VALÈNCIA. La jueza de la Dana ha citado a declarar como testigos a una remesa de nada más y nada menos que 39 personas. Se trata de agentes de diferentes organismos: agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente, de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y bomberos forestales del Consorcio Provincial de Bomberos. Una decisión que va dirigida a indagar las labores de vigilancia de barrancos y cauces que se realizaron el día de la Dana.
El grueso de los citados son agentes de la Conselleria de Medio Ambiente: un total de 21 agentes. Se han citado "atendiendo a los municipios asignados a los agentes o jefes de zona identificados": la demarcación forestal de Chelva, de Requena, del Llíria y de Polinyà de Xúquera y Alzira. Una de las herramientas con las que contaba el centro de coordinación de emergencias para vigilar barrancos eran estos agentes.
Los técnicos de Emergencias han señalado que la Medio Ambiente denegó estos medios el día antes de la catástrofe pero la Conselleria ha certificado que el día 29 de octubre puso a disposición sus medios mediante un escrito que se desconoce dónde acabó, pues los trabajadores de Protección Civil niegan que ese ofrecimiento llegara a la sala técnica.
Los agentes de la CHJ
Otra de las herramientas con las que contaba Emergencias era la de los agentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), según la cual tenía asignados al barranco del Poyo dos agentes que, sin embargo, acabaron su jornada antes de las 17h aquella tarde. El presidente del organismo, Miguel Polo, dijo este martes en el Senado que era la Generalitat Valenciana la que debía ordenar la movilización de los agentes para realizar tareas concretas.
La magistrada preguntó en su momento a la Confederación si había movilizado a sus agentes pero rechazó una de las diligencias solicitadas por una acusación particular, representada por el letrado Francisco Regalado Rojas, que pedía conocer quiénes eran esos agentes para más tarde pedir su comparecencia como testigos. Algo que, a juicio de la acusación, no tenía "sentido" y recurrió la decisión.
La Fiscalía se avino a los argumentos del abogado, y aunque recalcó que la competencia en la vigilancia de los barrancos era de la Generalitat Valenciana, sostuvo la "la utilidad total" de indagar también en los agentes movilizados de la CHJ para saber "qué información recabaron al realizar la vigilancia y a qué personas y/o organismos la proporcionaron".
Así pues, la Audencia Provincial revocó la decisión de la magistrada y compartió el criterio del Ministerio Fiscal al considerar "evidente que, pudiendo ser la información que puedan ofrecer los agentes medioambientales relevante, su identificación se hace precisa a fin de poder ser citados, en su caso, como testigos". Así pues, la acusación particular pidió la testifical de 15 agentes de la CHJ. Ahora la jueza cita a 10 agentes.
