado ser un obstáculo tan serio como los propios daños materiales.