VALÈNCIA. La indignación crece entre los vecinos de Aldaia afectados por la Dana del 29 de octubre. A las dificultades propias de la rehabilitación de viviendas y locales, se suma el pago de una tasa urbanística del 1% sobre el presupuesto de ejecución material de las obras. Este tributo, necesario para obtener la correspondiente licencia municipal, no ha sido bonificado por el Ayuntamiento, a diferencia del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuya reducción alcanza el 95%.

Uno de los ejemplos que ilustra esta situación es el de Rafa Hoyo, portavoz de la Asociación de Afectados por la Dana de Aldaia y propietario de la Pastelería Selví, uno de los tantos comercios del municipio que quedó arrasado por las inundaciones. En su caso, la liquidación asciende a 414,90 euros para una obra presupuestada en algo más de 41.000 euros, según consta en el documento oficial del propio consistorio y al que ha tenido acceso Valencia Plaza.

"Nos dijeron que tanto el impuesto como las tasas estarían bonificados, pero no nos avisaron de esto", explica Hoyo. "Parece poco, pero cualquier reforma después de la Dana supera los 30.000 o 40.000 euros. Es una tasa que encarece aún más unas obras que no hacemos por gusto", añade. Por ese motivo, algunas personas han optado por declarar presupuestos más bajos para reducir el pago. "No te lo ponen fácil para hacerlo bien", lamenta el portavoz.

Cabe recordar que el cobro de esta tasa se produce en un momento en el que muchos vecinos aún no han podido finalizar las obras necesarias para recuperar la normalidad. Desde la asociación, recuerdan que la decisión de bonificar este tipo de tributos depende del Ayuntamiento. De hecho, aseguran que en otros municipios afectados por el mismo episodio de lluvias, como Benetússer o Alfafar, los vecinos han quedado exentos de este pago.

"El Ayuntamiento tendría capacidad para hacerlo, pero no lo ha hecho. Es lo que más rabia da", afirma Hoyo. Muchos vecinos, añade, optan por solicitar la licencia y asumir el coste por precaución. "Si no haces la obra con permiso, te arriesgas a que, en unos años, te hagan una inspección y te sancionen. No te dejan alternativa", señala Hoyo. Además, explica que esta tasa se exige para regularizar las reformas y que es necesaria, por ejemplo, para tramitar las ayudas de la Generalitat Valenciana, lo que complica todavía más la situación económica de los afectados.

El Ayuntamiento defiende que la tasa no puede bonificarse de forma selectiva

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Aldaia explican a este diario que la tasa por licencia urbanística no ha sido bonificada porque, a diferencia del ICIO, la normativa no permite discriminar entre contribuyentes afectados por la Dana y quienes no lo están.

"Si no se cobra a los damnificados, tampoco se podría aplicar a quienes soliciten una licencia por otros motivos, aunque no tengan relación con la riada", señalan fuentes municipales. Según trasladan, los técnicos de la Agencia Tributaria han advertido de posibles "problemas legales" si se aplicara una bonificación selectiva en este caso, ya que no está contemplada en la ordenanza fiscal vigente.

En cambio, sí fue posible aplicar una reducción del 95% al ICIO, ya que la ley lo permite de forma expresa. Respecto a las comparaciones con otros municipios de la 'zona cero', el consistorio sugiere que las bonificaciones aplicadas en localidades como Benetússer pueden deberse a ordenazas fiscales distintas a las de Aldaia.

Multas por aparcamiento ante la falta de garajes

A esta cuestión, se suma otra problemática. Desde la Dana, numerosos garajes comunitarios siguen inutilizados, lo que ha llevado a muchos residentes a aparcar en aceras o zonas no habilitadas. En las últimas semanas, varios vecinos han recibido sanciones de hasta 200 euros por estacionar en estos espacios.

En declaraciones recogidas por À Punt, varios afectados denunciaban la falta de alternativas y la ausencia de aviso previo. "Nos denunciaron a todos, creo que hubieran podido avisar", afirmaba una vecina. Otro residente señalaba que el vehículo sancionado estaba en un lugar "que no molestaba", mientras que otra vecina se preguntaba: "¿Qué vas a hacer con el coche cuando llegas de trabajar? ¿Dónde lo dejas?".

Por su parte, el inspector jefe de la Policía Local de Aldaia, David Lerma, defendió la actuación del cuerpo. "No podemos consentir que una persona tenga que bajar de la acera y que la atropellen porque otro ocupa todo el espacio", expresó. Según explicó Lerma, las denuncias se centran en pasos de peatones, zonas de carga y descarga, espacios reservados para personas con movilidad reducida y áreas infantiles.

No obstante, los vecinos consideran que estas sanciones no tienen en cuenta la situación excepcional que todavía atraviesa el municipio. "Muchas personas siguen sin poder acceder a sus garajes. Que la respuesta sea multar, sin alternativa ni comunicación, no ayuda", sostiene Hoyo.

Al respecto, el Ayuntamiento de Aldaia asegura que no ha existido ninguna directriz específica para sancionar o no y que los agentes de Policía Local actúan en función de su propio criterio. "No puedes dar instrucciones a un policía para que no multe ante una infracción", explican fuentes municipales. 

Además, recuerdan que, durante las primeras semanas tras la Dana, se actuó con sensibilidad, pero las multas actuales se limitan a infracciones que impiden de forma grave el paso de peatones. "Hay personas mayores, con sillas de ruedas o carritos, que también necesitan garantías para circular", afirman desde el consistorio, quienes también subrayan que reciben quejas de vecinos por la "falta de control" sobre estacionamientos indebidos.

Por otra parte, los afectados critican "la escasa interlocución" con el consistorio. Más allá de una reunión informativa que la asociación mantuvo meses atrás, su portavoz asegura que no se han convocado encuentros abiertos ni habilitado canales para trasladar dudas o propuestas. "La comunicación ha sido nula. La gente se va olvidando de lo que ha pasado, pero el problema sigue ahí", concluye Hoyo.