VALÈNCIA. La reconstrucción de la calle Almassereta de Picanya no pasa por levantar las casas donde estaban situadas —en paralelo al barranco del Poyo—, sino por cambiar su ubicación para que, si se repite una riada como la del 29 de octubre de 2024, el agua no alcance las mismas cotas. Por eso, la Modificación Puntual número 27 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Picanya busca organizar el frente residencial de esta vía, con el objetivo de rebajar en más de dos metros el nivel de inundación que sufrirían las futuras viviendas.

Ese es el eje del documento que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos del pleno municipal en la sesión del pasado 22 de enero y que, tras haberse publicado este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ya se pueden presentar alegaciones. Cabe recordar que la calle Almassereta fue una de las zonas más castigadas del municipio durante la Dana. El agua arrasó las primeras plantas de las 23 viviendas que conformaban la vía y, en algunos puntos, alcanzó cerca de cinco metros de altura.

La modificación aprobada parte de este diagnóstico. Según la memoria técnica, la solución que plantea el consistorio permitiría disminuir en más de dos metros el nivel de agua respecto al que se registró en octubre de 2024. Así, las futuras viviendas se ubicarían en una franja que, de acuerdo a la cartografía oficial, alcanzó un calado aproximado de 1,25 metros durante la riada. La diferencia es evidente si se compara con las cotas que soportó el frente más expuesto, donde el agua superó niveles que hicieron inhabitables las casas en esta calle. 

Aunque no se elimina el riesgo de inundación, el PGOU sí modifica su impacto directo sobre las viviendas y, para poder ejecutar ese cambio, se necesita alterar la ordenación territorial vigente. Por eso, la Modificación 27 se formula de forma expresa como una "actuación de reconstrucción del frente residencial afectado por la Dana" y cuenta con informes ambientales y territorial favorables, ya que no se aprecian afecciones significativas sobre el entorno. Sin embargo, tampoco supone un proyecto de obras concreto ni fija cómo se adjudicarán las futuras viviendas. Al contrario, este cambio en el PGOU de Picanya constituye el marco legal que permite reordenar el suelo. 

Además, la tramitación del plan está ligada a otra decisión que adoptó el Ayuntamiento de Picanya meses después de la catástrofe. En mayo de 2025, el pleno acordó suspender cualquier licencia de obra, edificación o cambio de uso en las calles de Almassereta y Baixada Realenc para poder revisar el PGOU en ambas zonas. La medida se fijó por un máximo de dos años y quedaba condicionada a que el nuevo planeamiento saliera a exposición pública antes de mayo de 2026. Al haberse publicado ya en el DOGV y encontrarse en dicha fase, la suspensión continúa vigente hasta completar los 24 meses previstos. Una vez finalizado ese plazo, no podrá repetirse la misma restricción en la zona antes de cinco años.

El temor de los vecinos de l'Almassereta

Mientras el procedimiento sigue su curso administrativo, los vecinos de l'Almassereta observan el proceso con cautela. Una de las principales inquietudes que han trasladado estos últimos meses es la falta de una alternativa habitacional clara. El temor a perder el uso residencial de la calle o a verse obligados a marcharse del municipio ha estado presente desde que se anunció la suspensión de licencias de obra en la zona. Precisamente, el consistorio defiende que la ordenación persigue lo contrario: mantener el carácter residencial de la calle, pero en condiciones más seguras.

La Modificación 27 no concreta todavía precios, régimen de propiedad ni plazos de reconstrucción, como tampoco valida proyectos ejecutivos. Lo que sí introduce es un cambio en la relación entre las viviendas y el riesgo de inundación. El frente residencial se desplaza para que, si el barranco vuelve a desbordarse como a finales de octubre de 2024, el agua quede al menos dos metros por debajo de las cotas que en aquel entonces arrasaron la calle.

Por otro lado, la modificación del PGOU ha sido redactada mediante contratos menores suscritos por el Ayuntamiento de Picanya como respuesta técnica urgente tras la dana. La redacción del documento se encargó a Proyectos de Actuaciones Urbanas, por un importe de 14.950 euros más IVA, mientras que el asesoramiento urbanístico y jurídico complementario se realizó a través de Leckman Urbanistas, con un contrato de 10.000 euros más IVA.

En estos trabajos han participado Blanca Marín y Vicent García Nebot, vinculados a Leckman Urbanistas, y Gerardo Roger Fernández, de Proyectos de Actuaciones Urbanas. Los tres han ocupado cargos directivos en la Generalitat Valenciana durante gobiernos presididos por el PSPV-PSOE y forman parte actualmente del grupo de expertos del Comisionado del Gobierno de España para la reconstrucción tras la Dana.