VALÈNCIA. El conflicto entre el taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) vuelve a intensificarse en la Comunitat Valenciana. Las principales asociaciones del sector han anunciado un calendario de movilizaciones tras meses (e incluso años, según denuncian) sin avances en sus reivindicaciones.

"Seguimos en el mismo sitio que hace unos meses y unos años", lamenta Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, quien advierte de que la situación ha llegado a un punto límite.

El comunicado conjunto difundido por las asociaciones confirma protestas semanales en Alicante, Castellón y Valencia. Las primeras concentraciones tendrán lugar el 29 de abril, el 7 de mayo y el 15 de mayo, en un pulso directo al Consell por lo que consideran una falta de medidas efectivas.

Una de las principales reivindicaciones del sector es que existe un claro desequilibrio en las condiciones de acceso a la actividad. Mientras que para obtener una licencia de taxi es necesario un concurso público municipal, justificar la necesidad del servicio y cumplir exigentes requisitos (con inversiones que pueden alcanzar los 160.000 euros en ciudades como Valencia), las VTC acceden al mercado con condiciones mucho más laxas. "Para una licencia de taxi te piden informes, exámenes de capacitación a los conductores, requisitos y un control exhaustivo. Ellos han encontrado huecos legales y están operando con menos exigencias", critica Del Molino.

Falta de control sobre las VTC

Una de las principales quejas del sector es el aumento constante de autorizaciones VTC sin ningún control. Según trasladan, actualmente habría más de 5.000 solicitudes en trámite, mientras que en el último año ya se han concedido más de 800 licencias en la Comunitat.

El problema, aseguran, no es solo cuantitativo, sino también de control. "En el pasado no se han revisado bien los requisitos: seguros sin vigor o vehículos con distintas matrículas para un mismo conductor", denuncia Del Molino. De hecho, el propio sector afirma haber detectado irregularidades que han permitido frenar algunos expedientes tras acceder a información mediante mecanismos de transparencia.

Sin embargo, critican que la Administración ha dejado de facilitar las resoluciones de concesión de forma sistemática. "Nos dicen que pidamos expediente por expediente, lo que en la práctica impide el control. Eso nos hace sospechar que algo no se está haciendo bien", añaden, señalando especialmente a la provincia de Alicante.

Servicios urbanos "ilegales"

Otro de los puntos clave del conflicto es el uso de autorizaciones VTC para realizar trayectos urbanos. El taxi sostiene que esto vulnera la normativa estatal, en concreto la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOT), que limita a estos vehículos a servicios interurbanos.

"El artículo 91 es claro: no pueden hacer servicios urbanos", subraya Del Molino. Aunque algunas sentencias han sido utilizadas por el sector VTC para justificar su actividad en ciudad, los taxistas aseguran que no son firmes y están recurridas ante el Tribunal Supremo.

Además, recuerdan que la normativa autonómica delega en los ayuntamientos la concesión de licencias urbanas, algo que (según indican) no se ha producido en ningún municipio. "Están operando con autorizaciones nacionales de forma fraudulenta", denuncian.

Más inspección y sanciones "ejemplarizantes"

Ante este escenario, el taxi reclama un refuerzo inmediato de la inspección. Consideran que existe falta de voluntad para aplicar la normativa vigente, pese a que, aseguran, hay herramientas legales suficientes para sancionar las irregularidades.

"Les multan, pagan y siguen trabajando", critican. Por ello, una de sus principales reivindicaciones es la creación de un régimen sancionador autonómico más duro que actúe como elemento disuasorio.

También piden mayor claridad competencial para evitar lo que describen como un "juego" entre administraciones del que, a su juicio, se están beneficiando las VTC.

Rechazo a que tengan licencias urbanas

El sector del taxi pide expresamente a la Conselleria que no conceda autorizaciones urbanas a las VTC. Argumentan que para ello serían necesarios informes favorables de todos los ayuntamientos, algo que consideran inviable en el contexto actual.

Además, denuncian un agravio comparativo en el acceso a las licencias. Mientras que una licencia de taxi puede costar entre 50.000 y 200.000 euros (alrededor de 160.000 en Valencia), una autorización VTC ronda los 30.000 o 40.000 euros, aunque su valor podría multiplicarse si se les permite operar en ciudad.

Tarifas y modelo de servicio

En paralelo, el taxi defiende su modelo tarifario regulado frente a la libertad de precios de las VTC. Critican que estas plataformas puedan modificar sus tarifas a diario y cuestionan que sean realmente más baratas.

"Dicen que lo son, pero es mentira. Pueden poner precios muy altos o muy bajos según les convenga", afirman.

El debate sobre el precio fijo también divide al sector. Mientras la Administración estudia posibles cambios, la Confederación de Taxistas Autónomos se muestra contraria: temen que publicar precios cerrados facilite que las VTC ajusten sus tarifas para competir directamente.

Más allá de las reivindicaciones concretas, el sector insiste en que el problema de fondo es la falta de regulación clara y de aplicación efectiva de la normativa existente.

"El taxi no quiere que las VTC hagan servicios urbanos, quiere que se dediquen sólo a servicios interurbanos, que es para lo que tienen licencia, pero que no actúen como taxis sin serlo", agrega el representante, que, además, sostiene que si otorgaran las mismas reglas de juego a las VTC y les otorgaran licencias para trayector urbanos, el valor de las licencias de VTC se dispararía de una manera fraudulenta. "Conseguirían multiplicar el valor de sus licencias habiendo entrado por la puerta de atrás. Si lo que quieren es actuar como taxis, que se metan al taxi con todas las exigencias que implica", indica.